EL ASESINATO del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, no sólo generó un movimiento político de indignación por la violencia en la entidad y el país, sino que dejó al descubierto un problema aún más profundo relacionado con la inseguridad: el reclutamiento de menores de edad por el crimen organizado. El caso mostró, con crudeza, que este sector se encuentra entre los más vulnerables ante la violencia y la falta de protección institucional.
Fue la noche del 1 de noviembre, durante el baile de Las Velas, en plena celebración del Día de Muertos en el centro del municipio y entre cientos de personas, cuando un menor de 17 años se acercó al edil, que iba acompañado de su familia, y le disparó a quemarropa, a pesar de que contaba con dos filtros de escoltas federales y locales.
El atacante fue sometido por el equipo de seguridad del edil independiente, exmorenista y fundador de Movimiento del Sombrero y, minutos después, fue abatido presuntamente con la misma arma que utilizó para acabar con la vida de su víctima.
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La escena marcó un punto de quiebre sobre el papel que juegan los menores en las estructuras criminales, pues las autoridades revelaron que el joven y su acompañante habrían sido reclutados mientras permanecía en un centro de rehabilitación de adicciones donde fueron captados y adiestrados para integrarse al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según la organización civil Reinserta, en México al menos 250 mil adolescentes de entre 12 y 15 años están en riesgo de ser reclutados por grupos criminales, en entidades donde convergen factores como pobreza, deserción escolar, violencia comunitaria y ausencia de oportunidades.
Diversos estudios han documentado que los cárteles recurren a menores porque el Sistema de Justicia para Adolescentes contempla sanciones penales mínimas respecto a las aplicadas a los adultos, lo que reduce su riesgo operativo. A estos jóvenes se les asignan tareas de vigilancia y transporte de drogas, homicidios y ataques directos.
La indignación creció como pólvora, ya que el alcalde Manzo había denunciado a personajes del crimen organizado dedicados a la extorsión en la región y solicitado la intervención federal y estatal en la localidad. Además, su crimen ocurrió apenas días después de que Bernardo Bravo, líder limonero de Apatzingán fuera ultimado por denunciar la extorsión del gremio.
En los días consecutivos se registraron protestas de una gran variedad de sectores que se manifestaron en diversos puntos de la entidad con la exigencia de paz y justicia para el estado, algunas de ellas violentas.
En redes sociales la autodenominada Generación Z convocó a una marcha el 15 de noviembre en la CDMX. A decir del Gobierno federal, el llamado era de cuentas digitales desde el extranjero e impulsado y financiado por la oposición.
En la manifestación, el bloque negro se enfrentó con grupos policiacos que resguardaban Palacio Nacional y dejaron más de 120 heridos, la mayoría policías.
Las movilizaciones nacionales propiciaron que la Presidenta lanzara el Plan Michoacán por la paz y la justicia, en el cual se fortalecen y coordinan las fuerzas de los tres niveles de gobierno, se creó una fiscalía para la investigación de delitos de alto impacto, un sistema de alerta para presidentes municipales y el fortalecimiento de la denuncia anónima contra la extorsión.
Como parte de las acciones de esta estrategia, el 24 de noviembre, fue detenido Jaciel Antonio Herrera Torres, alias El Pelón, señalado como reclutador de los jóvenes resposables del homicidio de Manzo. Es acusado por las autoridades de los delitos de cohecho y contra la salud.
