La detención de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, abrió una de las investigaciones más complejas de los últimos años en el sureste del país: la presunta colusión entre altos exfuncionarios y La Barredora, un grupo criminal que se consolidó mediante extorsiones, cobro de piso, control territorial y presuntos pactos dentro de instituciones estratégicas del estado.
El caso exhibió cómo el crimen organizado consiguió operar durante años bajo un entramado de protección institucional que ahora comienza a desmoronarse.
- El Dato: La Barredora “se fracturó” en diciembre de 2023, surgiendo varios líderes, algunos se aliaron al CJNG, señaló en octubre de 2024 el entonces secretario de Seguridad de Tabasco.
Fue el pasado 12 de julio cuando el general Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30 Zona Militar, confirmó en entrevista con medios que desde enero había una orden de aprehensión activa contra el exmando policial, quien ese mismo día huyó del país hacia Panamá y luego a Brasil.
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Días después, la Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) sí investigaba los señalamientos contra el funcionario, que fue nombrado por el entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, quien fue secretario de Gobernación con Andrés Manuel López Obrador y actualmente es presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República.
De acuerdo con reportes periodísticos, durante su gestión, Bermúdez Requena posiblemente facilitó condiciones para que células de La Barredora actuaran con libertad en diversas zonas de Tabasco, pues su posición al frente de la seguridad del estado le permitía manipular operativos, designar mandos, gestionar recursos y decidir estrategias de patrullaje. Elementos que —según los avances del caso— pudieron ser utilizados para proteger a integrantes del grupo delictivo o garantizar su movilidad sin resistencia.
La Barredora, de acuerdo con medios de comunicación, se caracteriza por su estructura violenta, su capacidad de intimidación comunitaria y su control de actividades como extorsión, tráfico de drogas y operaciones en casas de seguridad.
Su expansión en el sureste fue posible no sólo por su fuerza operativa, sino por su acceso a información privilegiada y presunta protección institucional, factores que facilitaron cobros de piso, control de territorios estratégicos y desplazamiento de grupos rivales sin mayor intervención del Estado.
Fue el 12 de septiembre de este año cuando las autoridades de Paraguay, en colaboración de autoridades mexicanas, lograron la ubicación de Bermúdez Requena en su territorio. Unos días después, el 17 de septiembre, decidió expulsar al exmando policiaco debido a que ingresó al país de manera ilegal, lo que dio inicio a su proceso en México.
Pero su detención rebasó el hecho de un acto de corrupción y generó una reacción política que lastimó a la Cuarta Transformación.
Desde la oposición se pidió insistentemente la renuncia del líder parlamentario que nombró a Bermúdez Requena al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, lo que llevó a que Morena y la propia Presidenta defendieran al extitular de Gobernación, al descartar su salida del Senado y asegurar que será la FGR la que determine si hay alguna investigación en su contra.
Por su parte, Adán Agusto López Hernández ha dicho que cualquier irregularidad debe ser investigada y que está dispuesto a cooperar con las indagatorias; además, negó cualquier tipo de vínculo.
“Cuando fui gobernador nunca recibí un aviso, una notificación del actuar que ahora señalan en Bermúdez (...) nunca recibí, como gobernador o como secretario de Gobernación, un reporte, un informe”, declaró ante medios de comunicación.
Incluso, Sheinbaum Pardo aseguró que López Obrador solicitó la destitución de Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad en Tabasco, luego de que se tuvieron indicios de sus vínculos con el crimen organizado. Por su parte, Morena determinó la expulsión de sus filas del exmando policiaco.
Sin embargo, el desmantelamiento de esta presunta protección institucional provocó un reacomodo interno en la organización y abrió una ruta a nuevas indagatorias que podrían involucrar a exfuncionarios, mandos medios, policías y operadores locales.
No obstante, el impacto de la revelación es doble: por un lado, representa un avance en el combate a redes criminales que se fortalecen gracias a la corrupción; por otro, genera un vacío de poder que podría desencadenar violencia, reacomodos de células o intentos de reorganización criminal en busca de mantener sus operaciones.
Golpe de timón contra huachicol
Por Redacción
EL 7 DE SEPTIEMBRE de 2025, las autoridades federales, entre ellas la Marina, anunciaron la detención de 14 personas por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos en materia de hidrocarburos.
Entre los detenidos destacó el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán; en la lista también había otros marinos activos, en retiro, empresarios y exfuncionarios de aduanas.
Según los reportes, la red operaba con la manipulación de documentos en aduanas marítimas, como Tampico, Guaymas, Ensenada y Veracruz. Las detenciones derivaron del aseguramiento de 10 millones de litros de diésel ilegal en el puerto de Tampico, Tamaulipas, en marzo de 2025.
En el contexto de la ceremonia del desfile cívico militar del 16 de septiembre, el titular de la Marina, Raymundo Pedro Morales, destacó que la institución fue la responsable de dar “el golpe de timón” necesario para erradicar la corrupción de sus filas.