El periodista Carlos Leonardo Ramírez Castro, asesinado la noche del jueves en el municipio de Poza Rica, Veracruz, había contado con medidas de protección durante 2024, las cuales dejaron de estar vigentes tras su salida temporal de la entidad, señaló la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez.
En conferencia de prensa presidencial, tras lamentar el crimen, la funcionaria federal señaló que el informador, de 26 años de edad y quien había denunciado amenazas derivadas de su labor periodística, estaba incorporado al mecanismo estatal de protección.
“Efectivamente, esta persona tenía en el 2024 medidas de protección de parte del mecanismo estatal de protección a periodistas. Él abandonó las medidas, digamos, porque se fue del estado, abandonó su domicilio, se fue un tiempo y regresó y ya no hubo una solicitud sobre eso”, explicó Rodríguez Vázquez.
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Subrayó que tras el homicidio, los mecanismos de protección federal y estatal activaron acciones de coordinación para acompañar a los familiares de la víctima y coadyuvar en las investigaciones, a fin de evitar la impunidad.
“El mecanismo federal y el mecanismo estatal están ahora en coordinación con la familia y con sus compañeros, en coadyuvancia con la Fiscalía del Estado, para que este crimen no quede impune”, afirmó.
Añadió que el Gobierno federal se mantiene atento al avance de las indagatorias, mientras que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que la dependencia a su cargo brindará apoyo a la Fiscalía estatal para dar con los responsables.
Por separado, la titular de la Fiscal General del Estado (FGE), Lisbeth Jiménez Aguirre, informó que luego de los hechos, ocurridos en un restaurante en el municipio de Poza Rica, la Fiscalía Regional Tuxpan inició una carpeta de investigación correspondiente. A la par, se inició una carpeta de investigación en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y Contra la Libertad de Expresión.
“La FGE precisa que no se descarta ninguna línea de investigación y que las indagatorias se desarrollan con apego a la legalidad, al debido proceso y al respeto de los derechos humanos”, enfatizó, al tiempo que garantizó que en este caso no habrá impunidad.
Ramírez Castro, especializado en nota roja y propietario del medio Código Norte Veracruz, fue asesinado de al menos 16 balazos mientras cenaba en un negocio de comida propiedad de su familia en la colonia Cazones.
El crimen generó pronunciamientos de diversas agrupaciones periodísticas para exigir justicia. La Asociación Internacional de Radiodifusión señaló que el crimen “pone nuevamente en evidencia la situación de extrema vulnerabilidad en la que ejercen su labor los periodistas en amplias zonas de México”.
Artículo 19 exigió a la Fiscalía de Veracruz coordinar con la FEADLE de la FGR una investigación diligente y expedita tomando como línea de investigación la labor periodística de la víctima.
El Comité para la Protección de los Periodistas, capítulo Américas, llamó al Gobierno a redoblar esfuerzos para llevar a los responsables a la justicia; Reporteros sin Fronteras pidió que una investigación con “rigor y total transparencia”.
También se manifestaron la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra los Periodistas, Asociación de Periodistas del Estado de Veracruz, Unión de Periodistas de la Huasteca y Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos, entre otros.
