La vulnerabilidad de la seguridad en los penales estatales quedó en evidencia este domingo, cuando el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció el traslado de 25 personas privadas de la libertad de cárceles de Michoacán a centros federales en Durango, Veracruz y Coahuila, al advertir que estos internos tenían capacidad económica para corromper al personal penitenciario y que su permanencia implicaba riesgos de reagrupamiento criminal, motines y actos de presión colectiva.
Sin embargo, la falta de confianza en los custodios para hacer frente a este tipo de perfiles no es un problema exclusivo de Michoacán. De acuerdo con el Informe Nacional de Transparencia sobre el Desarrollo de las Instituciones de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia y Penitenciarias 2025, ninguna entidad aprobó los ejes clave de evaluación del personal penitenciario: carrera policial, profesionalización y régimen disciplinario.
- El Dato: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, adelantó ayer que continuarán los traslados de reos desde penales estatales a federales de mayor seguridad.
El estudio, elaborado por Causa en Común, Igualdad Cero y Perteneces, Justicia e Igualdad, revela que los gobiernos estatales mantienen altos niveles de opacidad sobre la información básica del personal encargado de la seguridad en los centros penitenciarios, lo que impide conocer si existe personal suficiente y capacitado para garantizar el control de las cárceles.
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Según el documento, sólo 11 entidades proporcionaron información completa sobre el estado de fuerza de sus custodios. En contraste, 11 clasificaron los datos como reservados, cinco entregaron información incongruente o insuficiente, dos omitieron responder, otros dos no atendieron la solicitud y uno aseguró no contar con ella, lo que evidencia un patrón sistemático de opacidad institucional.
El estudio revela que uno de los principales problemas es que existen pocos instrumentos para impulsar la carrera de los policías que vigilan los penales. El diagnóstico explica que sólo en Ciudad de México, Nuevo León y Tamaulipas cuentan con lineamientos para regular los procedimientos de promoción del personal penitenciario y apenas cinco entidades disponen de un catálogo de puestos.
Además, únicamente dos estados realizaron promociones generales de grado, mientras que 80 por ciento de las entidades no cuenta con instrumentos del sistema de carrera registrados ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estos factores, explica el informe, merman la trayectoria de los elementos, quienes se enfrentan a la imposibilidad de crecer en el ámbito profesional.
En cuanto a profesionalización, el informe documenta deficiencias en los procesos de formación, capacitación continua y certificación. Explica que, aunque algunas entidades cuentan con infraestructura básica, persisten brechas en la actualización de conocimientos, protocolos de actuación y entrenamiento especializado, lo que limita la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.
Respecto al régimen disciplinario, advierte la ausencia de mecanismos efectivos de supervisión, prevención y sanción de conductas indebidas. En la mayoría de los estados no existen protocolos claros de inspección, análisis de faltas recurrentes ni procedimientos robustos de investigación interna, lo que debilita el control institucional y la rendición de cuentas.
En entrevista, el experto en seguridad David Saucedo identificó a los guardias penitenciarios como el punto crítico de un sistema fallido, pues son “el eslabón más débil” en la cadena penitenciaria, ya que carecen de prestaciones y salario competitivo, y esta precariedad los expone “a la presión, tanto de sus jefes superiores como de los internos”, ya que esta dinámica facilita la corrupción y el comercio ilegal interno.
“En muchas de las cárceles se comercializa el acceso a ciertos beneficios, desde una ducha caliente hasta telefonía celular y los custodios son quienes son facilitadores, incluso de la venta de drogas al interior”, dijo.
Saucedo subrayó la ausencia de un sistema de carrera que los proteja y profesionalice: “tienen una escasa capacitación, están sujetos a los recursos del poderío económico de los narcotraficantes”.
Luis Miguel Dena, presidente de Grupo BlackIND, analizó que se deben tener en cuenta las diferencias entre los penales federales y estatales, pues esto impacta en su personal.
“El sistema federal no presenta sobrepoblación, es decir, tenemos 73, casi 74 personas por cada 100 espacios; en gran contraste, los centros penitenciarios estatales sí presentan una saturación promedio de 107 a 108 por cada 100 espacios”, explicó Dena.
Reprochó que muchos de los custodios tienden a percibir sueldos precarios que los obligan a vivir en condiciones paupérrimas y los hacen presa del crimen: “Cualquiera puede ser sujeto de una infiltración por parte del crimen organizado, de una manipulación si no tenemos y respaldamos un sistema penitenciario fuerte y con capacidad de recapitular”.
Buscan modernizar el sistema carcelario
› Por Ángel Molina
AUTORIDADES FEDERALES y de los 32 estados establecieron 11 acuerdos para modernizar y fortalecer la política penitenciaria del país, lo anterior, en el marco de la Asamblea Plenaria Extraordinaria 2025 de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario.
El encuentro, presidido por Jacobo Rodríguez García, titular del Órgano de Prevención y Reinserción Social (PRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tuvo como eje el compromiso de trabajar de manera coordinada. Se acordó que el sistema penitenciario federal continuará apoyando a los estados en reinserción social, fortalecimiento institucional y atención coordinada de riesgos.
- El Tip: El titular de la SSC-CDMX, Pablo Vázquez, aseguró que el sistema penitenciario capitalino es el más robusto del país y no tiene problema de sobrepoblación.
En un comunicado, las autoridades informaron que se llegaron a diversos acuerdos como la modernización normativa, en la que se aprobó la actualización de los estatutos de la conferencia para adecuarlos a las demandas actuales en operación, seguridad y reinserción.
En materia de coordinación regional se designaron cinco nuevos coordinadores regionales (Noroeste, Noreste, Occidente, Centro y Sureste) para articular estrategias entre los estados.
Herramienta tecnológica: Se planteó implementar un sistema para realizar diagnósticos de riesgo en los centros penitenciarios estatales y apoyar el diseño de políticas públicas.
Derechos político-electorales: Se revisaron los avances en los protocolos para garantizar el trámite de la credencial para votar y el voto de personas privadas de la libertad y en prisión preventiva.
También se presentaron los lineamientos para el funcionamiento del Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP), clave para contar con datos confiables para la toma de decisiones.
Además, se reactivó el Comité de Adolescentes en Conflicto con la Ley, con el objetivo de impulsar modelos especializados de atención y reinserción.
La reunión contó con la participación virtual de los titulares penitenciarios de las 32 entidades, representantes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la CNDH.
