El primer año de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum trajo consigo una notable estrategia de seguridad que marcó una distancia clara respecto al enfoque que el expresidente Andrés Manuel López Obrador adoptó en la materia. Pero a diferencia de otras administraciones, la gestión actual ha enfrentado un reto distinto; la presión de Estados Unidos (EU) para alinear el plan anticrimen con su política y visión.
El nuevo Gobierno se rige bajo la óptica del fortalecimiento a la inteligencia, la investigación y la ampliación de facultades de la Guardia Nacional (GN), además, adoptó una postura frontal contra la delincuencia organizada, una perspectiva distinta a la política de “abrazos, no balazos” implementada en 2018.
- El Dato: el gobierno de México fue insistente en acusar a jueces federales de ejecutar resoluciones indebidas que permitieron la liberación de decenas de delincuentes peligrosos.
Los datos revelan avances cuantificables con una disminución notable en diversos delitos de alto impacto: el promedio diario de homicidios dolosos, en lo que va del sexenio, presenta una reducción del 37 por ciento; feminicidio, 23; secuestro, 58, y robos con violencia, 49 por ciento.
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El único delito que no ha presentado una disminución ha sido el de extorsión, el cual ha sido reconocido por el propio Gobierno como el de mayor reto. Por ese motivo, en julio pasado lanzó la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, la cual incluye una reforma, ya aprobada en el Congreso de la Unión, para perseguir de oficio este delito.
A la par, se desarrollan operativos constantes para enfrentar al crimen organizado, al mermar la estructura de las organizaciones delictivas para capturar a objetivos prioritarios considerados generadores de violencia en distintas entidades.
Entre las detenciones más relevantes figuran las de Juan Carlos “N”, El Chavo Félix, yerno de Ismael El Mayo Zambada; Kevin Alonso “N”, El 200, jefe de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán; así como el abatimiento, el 24 de mayo, de Jorge Humberto “N”, El Perris, jefe de seguridad de Los Chapitos, y la recaptura de Zhi Dong Zhang, El Brother Wang, operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Sinaloa (CDS).
Hasta el 30 de noviembre, las autoridades federales han incautado mil 828 toneladas y cuatro millones 334 mil 836 pastillas de fentanilo, 158 mil 537 toneladas de metanfetaminas, 67 mil 875 toneladas de cocaína y han sido desmantelados mil 760 laboratorios clandestinos para la elaboración de droga sintética.
A pesar de los resultados de la estrategia puesta en marcha, el segundo gobierno morenista se ha enfrentado a uno de sus mayores desafíos: la relación con EU bajo la administración de Donald Trump, quien en diversas ocasiones ha criticado al Gobierno mexicano, al que ha acusado de estar “rendido” ante los cárteles de la droga, y ha denunciado reiteradamente que el fentanilo llega a su país desde China, México y Canadá.
Al asumir el poder, el 20 de enero, el republicano emitió una declaratoria de emergencia nacional y el envío de militares a su frontera sur, con el pretexto de frenar la entrada de droga y de ilegales “criminales”, al tiempo que anunció aranceles de 25 por ciento en febrero contra México y Canadá, debido a que considera que no actúan para frenar la entrada de droga y migrantes.
El 3 de febrero, la Presidenta Sheinbaum tuvo una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, en la que consiguió postergar un mes los gravámenes; a cambio, México aceptó reforzar la frontera norte con 10 mil elementos de la GN, mientras que EU se comprometió a trabajar para evitar el tráfico de armas hacia nuestro país.
De esta forma, dio inicio el Operativo Frontera Norte el 5 de febrero, con el cual, hasta la fecha, se ha logrado la detención de nueve mil 851 personas, así como el aseguramiento de siete mil armas de fuego y 115 mil kilos de droga, entre ellos, 560 kilogramos de fentanilo.
El 19 de febrero, EU fue más allá en su estrategia contra los grupos criminales, al declarar como “organizaciones terroristas extranjeras” a ocho cárteles de la droga, seis de los cuales son mexicanos: CDS, CJNG, Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana, medida que implica el bloqueo de sus activos económicos y les impide vincularse con otras empresas en su país. Aunado a ello, la posibilidad de atacarlos por la vía militar se ha mantenido constante.
En respuesta a la declaratoria de terroristas impuesta por EU, la Presidenta Sheinbaum envió al Congreso, el 20 de febrero, una reforma a los artículos 19 y 40 de la Constitución, que castiga cualquier forma de intervención en territorio nacional y a quien viole la soberanía, mientras que para tráfico de armas se impondrá la pena máxima establecida en la ley. Dicha enmienda fue avalada a la postre por el Congreso de la Unión.
En una acción sin precedentes, el 27 de febrero, el Gobierno de México entregó al de EU a 29 capos de alto perfil, entre ellos destaca Rafael Caro Quintero, señalado como autor del homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena, en 1985; los líderes fundadores de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales; Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, y Antonio Oseguera, Tony Montana, hermano de Nemesio Oseguera, líder del CJNG.
El Gobierno federal justificó la decisión con motivo de preservar la soberanía y la seguridad nacional, pues varios continuaban sus operaciones desde la cárcel. Además de que obtuvieron recursos legales para su liberación o para que fueran trasladados a prisiones de baja seguridad, e incluso, por casos de riesgo de fuga.
El 12 de agosto fueron entregados a EU otros 26 capos de alto nivel, entre ellos, Abigael González, líder de Los Cuinis y cuñado de El Mencho; el exlíder de La Familia Michoacana y los Caballeros Templarios, Servando Gómez, La Tuta, y Juan Carlos Félix, El Chavo Félix, yerno de El Mayo Zambada.
Hasta noviembre, se tenía el recuento de que nueve de los capos expulsados o extraditados desde México ya habían aceptado acuerdos de culpabilidad o estaban en vías de lograrlo con la justicia estadounidense, a cambio de reducir sus condenas y convertirse en testigos colaboradores.
A la par de estas acciones, el Gobierno nacional amplió las medidas de cooperación con la administración Trump. El 28 de marzo, la Presidenta recibió a la secretaria de Seguridad Nacional de EU, Kristi Noem, con quien abordó el tema del despliegue en la frontera norte y las acciones para frenar el flujo de drogas a esa nación.
El 4 de septiembre, el secretario de Estado, Marco Rubio, realizó en México una visita de Estado donde acordó con la Presidenta crear un grupo de alto nivel para enfrentar a los cárteles, el lavado de dinero y el huachicol, así como fortalecer la seguridad y protección fronteriza.
En dicho encuentro, el funcionario estadounidense destacó: “No hay ningún gobierno que esté cooperando más con nosotros que el Gobierno de México”.
A decir de analistas, el balance del primero año del actual gobierno en materia de seguridad no debe evaluarse únicamente por cifras oficiales, sino también por la presión ejercida desde EU, mediante amenazas arancelarias y económicas para conseguir los objetivos acordados.
