La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldó por unanimidad la política educativa que otorga preferencia a egresados de escuelas normales públicas para acceder a plazas de maestros en educación básica y media superior, al declarar constitucionales los mecanismos de admisión establecidos en la reforma educativa de 2019.
El máximo tribunal rechazó los argumentos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que cuestionaban esta medida por considerar que violaba el principio de igualdad.
El Pleno de la Corte validó los artículos 35, 39, 40, 44 y 64 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM), reformados durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
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Los ministros determinaron que otorgar prioridad a normalistas no representa una discriminación, sino una estrategia legítima para fortalecer las instituciones formadoras de docentes.
“La medida de priorizar a los egresados de dichas instituciones es idónea, pues guarda relación instrumental con esa finalidad al insertarse en la estrategia nacional de mejora de las escuelas normales y en la política de revalorización del magisterio”, argumentó el ministro ponente Irving Espinosa.
El caso llegó al alto tribunal mediante una acción de inconstitucionalidad promovida en octubre de 2019 por la CNDH, entonces encabezada por Luis Raúl González Pérez.
El organismo acusó que la reforma delegaba excesivamente facultades a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que el trato preferente a egresados de normales públicas, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y los Centros de Atención Múltiple (CAM) vulneraba la igualdad de oportunidades en el acceso al servicio docente.
Sin embargo, los ministros consideraron infundados estos argumentos. Espinosa Betanzo sostuvo que la reforma se ajusta plenamente al artículo 3º constitucional y aplicó un “test de igualdad de escrutinio ordinario”, concluyendo que la norma no establece una “distinción sospechosa” ni discriminatoria.
El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, incluso solicitó dar mayor énfasis en la sentencia final a esta preferencia por normalistas.
“Preferencia no quiere decir exclusividad”, aclaró el ministro, quien justificó que en años recientes la política pública educativa del país ha buscado crear modelos que atendan la pluriculturalidad, citando como ejemplos las universidades interculturales y la Universidad de las Lenguas Indígenas.
La ministra Lenia Batres señaló que la reforma educativa de 2019 estableció la obligación del Ejecutivo federal de definir una estrategia nacional de mejora de las escuelas normales, por lo que “otorgar prioridad a las y los egresados de las instituciones públicas de formación docente es congruente con el mandato constitucional”.
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LMCT
