Son los mismos rostros con diferentes siglas. Dirigentes del Partido Encuentro Social (PES) —que perdió su registro dos veces por falta de votos y recibió más de mil 144 millones de pesos en recursos públicos entre 2015 y 2021— encabezan ahora la carrera por crear un nuevo partido político que les garantizaría acceso al reparto de una bolsa de más de siete mil millones de pesos. El reciclaje político está en marcha hacia 2026.
En la recta final del proceso de creación de partidos políticos, sólo dos de 89 asociaciones interesadas siguen en pie. Y ambas tienen algo en común: son el regreso de actores políticos que ya perdieron el registro tras ser rechazados por el electorado, pero que vuelven a la carga atraídos por los recursos públicos que garantiza convertirse en partido político.
- El Dato: Somos México tenía programadas al menos 33 asambleas en diciembre para tener un colchón extra por si la autoridad electoral llega a detectar alguna irregularidad en alguna.
En juego está una bolsa de siete mil 354 millones de pesos anuales, cifra que se destinó en 2025 a los seis partidos políticos con registro nacional para desarrollar sus actividades permanentes, campañas electorales y tareas de educación y capacitación política. Un negocio demasiado tentador para dejarlo ir.
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La organización Construyendo Sociedades de Paz A.C. (CSP) lidera la carrera por obtener el registro. Detrás de ella están los mismos exdirigentes del PES y su sucesor, Encuentro Solidario, ambos vinculados a grupos evangélicos.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE), con corte al 21 de diciembre, la agrupación suma 276 asambleas celebradas —76 más de las 200 requeridas— y acumula 197 mil 705 afiliaciones de las 256 mil 030 que establece la ley como requisito mínimo. La fecha límite para cumplir con ambos requisitos es el 15 de enero de 2026.
Hugo Eric Flores, fundador y exdirigente nacional del PES, hoy diputado federal por Morena, figura entre los promotores principales de esta organización. Lo acompañan Armando González Escoto, expresidente del PES en la Ciudad de México, quien ahora funge como representante legal, y Edith Carolina Anda González, diputada federal suplente de Flores Cervantes.
De lograr el registro, ésta sería la tercera ocasión en que figuras vinculadas al mismo bloque político-religioso consolidan un partido nacional con acceso a prerrogativas millonarias.
La historia se repite: el Partido Encuentro Social obtuvo su primer registro nacional en el 2014 y lo perdió en 2018 por no alcanzar el tres por ciento de la votación del electorado. Lo recuperó en 2020 bajo el nombre de Encuentro Solidario y volvió a perderlo en 2024 por la misma razón. Ahora busca renacer con otro nombre y otra estructura, aunque con los mismos rostros.
Una revisión realizada por La Razón a registros del INE sobre los recursos otorgados al extinto PES entre 2015 y 2018, y luego en 2021 cuando obtuvo nuevamente el registro, arroja una suma de mil 144 millones 739 mil 984 pesos en prerrogativas públicas.
Ese dinero se destinó a actividades partidistas durante periodos en los que, finalmente, no lograron convencer al electorado. Perdieron el registro, pero no los recursos ya ejercidos.
En segundo lugar, avanza la organización Personas Sumando en 2025, A.C., conformada por exfuncionarios electorales y representantes partidistas que pretende formar el partido Somos México. Dicha organización suma 217 asambleas celebradas y 148 mil 384 afiliados, aún lejos de los 256 mil 030 necesarios.
Sus promotores principales son Carlos Alberto Ferrer Silva, exfuncionario del INE, y Julio César Cisneros Domínguez, exrepresentante del PRD ante el instituto. Sin embargo, la figura más destacada es Guadalupe Acosta Naranjo, experredista y uno de los principales voceros de la “Marea Rosa”, el movimiento ciudadano que emergió en 2023 e impulsó la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez Ruiz.
Su participación representa la paradoja del sistema mexicano: un movimiento que se presentó como alternativa ciudadana ahora busca insertarse en la misma lógica de partidos tradicionales y acceso a prerrogativas.
Fernando Dworak, analista político, evaluó el actual modelo para la formación de nuevas fuerzas políticas: “Tenemos unas reglas para la creación de partidos políticos que no abonan a la pluralidad. Lo único que acabas fomentando es que se creen partidos no para competir, sino para gozar de los recursos públicos a los que tienen derecho para su operación y que se les conoce como prerrogativas. Y eso, en términos de economía, se llama oligopolio”.
Asimismo, el especialista explicó que el sistema genera barreras de entrada muy altas para nuevos actores, mientras mantiene requisitos de permanencia extraordinariamente bajos. Una fórmula que debería invertirse.
“Debería ser muy fácil registrar un partido político, pero muy difícil mantenerse. Si un partido quiere acceder a recursos públicos, ahí sí comenzaría a jugar con el umbral de representación. Me iría por tener un cuatro por ciento de votación para acceder a recursos públicos y un cinco por ciento para acceder a asientos. Pero podrías conservar tu registro con un dos por ciento”, propone Dworak.
Por su parte, David Torres, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), coincidió con Fernando Dworak: el procedimiento actual beneficia a organizaciones que ya cuentan con maquinaria territorial o apoyos consolidados, elevando barreras para proyectos genuinamente ciudadanos.
“Este diseño termina favoreciendo la continuidad de los mismos grupos de poder, que reaparecen bajo nuevas siglas, y limita la posibilidad de una renovación real del sistema de partidos”, señala.
Ambos especialistas refieren que la complejidad de los requisitos hace prácticamente imposible cumplirlos de manera transparente, lo que abre la puerta a prácticas irregulares.
“Hemos llegado a ver que se utilizan acarreados, rifas de electrodomésticos, afiliaciones masivas de carácter cuasi corporativista. Esto está premiando solamente a personas que ya conocen esos entramados y tienen acceso a este tipo de recursos que no necesariamente son legales”, advirtió Dworak.
Mientras que David Torres añadió: “Para ciudadanos comunes y corrientes resulta imposible contar con organización territorial, recursos para movilizarse y cumplir detalladamente con una serie de requisitos documentales que exige la ley. Todo esto limita la generación de perfiles verdaderamente nuevos”.
Según datos del INE, de las 89 organizaciones que iniciaron el proceso de registro, 87 han desistido o no cumplieron con los requisitos mínimos. Sólo aquellas con experiencia previa en la estructura partidista y acceso a redes consolidadas permanecen en la contienda.
El año 2026 será la prueba de fuego. Las mismas caras que los votantes rechazaron podrían volver a la boleta electoral, pero esta vez con nuevos nombres, nuevos colores y nuevos discursos.
La pregunta que deberá responder la ciudadanía, de acuerdo con los expertos, va más allá del voto: ¿hasta cuándo seguiremos financiando el mismo espectáculo político con diferente vestuario?
Además, coinciden en que la reforma electoral que se discutirá en las próximas semanas en el Congreso —y de la que aún se desconoce su contenido— podría cerrar esta puerta giratoria elevando los umbrales de permanencia o modificando los requisitos de acceso a prerrogativas.
O podría abrirla aún más, perpetuando un sistema donde perder el registro no significa perder el negocio: basta con cambiar de siglas y volver a empezar.
