El domingo 1 de junio de 2025, México escribió un capítulo sin precedentes en su historia al realizar la primera elección de integrantes del Poder Judicial (PJ) mediante voto popular directo.
La ciudadanía acudió a las urnas para elegir a un total de 881 cargos, de los que nueve fueron ministros de la Corte. El resto, jueces de Distrito y magistrados de Circuito. Cerca de 13 millones de mexicanas y mexicanos salieron a votar, una cifra que representó aproximadamente 13 por ciento del padrón electoral.
La enmienda heredada del expresidente Andrés Manuel López Obrador estuvo marcada por una serie de irregularidades, entre acordeones, denuncias ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), errores en las listas de candidatos, bloqueos para promover la participación ciudadana, marchas, entre otras.
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- El Dato: El nuevo logo de la SCJN incorpora un bastón de mando, símbolo de autoridad y respeto cultural, junto al tradicional emblema, en línea con su enfoque hacia pluralidad e inclusión.
Una de las principales controversias fue el presupuesto limitado que se le otorgó al Instituto Nacional Electoral (INE), pues sólo les autorizaron 800 millones de pesos para realizar este proceso.
Los sorteos de los candidatos de los comités de evaluación se realizaron a través de tómbolas, en las que salieron sorteados algunos afines a la Cuarta Transformación. Ante la renuncia del Comité de Evaluación del Poder Judicial, el Senado asumió la selección de las candidaturas. Acto que la oposición calificó como una invasión de competencias y una ruptura de los filtros técnicos.
El 31 de marzo, las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz tomaron la delantera en el arranque de campañas, cuyos eventos fueron criticados por presuntamente usar recursos públicos, y donde hubo varias imágenes con personas de algunos partidos, templetes y auditorios abarrotados, acciones que estaban prohibidas.
- El Tip: Sheinbaum señaló que sería a principios de enero cuando presente al Congreso la reforma con las observaciones del pueblo.
Por mayoría de votos, nueve días después del arranque de campañas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló que los funcionarios de los tres Poderes de la Unión promovieran la elección judicial.
Este proceso vivió un oscuro momento, pues en los primeros días de abril el senador Gerardo Fernández Noroña reconoció que se detectaron casos de candidatos a cargos que han defendido a integrantes del crimen organizado. Es así como, llegada la quincena, el TEPJF aprobó cancelar la entrega de constancias de mayoría a los candidatos a los que se comprobara que mantenían vínculos con grupos delictivos o deudores alimentarios.
Una semana antes de la participación ciudadana aparecieron imágenes difundidas en redes sociales, donde supuestamente representantes de partidos políticos entregaron “acordeones electorales” que simulan el material oficial de votación utilizados para ensayar el sufragio a favor de ciertos candidatos.
- 881 cargos se renovaron con la reforma al Poder Judicial
La organización SomosMX denunció que la elección sería un “golpe de Estado técnico” que pondría en riesgo la independencia de los jueces y revivía prácticas fraudulentas que se creían superadas.
El día de la elección sirvió para que el expresidente Andrés Manuel López Obrador saliera de su retiro para emitir su voto y destacara el carácter histórico del ejercicio. Al cierre de la jornada, la FISEL reportó 23 denuncias formales y 968 llamadas ciudadanas, de las cuales 16 derivaron en investigaciones directas.
Por otra parte, la misión de observación electoral de la OEA emitió advertencias sobre deficiencias estructurales en el proceso, señalando retos en transparencia, comunicación con el electorado y los riesgos de politización de la justicia.
Las protestas contra la reforma judicial comenzaron antes de su aprobación legislativa, principalmente a partir de agosto de 2024, cuando trabajadores del PJ, asociaciones de abogados y académicos se movilizaron en distintas ciudades del país. Estas se mantuvieron activas en 2025, ya en la fase de implementación del nuevo modelo.
Durante los primeros meses del año realizaron manifestaciones, paros intermitentes y concentraciones públicas en diversas ciudades del país para rechazar la aplicación de la reforma y la elección por voto popular.
Las movilizaciones continuaron después del 1 de junio de 2025, cuando sectores críticos denunciaron la baja participación y los vicios del proceso. Ese mismo día se realizaron marchas y protestas, incluyendo concentraciones frente a la SCJN, en lo que los convocantes denominaron el “domingo negro”.
La toma de protesta de la nueva integración se realizó ante el Senado, conforme al nuevo marco constitucional, y estuvo acompañada de un evento simbólico con pueblos originarios, en el que los ministros recibieron bastones de mando, gesto que fue presentado como un reconocimiento a la pluralidad cultural.
A 100 días de su instalación, el máximo tribunal mostró cifras que marcan un quiebre radical con el pasado: resolvió dos mil 590 expedientes en sus primeros tres meses, retomó la atención ciudadana y eliminó privilegios millonarios, configurando un tribunal que su presidente define como “cercano al pueblo” y blindado ante presiones externas.
Además, redujo la integración del pleno de once a nueve integrantes y eliminó las dos salas que durante más de 30 años funcionaron como áreas especializadas.
El oaxaqueño Hugo Aguilar Ortiz se convirtió en el ministro presidente tras obtener seis millones 78 mil votos; es el segundo indígena en ocupar el cargo, pues el primero fue Benito Juárez.
La nueva integración de la Corte quedó conformada, además, por Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García y Sara Irene Herrerías Guerra.
Asimismo, tendrán un periodo de encargo de 12 años —tres menos que anteriormente— sin posibilidad de reelección; además, no tendrán haber de retiro o pensión vitalicia, como ocurría en el pasado.
Durante su primer informe de labores ante representantes de los tres Poderes de la Unión, Hugo Aguilar destacó un cambio radical en el funcionamiento: “Esta Corte no se inclina ante ninguna agenda ajena al marco constitucional. Su única lealtad es hacia la Constitución y hacia el pueblo”.
Entre septiembre y noviembre de 2025, la Corte resolvió dos mil 590 expedientes, de los cuales 663 fueron resueltos por el pleno, comparado con sólo 75 del mismo periodo en 2024, un promedio de 16.4 asuntos por sesión.
Desde su integración, todos los expedientes que antes se distribuían entre las salas comenzaron a concentrarse en el pleno que, con el fin de agilizar el trabajo, sesiona de lunes a jueves.
También se comenzaron a publicar todos los proyectos de sentencia al tiempo que la lista de sesiones. Anteriormente, la Corte sólo publicaba proyectos en casos excepcionales de gran relevancia y por acuerdo previo del pleno.
El ministro describió que, a su llegada, encontraron “una Corte lenta, anquilosada, ensimismada y podría decir que hasta soberbia”, y que en estos 100 días se ha instaurado “una nueva dinámica de trabajo” que ya comienza a mostrar resultados.
Enfatizó que la reapertura de las puertas al público generó “un incremento del mil 300 por ciento en la atención ciudadana”. Además, se reinstaló el Comité de Transparencia, luego de que estuviera “dos años y ocho meses sin funcionar”.
La SCJN retomó las audiencias públicas, una práctica que la anterior integración dejó de realizar hace más de 15 años. La decisión se tomó en agosto de 2025, cuando los nueve ministros electos acordaron crear un marco regulatorio para estas audiencias.
NUEVA LEY ELECTORAL, LA QUE VIENE
Por Tania Gómez
La Presidenta Claudia Sheinbaum presentará en enero de 2026 una iniciativa de reforma electoral que promete transformar aspectos fundamentales del sistema político, con énfasis en reducir costos, eliminar figuras de representación y cambios estructurales a las instituciones electorales.
Para encabezar este proyecto se creó en agosto la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que tiene el mandato de realizar un diagnóstico profundo del modelo electoral vigente y elaborar propuestas que, según el Gobierno federal, que coloquen en el centro la democracia y la voluntad del pueblo.
Desde su instalación el 11 de agosto, se han realizado foros de consulta en todo el país. Las conclusiones de este proceso participativo serán entregadas a la mandataria en enero para su análisis y posterior presentación legislativa.
Los ejes centrales de la reforma apuntan hacia la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, que actualmente reciben más de 15 mil millones de pesos anuales, así como la disminución del costo operativo de las elecciones, la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y la eliminación de los legisladores plurinominales.
Sheinbaum ha reiterado públicamente que el INE se mantendrá como organismo autónomo.
