El pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma al artículo 127 constitucional para poner tope a las jubilaciones y pensiones de servidores públicos del sector paraestatal, aunque con críticas de la oposición a la retroactividad y sectores excluidos.
La enmienda fue avalada en lo general por 116 votos a favor, y en lo particular con 109 votos a favor y seis abstenciones. Tras su aprobación, la mesa directiva ordenó remitir el dictamen a la Cámara de Diputados para su análisis.
La iniciativa, enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, establece que ninguna pensión o jubilación financiada con recursos públicos en empresas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) o la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC), podrá superar la mitad del salario presidencial, es decir, aproximadamente 70 mil pesos mensuales.
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El dictamen contempla un ahorro estimado de cinco mil millones de pesos anuales. Los afectados suman poco más de seis mil 200 exfuncionarios y extrabajadores: tres mil 500 de LyFC, dos mil de CFE, 544 de Pemex, y decenas más de Bancomext, Banobras y Nacional Financiera.
El punto más controvertido fue el segundo artículo transitorio del decreto, que ordena ajustar incluso las pensiones ya otorgadas y vigentes al nuevo límite constitucional.
Al respecto, el morenista Javier Corral sostuvo que la retroactividad de las normas constitucionales no atenta contra el principio de supremacía de la Carta Magna y que, por tanto, “sus reformas pueden operar sobre hechos o situaciones ocurridos hacia el pasado, no sólo por disposición expresa del órgano reformador, sino incluso por interpretación. Aquí no estamos ante una ley, estamos ante la Constitución”.
- El Dato: La Presidenta aclaró que por ser una reforma constitucional, no se podrían promover amparos contra una baja en la pensión, pero sí una acción de inconstitucionalidad.
El legislador añadió que la reforma no suprime ningún derecho: “Esta reforma no elimina el derecho a la pensión ni a la jubilación. Lo que hace es establecer un límite constitucional razonable a su monto, en coherencia con el principio republicano que dispone que nadie puede recibir del erario una remuneración superior a la Presidenta”.
La emecista Alejandra Barrales cuestionó esa línea de razonamiento: “Lo que nos afecta es que quieren cambiar las reglas del juego cuando ya empezó el partido, (lo que) pone en duda la certeza jurídica en nuestro país”, una vulnerabilidad ya identificada por organismos internacionales como uno de los mayores riesgos de México.
En el mismo sentido, jubilados de la CFE enviaron al Senado un pronunciamiento formal advirtiendo que sus pensiones “no constituyen beneficios discrecionales ni privilegios, sino derechos laborales derivados de relaciones de trabajo legalmente establecidas”, muchos de ellos con carácter de resoluciones firmes con efectos de cosa juzgada ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Aun votando a favor, tanto Movimiento Ciudadano como el PRI cuestionaron en tribuna por qué la reforma excluye expresamente a las Fuerzas Armadas, a los ministros de la Suprema Corte y al Poder Judicial en su conjunto.
La priista Carolina Viggiano acusó un trasfondo político en la selección de los afectados, cuestionando que durante los siete años anteriores “en siete discusiones presupuestarias se autorizaron estos montos” sin que nadie los detuviera.
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cehr
