La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que exista alguna investigación contra el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, o el actual titular, Raymundo Morales, tras darse a conocer que ambos sostuvieron una reunión con el contralmirante Fernando Guerrero, asesinado el año pasado en Colima, y quien en su momento fue vinculado con la red de huachicol fiscal.
Claudia Sheinbaum Pardo comentó en su conferencia de prensa en Palacio Nacional. que sólo hay una línea de investigación respecto al trasiego ilícito de combustible.
“No, no hay líneas de investigación contra el secretario y está abierta toda una línea de investigación relacionada con el llamado huachicol fiscal o el contrabando de combustible”, dijo.
Claudia Sheinbaum Pardo comentó que aún están pendientes algunas capturas de elementos navales que también se encuentran involucrados en el caso.
“Hay todavía detenciones pendientes, hubo detenciones de algunos miembros de Marina, como ustedes saben, eh que el propio almirante denunció en su momento y eh y sigue la investigación en la Fiscalía General de la República y hay que pues esperar a que continúe y que dé la información a la Fiscalía”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este jueves en Palacio Nacional.
Claudia Sheinbaum Pardo ratificó que hay empresarios estadounidenses que forman parte de esta red, entre los que se encuentra la familia Jensen, por los que ya se ha solicitado la extradición.
“Sí, son empresarios que se dedicaban a ser parte pues de la entrada de combustible sin pagar impuestos a México y hay solicitud de extradición de algunos empresarios y es la fiscalía pues quien tiene que darle información si es que así se puede en el marco de la investigación de los nombres de estos empresarios”, dijo.
A pregunta expresa sobre si los empresarios referidos son los Jensen, la mandataria federal afirmó “entre otros”.
Los involucrados referidos en la red criminal son James Lael Jensen y su hijo, Maxwell Sterling Jensen, de 68 y 25 años de edad, quienes están acusados formal mente desde mayo pasado por el Departamento de Justicia de EU (DOJ por sus siglas en inglés) de servir al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Sobre el impacto económico de este delito, cuya estimación inicial es de 600 mil millones de pesos, mencionó que en colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) continúa en el cálculo total del efecto que el trasiego ilegal de combustible ha dejado al país.
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FGR