El Senado de la República recibió de la Presidencia de México la iniciativa de reforma electoral conocida como plan B, que, entre sus cambios más relevantes, reconoce expresamente el derecho de quien ocupe la titularidad del Ejecutivo a hacer campaña a su favor durante un proceso de revocación de mandato.
Asimismo, amplía el tiempo para solicitar este mecanismo democrático desde el fin del segundo año de gobierno, y establece que el mecanismo sólo podrá activarse una vez por sexenio.
- El Dato: La consejería Jurídica de Presidencia envió anoche una fe de erratas en la iniciativa por una omisión relativa a la paridad de género en los gobiernos municipales.
La iniciativa propone incorporar un nuevo párrafo al artículo 35 constitucional, donde se establece: “La persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”.
Con esta adición, quien encabece el Ejecutivo federal tendría por primera vez un respaldo constitucional explícito para promover activamente su permanencia en el cargo durante un proceso de revocación, lo que marca un giro respecto al marco vigente, que no contempla de forma clara esta posibilidad.
La propuesta amplía el periodo para solicitar la realización de la revocación de mandato al establecer que podrá efectuarse el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno. Este ajuste permitiría que, en el actual sexenio, el ejercicio pueda llevarse a cabo en junio de 2027, al mismo tiempo que la elección intermedia, con el argumento de facilitar su organización y fomentar una mayor participación ciudadana.
- 12 artículos de 2 leyes secundarias propone modificar
La iniciativa retoma el principio de que ningún servidor público debe percibir un salario superior al de el o la titular del Ejecutivo. En este sentido, establece que los integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE), de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y de los tribunales electorales deberán ajustarse a ese límite, además de eliminar prestaciones adicionales como bonos, compensaciones extraordinarias y seguros de gastos médicos mayores.
También contempla una reducción paulatina del presupuesto del Senado, con la meta de alcanzar, en cuatro años, una disminución de hasta 15 por ciento respecto a su asignación actual, como parte de una estrategia más amplia de contención del gasto público.
La iniciativa incluye además una serie de modificaciones a leyes secundarias electorales, que buscan reducir el costo de las instituciones electorales y endurecer los controles sobre los recursos a campañas.
- 1,150 UMA pone de límite a remuneraciones de líderes partidistas
En materia de fiscalización, plantea reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) para facultar al INE a establecer convenios de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda, cuando existan indicios de recursos irregulares en campañas.
Con ello, se pretende fortalecer la detección de flujos de dinero de origen ilícito y cerrar espacios a su eventual uso en procesos electorales.
De forma complementaria, se proponen cambios a la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) para obligar a los institutos políticos a transparentar tanto las remuneraciones de sus dirigencias como sus operaciones financieras.
La iniciativa fija un tope de percepciones de mil 150 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) para los líderes partidistas y establece de manera expresa la prohibición de recibir recursos de procedencia ilícita.
En el ámbito local, la reforma introduce límites a la integración de los ayuntamientos, al establecer que el número de regidurías deberá oscilar entre siete y 15, además de restringir a una sola sindicatura por municipio. Estas medidas buscan compactar las estructuras municipales y disminuir el gasto corriente asociado a los órganos de gobierno.
En cuanto a los congresos estatales, el proyecto fija un tope presupuestal equivalente al 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de cada entidad federativa, con lo que se pretende acotar el crecimiento del gasto legislativo a nivel local y homologar criterios de austeridad en todo el país.
Al exponerse el contenido de la iniciativa en conferencia de prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que este proyecto mantiene el objetivo central de reducir los privilegios dentro del servicio público y los institutos políticos, para redireccionar ingresos considerados “excesivos” a la atención de necesidades en los estados y municipios, lo cual se calcula en cuatro mil millones de pesos.
“La esencia de lo que estamos planteando es seguir disminuyendo privilegios para funcionarios públicos y que ese recurso sea para la gente, para obras públicas para la gente”, declaró.
En su oportunitad, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, sostuvo que el objetivo central de la reforma es profundizar la política de austeridad republicana en el ejercicio de la función pública. “Los sueldos deben ser dignos, pero no excesivos”, afirmó, al recalcar que ninguna percepción debe rebasar la de la Presidenta de la República.
La funcionaria señaló que los ajustes propuestos permitirían generar ahorros significativos que podrían destinarse a programas sociales y a la atención de necesidades prioritarias de la población. Asimismo, defendió que el fortalecimiento de los mecanismos de control financiero contribuirá a una mayor transparencia y a la prevención de prácticas indebidas en la competencia electoral.
En dos vías
La iniciativa electoral de la mandataria incluye varias modificaciones a la Carta Magna y leyes secundarias.
REFORMA CONSTITUCIONAL
- Municipios: Reduce a entre 7 y 15 las regidurías y limita a 1 sindicatura por ayuntamiento.
- Congresos locales: Tope del 0.70% del presupuesto de egresos de cada entidad.
- INE, tribunales y OPLE: consejeros, magistrados y funcionarios no podrán ganar más que la Presidenta; les quitan bonos, seguros de gastos médicos mayores e ingresos adicionales.
- Senado: Reducción de gasto progresivo hasta llegar a un 15%.
- Revocación de mandato: quien ocupe la Presidencia puede hacer campaña a su favor durante el proceso. Se realizará el 3.er o 4.o año de gobierno.
REFORMA LEGAL (Legipe y LGPP)
- Tope a remuneraciones del INE, OPLE y tribunales locales.
- Inicio de cómputos en las elecciones federales y locales al llegar el primer paquete.
- Convenios con diversas autoridades y uso de tecnologías para fiscalización.
- Obligación de transparentar las remuneraciones de dirigentes de partidos.
- Obligación de partidos de reportar operaciones financieras en tiempo real.
- Prohibición de recursos ilícitos, de origen no comprobable, del extranjero y aportaciones en efectivo.
Proponen 2027 para el 2.o proceso judicial
› Por Yulia Bonilla
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo decidió que la siguiente ronda de la elección judicial se realice en 2027, al mismo tiempo que los comicios para renovar cargos gubernamentales.
Tras la presentación de los cambios legislativos que compondrán el Plan B de reforma electoral enviado al Senado de la República, la mandataria dio a conocer que no habrá cambios a los tiempos para la segunda parte con la que se renovarán cargos en el Poder Judicial, de manera que se aproveche la organización, gasto y despliegue que se hará con la elección ordinaria de 2027.
- El Dato: en la elección intermedia de 2027 se renovarán la Cámara de Diputados y los gobiernos de 17 estados, como NL, Michoacán, BC, BCS, SLP, Guerrero, Sinaloa y Sonora.
“Hay también algunas modificaciones a la elección de judicial, pero tomé la decisión de que siga siendo en el 27. Aprovechar ya la elección del 27 para atender todo. De una vez”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este mates en Palacio Nacional.
Explicó que para facilitar la votación, se plantearán modificaciones como menor cantidad de candidatos en las boletas, los cuales son seleccionados por las comisiones de cada poder. La propuesta será que únicamente se elija entre un hombre y una mujer en cada cargo a renovar.
“Al final quedan menos y nada más se vota por un hombre y una mujer, de tal manera que tienen más oportunidad todos. Ahora no se va a elegir Suprema Corte, no se va a elegir al Tribunal, no se va a elegir más que a los magistrados y a los jueces que quedaron por elegirse, entonces son menos boletas.
“Y hay algunas modificaciones para que sean menos candidatos en las boletas que las comisiones que presentan las candidaturas del Ejecutivo, del Legislativo y Judicial, puedan hacer pues una mayor revisión de los perfiles que se presentan”, declaró.
El coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, explicó que el plan es uniformar el número de candidatos y candidatas en los distintos cargos a renovar, de manera que cada uno de los comités representativos de cada poder, únicamente postule un hombre y una mujer por cada puesto. Esto, argumentó, permitirá facilitar la votación para la ciudadanía.
“Que haya dos candidatos, un hombre y una mujer por cada uno de los tres comités, y que al final el elector pueda elegir, optar, en hasta por un hombre y una mujer. Esto haría mucho más sencilla la votación, más ágil y menos compleja. Recuerden que la vez pasada las boletas eran con demasiados nombres, y esto la hacía difícil. Creemos que, de esta manera, la ciudadanía va a poder elegir con mayor claridad y facilidad a sus candidatos y candidatas”, dijo Zaldívar.
La mandataria federal sostuvo que con los cambios se simplificará y se mejorará el proceso, porque las comisiones podrán hacer entrevistas más amplias a los aspirantes para evaluar su conocimiento sobre la materia y el cargo al que buscan acceder.
Recordó que en los comicios judiciales del 2025, el Comité del Poder Judicial decidió no continuar con la valoración y selección de perfiles, por lo que el Senado asumió el control sobre el listado de candidatos que participaron en el proceso.
Evalúa reenviar plan A la próxima Legislatura
› Por Yulia Bonilla
Tras insistir en exponer que únicamente Morena respaldó su propuesta de reforma electoral, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abrió la posibilidad de enviar nuevamente su iniciativa al Congreso, bajo la consideración de cómo queden conformadas las bancadas en la próxima Legislatura.
La mandataria señaló que el plan B tuvo que salir luego de que la Cámara de Diputados rechazó el proyecto porque no se alcanzaron las dos terceras partes de votos que se requerían, a pesar de que el bloque de la 4T conforma la mayoría calificada; sin embargo, el PT y PVEM se negaron a votar a favor, por no estar de acuerdo en rebajar el presupuesto a partidos y que se cambie la manera en que se elige a las candidaturas plurinominales.
- El Tip: En Oaxaca se colocaron mantas con las leyendas “Traidores a la patria” y caras de diputados de la 4T que votaron en contra.
En ese contexto, aseguró que no se desistirá en esta reforma, porque fueron cambios exigidos por la ciudadanía. Ante esto, refirió que podría volver a enviar la reforma, pero dependiendo de cómo quede integrada.
Al preguntarle si se presentaría la siguiente Legislatura, en 2027, respondió: “Puede ser, vamos a ver, pero sí. La gente no está de acuerdo con que sean las cúpulas de los partidos políticos quienes definan la representación proporcional. No están de acuerdo; hay muchísimas encuestas, la última de Enkoll habla del 80 por ciento. Yo tampoco estoy de acuerdo. De hecho, Morena lo hace por tómbola, desde hace muchos años. Entonces, vamos a seguir insistiendo. Y la gente tiene que elegir de acuerdo a esa posición”.
Sobre qué panorama fue el que motivó la presentación de esta reforma que endurece la fiscalización a los partidos, comentó que siempre lo ha considerado importante para combatir la incidencia de prácticas delincuenciales.
“Durante mucho tiempo se usaban recursos públicos, porque no sólo es recursos de lavado de dinero o algo así. Porque el lavado de dinero no solamente es de narcotráfico, sino también de recursos públicos; toda la ‘estafa maestra’ fue eso, lavado de dinero para uso en las campañas electorales. Entonces, para tener la certeza de lo que se usa el recurso público que se da a los partidos y, en todo caso, si hay una aportación individual en el marco de las leyes, pues que haya una fiscalización permanente”, declaró.
Morena descarta dar fast track a plan B en Senado
› Por Tania Gómez
El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velasco, descartó que la iniciativa del llamado plan B, vaya a ser aprobado en fast track, y aseguró que avanzará conforme al proceso legislativo.
El legislador confió en contar con los votos necesarios para su aprobación, aunque reconoció que aún se realizan negociaciones políticas, incluso con legisladores que han manifestado reservas.
Adelantó que la iniciativa seguirá el trámite legislativo ordinario, aunque descartó la posibilidad de que la discusión se extienda incluso hacia Semana Santa.
- El Dato: El plan B del Ejecutivo busca optimizar y reducir el gasto electoral y amplía los derechos ciudadanos para la exigencia de los procedimientos de ratificación del mandato.
“No, no, va a seguir el trámite legislativo ordinario, se turna a las comisiones, se reunirán las mesas directivas, elaborarán el proyecto de dictamen, va a circular con el tiempo que establece el reglamento… y después pasará a discusión”, explicó.
“Plan B” podría votarse la próxima semana
Mier Velazco añadió que la iniciativa podría votarse la próxima semana, aunque los tiempos dependerán del proceso parlamentario.
El legislador señaló que la propuesta se enmarca en los principios de austeridad y congruencia del movimiento. “Vamos a esperar a que llegue a empaparnos del contenido. Tenemos una general derivado del acuerdo de apoyo total a este ‘Plan B’ que apunta a dos ejes fundamentales para nosotros”, expresó.
Detalló que uno de los objetivos es mantener la línea de austeridad republicana impulsada desde el inicio del actual gobierno. “Primero, ser congruentes y consistentes con la primera reforma que hizo nuestro movimiento cuando dio la oportunidad al pueblo de México de tener un gobierno con una austeridad republicana”, sostuvo.
Mier explicó que la propuesta contempla ajustes en los presupuestos de los congresos locales y en la integración de los cabildos municipales, con base en criterios poblacionales. “Lo que se hace respetando el federalismo, el municipalismo y el régimen interior de los estados es topar los presupuestos… y reducir de manera proporcional al número de habitantes”, indicó.
Senado debe “tener una simetría funcional con la Cámara de Diputados”
Respecto a un eventual recorte en el Senado, negó afectaciones operativas y subrayó la necesidad de homologar criterios con la Cámara Baja.
“El Senado de la República debe tener una simetría funcional con la Cámara de Diputados, iniciar un proceso de transparencia y de racionalidad en el presupuesto que es del pueblo de México”, afirmó.
En cuanto a la construcción de mayorías, aseguró que los congresos estatales deberán realizar adecuaciones conforme a sus realidades locales, aunque aclaró que no se reducirá el número de legisladores locales.
“Tendrán que hacer las adecuaciones, teniendo como un mínimo siete para garantizar la representación de las minorías”, explicó.
Ante la resistencia del senador del Partido Vede Ecologista de México (PVEM), Luis Armando Melgar Bravo, quien ha expresado su rechazo, Mier confió en lograr acuerdos. “Vamos a platicar con el senador Melgar. Vamos a hacer todo el trabajo político de sensibilización sobre las bondades”, dijo.
Finalmente, el legislador insistió en que la reforma no responde a una imposición de la mayoría, sino a la necesidad de preservar la estabilidad institucional. “No es la voluntad de una mayoría… es la voluntad de preservar reglas que le dan estabilidad al sistema político mexicano”, concluyó.
“Truenan” negociaciones; PT amenaza alianza de 4T
› Por Claudia Arellano
El plan B de la reforma electoral volvió a tropezar, y de nuevo con sus propios aliados. Y es que, según fuentes del Congreso, las negociaciones “ya tronaron”, principalmente por el tema de la fecha para la revocación de mandato.
El diputado Benjamín Robles Montoya señaló que “el PT no puede caminar con el plan B de la reforma electoral”, dejando en el aire si el oficialismo logrará mantener unido a su bloque legislativo.
El punto que encendió las alarmas es la propuesta de adelantar la consulta de revocación para que coincida con las elecciones intermedias de 2027, lo que —de acuerdo con legisladores del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)— podría darle una ventaja política a Morena al colocar en la boleta a la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Benjamín Robles afirmó que su bancada respalda los ajustes propuestos para reducir privilegios en congresos estatales y ayuntamientos, pero advirtió que no acompañará medidas que representen retrocesos en la vida democrática del país, como incluir temas electorales en consultas populares o realizar la revocación de mandato el día de las elecciones locales, pues, de hacerlo en la misma fecha, generaría condiciones de inequidad electoral.
Además, manifestó el respaldo del PT a la propuesta que busca reducir gastos y privilegios en los poderes locales. Señaló que, en varios estados, congresos y ayuntamientos han crecido de forma excesiva y con beneficios desproporcionados.
Durante las negociaciones legislativas, el PT también insistió en mantener la representación proporcional en los ayuntamientos para preservar el pluralismo político. El diputado petista recordó que el sistema ha sido una conquista que se consolidó desde la reforma política de 1977.
“Necesitamos fortalecer el sistema plural de partidos que tanto trabajo nos costó. El partido hegemónico ya lo padecimos y no queremos regresar a ese modelo”, dijo.
El legislador subrayó que, aunque el PT forma parte del proyecto de la Cuarta Transformación, también tiene derecho a expresar diferencias cuando lo considere necesario. “Somos fundadores... no somos invitados de última hora y tenemos derecho a la disidencia”, afirmó.
Ven golpe a democracia con maxielección del 27
› Por Tania Gómez
Especialistas alertaron que la coincidencia de elecciones judiciales, intermedias y la revocación de mandato en el proceso electoral del 2027 saturará a las autoridades electorales y confundirá a los ciudadanos.
Arturo Espinosa, director de Laboratorio Electoral, y Jorge Aljovín, analista político, coincidieron en que la saturación comicial representa un riesgo serio para la calidad democrática del país.
Ese año se empalmarán las elecciones intermedias, en donde se renovarán 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales, 680 presidentes municipales y mil 088 diputados locales, a las que se sumarán 881 jueces y magistrados federales, así como mil 800 juzgadores locales.
A ello habría que sumar la consulta de revocación o refrendo del mandato presidencial, tres procesos con lógicas completamente distintas que, de llevarse a cabo el domingo 6 de junio de 2027, tendrían que operar de forma simultánea.
- El Dato: El domingo, Morena, PT y PVEM anunciaron su “total respaldo” al plan B de la Presidenta Sheinbaum, el cual fue acordado en la Segob tras semanas de negociaciones.
“Obviamente va a existir una saturación si la revocación del mandato se empata con las elecciones intermedias”, señaló Jorge Aljovín. Advirtió que esa coincidencia “podría generar confusión en las elecciones” y complicar la capacidad operativa de autoridades electorales.
Arturo Espinosa apuntó en el mismo sentido y recordó que la elección judicial de 2025 resultó complicada para la ciudadanía, y calificó la situación de “despropósito” que pondrá en aprietos a la autoridad electoral y complicará para el ciudadano el ejercicio del voto.
Pese a las advertencias, el analista político apuntó que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no lee la triple coincidencia como un problema, sino como una oportunidad.
“Desde su perspectiva, es impactar el interés político con el interés popular”, buscando exponer su figura ante la ciudadanía, refrendar su mandato y arrastrar esa popularidad para que la Cuarta Transformación conquiste nuevamente la mayoría calificada en el Congreso.
Espinosa coincidió en que la revocación de mandato no se usa como un ejercicio auténticamente ciudadano, sino con fines políticos.
Advirtió, además, que la Presidenta estará metida de lleno en las campañas electorales a través de ese mecanismo, lo que plantea una pregunta sin respuesta clara: “¿Cómo vamos a cuidar la neutralidad en el uso de los recursos para que no se usen con fines electorales?”, cuestionó.
A la saturación de procesos se suma la reducción de las remuneraciones de consejeros electorales, magistrados, secretarios y titulares de áreas ejecutivas de organismos electorales, mientras la carga de trabajo será mayor, advirtió Espinosa.
“Si empiezas a acotar mucho las remuneraciones de quienes trabajan en los órganos electorales, pero la carga de trabajo será incluso mayor, la exhaustividad de las jornadas laborales se incrementa y se perderá calidad del personal. Esto sería delicado”, alertó.
Aljovín apuntó a una omisión: la medida de topes salariales excluye a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas”, dijo, y llamó a extender la austeridad a ese órgano para no generar la imagen de que sus integrantes son los intocables del sistema electoral.
PAN critica el plan B; alerta por infiltración del crimen
› Por Claudia Arellano
DIPUTADOS FEDERALES del Partido Acción Nacional (PAN) criticaron el denominado plan B electoral impulsado por el Gobierno federal, al considerar que el enfoque de la reforma está equivocado, pues prioriza el ahorro presupuestal en los congresos locales y ayuntamientos en lugar de fortalecer mecanismos para evitar la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales.
Luego de que se anunciara que la propuesta llegará este martes al Senado, el legislador panista Ernesto Sánchez Rodríguez afirmó que la Presidenta Claudia Sheinbaum “se volvió a equivocar” en el diagnóstico sobre la situación electoral del país.
“Otra vez se equivocó, su diagnóstico es erróneo. La Presidenta cree que lo más importante es ahorrar dinero en los congresos locales y en los ayuntamientos. No, Presidenta, otra vez está usted equivocada”, declaró el legislador del PAN.
- 4 mil millones de pesos se estima que se ahorrarán con la reforma
Sánchez Rodríguez sostuvo que la prioridad debe ser garantizar que no haya recursos del crimen organizado en las campañas electorales, particularmente en los procesos vinculados con Morena.
“Hoy lo más importante es garantizar que no haya dinero del crimen organizado en las campañas de Morena. Ni en los congresos locales ni en los ayuntamientos; nada sale más caro que entregarle la paz, la seguridad y la actividad de los mexicanos al crimen organizado”, señaló.
El diputado también hizo referencia al asesinato del exedil Carlos Manzo, al afirmar que la ciudadanía exige justicia y castigo a los responsables.
“Después del asesinato de Carlos Manzo, lo que exige la gente no es un cabildo más barato, sino que metan a la cárcel a los políticos de Morena de quienes se sospecha son los autores intelectuales”, dijo.
Asimismo, consideró que antes de reducir el gasto en los cabildos se debe priorizar el combate a la delincuencia en entidades como Michoacán y Sinaloa.
“Antes de gastar menos en el cabildo, es sacar a los delincuentes de Michoacán y Uruapan. Lo mismo pasa en Sinaloa: la prioridad no es que cueste menos el Congreso local, es que no haya narcos ni en la Fiscalía ni en el gobierno de Rubén Rocha”, afirmó el diputado albiazul.