UNO DE LOS PRINCIPALES pendientes del Estado mexicano es la crisis de personas desaparecidas. El hallazgo del rancho Izaguirre, el 5 de marzo, le dio otro rumbo a la búsqueda de desaparecidos en Jalisco, al evidenciar la indolencia institucional que sufren miles de familias de personas desaparecidas, quienes dejan sus esperanzas enterradas entre estadísticas, fosas clandestinas y cuerpos sin identificar.
Ese día, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reveló la presencia, en este lugar, de más de 400 objetos que podrían estar relacionados con personas no localizadas o no identificadas, además de señalar el hallazgo de un crematorio clandestino donde, presumiblemente, incineraban a víctimas de reclutamiento forzado.
Luego de varias diligencias de las autoridades estatales y de que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajera la investigación, concluyeron que, aunque fueron encontrados restos humanos, el sitio era utilizado como centro de reclutamiento forzado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y no un crematorio clandestino, como acusó Guerreros Buscadores.
Confirman que sí es El Panu el asesinado en la Zona Rosa
- El Tip: En abril el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU anunció que llevaría el caso de México a la Asamblea General.
La FGR reveló diversas omisiones cometidas por la Fiscalía General de Justicia de Jalisco (FGJE), entre ellas, que en septiembre de 2024 el inmueble había sido asegurado por la Guardia Nacional (GN), donde arrestaron a 10 personas, rescató a dos secuestrados y encontró un cadáver.
Entre las irregularidades, están la falta de inspección, de rastreo de indicios y huellas e incumplir con el registro de evidencias. Además, la colusión de policías municipales de Tala, que fungían como reclutadores. La detención de Gregorio “N”, El Lastra, fue clave, pues detalló que las víctimas eran reclutadas con ofertas laborales engañosas difundidas en redes y quienes se resistían, eran asesinados o torturados.
Ante ello el Gobierno federal anunció reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y la Ley General de Población para crear un sistema nacional de identificación y registro de personas.
En abril, la Presidenta pidió al Congreso que pausara la dictaminación de las reformas para que la Secretaría de Gobernación (Segob) recopilara e integrara las demandas de organizaciones buscadoras a la enmienda, que fue aprobada por el legislativo. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, reporta más de 135 mil personas desaparecidas.
Los hechos reavivan la urgencia de que el Estado mejore sus capacidades de inteligencia e investigación que sirvan para alcanzar la justicia y seguridad en el país.
