La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial.
Lo anterior, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022, promovida por 49 senadores que argumentaban una presunta vulneración a garantías fundamentales.
Por mayoría, el Pleno de la SCJN avaló el proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz, en el que se reconoce la validez del artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2022.
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Dicha disposición establece el procedimiento mediante el cual la Secretaría de Hacienda puede incluir a una persona en la lista de personas bloqueadas cuando existan indicios suficientes de su posible vínculo con delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En contra del proyecto votaron los ministros Yasmín Esquivel, Giovanni Figueroa y Arístides Guerrero.
Los senadores promoventes sostuvieron que la norma vulnera principios como la presunción de inocencia, el derecho de audiencia previa, el debido proceso, así como la seguridad y certeza jurídica, al permitir que la autoridad hacendaria ejecute el bloqueo sin fundamentar ni motivar previamente la decisión y sin intervención del Ministerio Público.
Sin embargo, el Pleno rechazó todos los argumentos. En su resolución, la Corte estableció que el congelamiento de cuentas constituye una medida administrativa y cautelar, orientada exclusivamente a la protección del sistema financiero, y no un mecanismo de persecución penal.
Por ello, precisó que la presunción de inocencia, al ser una garantía propia del proceso penal, no resulta directamente aplicable a este procedimiento administrativo.
Frente al señalamiento de una posible invasión de competencias, la SCJN aclaró que la UIF no sustituye al Ministerio Público, ya que su función se limita a recabar información financiera y, en caso de detectar posibles delitos, presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad ministerial.
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