El reciente caso de un adolescente en Michoacán que asesinó a dos maestras reactivó la discusión nacional sobre si las y los menores que cometen delitos graves deben ser juzgados como adultos.
Ante esto, la Universidad Iberoamericana planteó que la atención del sistema de justicia debe centrarse en las necesidades y características de niñas, niños y adolescentes, más que en el endurecimiento de sanciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum llamó recientemente a abrir un debate público sobre la pertinencia de juzgar a menores homicidas como mayores de edad.
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Frente a ello, la IBERO retomó una propuesta desarrollada en 2024 por su Departamento de Derecho en el marco de #IBEROPropone, que plantea un cambio estructural: adaptar la justicia a las infancias, en lugar de exigir que ellas se ajusten a un sistema diseñado para personas adultas.
El principio central de la propuesta reconoce que niñas, niños y adolescentes son personas en desarrollo emocional, cognitivo y físico, por lo que sus procesos mentales y capacidades de comprensión difieren de los adultos. Juzgarles como si tuvieran las mismas habilidades de decisión, advierten los académicos, resulta ineficaz e injusto.
La iniciativa sugiere transformar los procedimientos judiciales para que las infancias puedan participar activamente en condiciones acordes a su etapa de desarrollo. Entre las recomendaciones se incluyen: Modificaciones estructurales en tribunales de todo el país; adaptación integral y flexible de los procesos según la materia legal; inversión en infraestructura adecuada para la atención de menores, además de capacitación especializada del personal en aspectos jurídicos, físicos y de salud mental.
Como referente, la metodología SAPCOV, implementada en 2019 en el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua con apoyo de UNICEF y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha mostrado resultados positivos y ha comenzado a replicarse en otras entidades.
La IBERO enfatiza que la transformación debe considerar los distintos contextos de cada estado, garantizando protección integral sin uniformar la atención a realidades locales diversas. Mantener un esquema legal que ignore estas diferencias, advierten, constituye una forma de crueldad sistemática.
Lejos de centrarse en sanciones más duras, la universidad sostiene que un sistema de justicia adaptado a las infancias contribuye a sociedades más seguras y niñas, niños y adolescentes mejor protegidos.
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LMCT
