El Gobierno de México anunció que participará como amicus curiae en una demanda colectiva contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) por las condiciones de detención en el centro de procesamiento de Adelanto, California, donde cuatro ciudadanos mexicanos han fallecido por aparentes complicaciones médicas.
El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa en el Consulado General de México en Los Ángeles, encabezada por la directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Vanessa Calva Ruiz.
Durante el encuentro con medios también estuvo presente Antonia Tovar, viuda de José Guadalupe Ramos Solano, quien murió el pasado 25 de marzo mientras se encontraba bajo custodia de autoridades migratorias en ese centro.
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Calva Ruiz informó que, desde 2025, el gobierno mexicano ha documentado 14 fallecimientos de connacionales bajo custodia de autoridades migratorias o durante operativos de control migratorio en Estados Unidos. De ese total, cuatro muertes ocurrieron en el centro de detención de Adelanto, ubicado en el condado de San Bernardino.
La funcionaria explicó que el caso de Ramos Solano aún no cuenta con una causa oficial de muerte. “El caso del señor José Guadalupe no es un hecho aislado; es un reflejo de una tendencia alarmante e inaceptable”, afirmó.
La figura legal de amicus curiae —“amigo del tribunal”— permite que un tercero ajeno al litigio aporte argumentos o información relevante ante el juez sin formar parte directa de la demanda. En este caso, México respaldará la demanda colectiva L.T. Mesrobian contra ICE, presentada el 26 de enero de 2026 ante la Corte del Distrito Central de California por cuatro personas detenidas en Adelanto, con el apoyo de organizaciones civiles y despachos legales.
La demanda señala la existencia de un patrón sistémico de negligencia médica, que incluye solicitudes de atención ignoradas o retrasadas, obstáculos para acceder a servicios de salud y respuestas clínicas tardías o insuficientes dentro del centro de detención.
Aunque la operación logística del centro está a cargo de la empresa privada GEO Group, la querella sostiene que el ICE es responsable jurídicamente de las condiciones de custodia.
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JVR
