Y hablando de Veracruz, aunque, como bien se vio, la gobernadora Rocío Nahle tuvo que bajarle tres rayitas a su escalada contra el periodista Rafael León, cuya acusación por terrorismo desde la Fiscalía de esa entidad apoyó con vehemencia, se comenta que la mandataria estatal nomás no quiere soltarlo. Y es que ayer, la fiscal general de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez, vista por muchos como alfil de la gobernadora, si bien ya no insistió con aquel cuento del terrorismo –que, por cierto, también fue rechazado por la Presidenta Claudia Sheinbaum–, sí justificó que el comunicador debe estar un año en prisión domiciliaria por los delitos de “encubrimiento por favorecimiento y en contra de las instituciones de seguridad pública”, un señalamiento que, a decir de León y organizaciones civiles, estigmatiza su labor periodística, pues después de muchos años mantiene contactos con las corporaciones policiacas y con sus seguidores, quienes le avisan cuando hay algún suceso y acude rápidamente, lo que, dijo él, incomoda a las autoridades y, en particular, a la Fiscalía local.
