El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó las acusaciones del gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y anunció que enfrentará el caso en el ámbito legal. “Carecen de veracidad y fundamento alguno”, afirmó, al sostener que “demostrará con toda contundencia” la falta de sustento.
Las imputaciones provienen de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, instancia que lo coloca bajo investigación por narcotráfico. El mandatario aseguró que responderá con pruebas y que no se sustraerá del proceso, al señalar que enfrentará los señalamientos “hasta desmontarlos”.
- El Dato: El CEN de Morena consideró preocupante que se solicite una extradición sin elementos de prueba, y expresó su respaldo a la actuación del Gobierno sobre esa petición.
En un posicionamiento público, el titular del Ejecutivo estatal elevó el tono y vinculó el caso con un conflicto político de mayor escala.
“Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos y a los mexicanos que representamos esa causa”, declaró.
Rocha Moya calificó las acusaciones como parte de una “perversa estrategia” que busca vulnerar la soberanía nacional y el orden constitucional.
Más tarde, en entrevista televisiva, el mandatario estatal evitó ampliar detalles sobre el caso y confirmó que no ha recibido notificación formal de autoridades estadounidenses.
“Yo ahora me enteré por el comunicado del gobierno norteamericano”, y añadió que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya fijó postura sobre el tema.
Respecto a una eventual cancelación de su visa, el gobernador de Sinaloa descartó tener información oficial, y subrayó que ese tipo de decisiones suelen notificarse de manera directa.
“Yo no tengo conocimiento. Oficialmente no he recibido ningún comunicado del gobierno de Estados Unidos de que tenga retirada mi visa”, sostuvo.
El mandatario estatal también informó que mantiene comunicación con funcionarios señalados en el mismo contexto. Indicó que las actividades de gobierno continuarán sin modificaciones y reiteró: “No voy a cambiar, voy a tener mi agenda normal. Vamos a seguir trabajando tranquilos”.
Rocha Moya pidió a la población mantener la calma a través de un mensaje en redes sociales y llamó a continuar con las actividades cotidianas.
“El llamado que les hago es que estén tranquilos, que sigamos trabajando por Sinaloa y tratando de resolver nuestros problemas comunes”, expresó.
suma rechazo. El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también negó los señalamientos del gobierno de EU por presuntos nexos con el narcotráfico, y aseguró que su actuación se ha mantenido dentro del marco legal.
“Siempre nos hemos conducido con apego a la legalidad, dentro del Estado de derecho y conforme a lo que marcan las instituciones, con respeto a las leyes y a la ciudadanía”, afirmó.
En entrevista con medios, el funcionario insistió en que no ha detenido sus actividades y que mantendrá la agenda institucional sin cambios. Aseguró que su administración permanece enfocada en mejorar las condiciones de vida de las familias en la capital del estado.
El alcalde descartó solicitar licencia al cargo y dejó claro que continuará al frente del gobierno municipal. Señaló que redoblará las acciones en favor de la comunidad y que los proyectos en marcha seguirán su curso.
Al ser cuestionado sobre si los señalamientos tienen un trasfondo político, evitó emitir juicios y sostuvo que responderá con resultados. Indicó que su desempeño se rige por la ley y reiteró que no ha fallado a la ciudadanía.
FGE cierra filas con su vicefiscal y pide pruebas
› Por Elizabeth Hernández
LA FISCALÍA GENERAL del Estado (FGE) de Sinaloa salió en defensa del vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra, tras los señalamientos del gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. El organismo exigió respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, al recalcar que ninguna acusación tiene validez jurídica sin una resolución emitida por autoridad competente.
En su posicionamiento, la institución subrayó que todo requerimiento internacional debe ajustarse al marco jurídico mexicano, que incluye la Constitución, la Ley de Extradición Internacional y los tratados vigentes. Añadió que, en el ámbito interno, cualquier solicitud vinculada con estos señalamientos se atenderá conforme a lo establecido por la normativa aplicable.
La FGE también remarcó que corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar la viabilidad jurídica de eventuales solicitudes, con base en pruebas verificables. Añadió que en México prevalece el principio de presunción de inocencia y subrayó que ninguna persona puede considerarse culpable sin una resolución emitida por la autoridad competente.
- 5 años en el cargo de vicefiscal tiene Dámaso Castro
El posicionamiento surgió después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hiciera pública una acusación contra Castro Saavedra, quien ocupa el cargo desde octubre de 2021. El expediente lo señala por presunta conspiración para introducir narcóticos a territorio estadounidense, además de posesión de armamento de uso exclusivo, incluidas ametralladoras y explosivos.
Autoridades estadounidenses atribuyen al funcionario pagos mensuales cercanos a 11 mil dólares por parte de la facción criminal conocida como Los Chapitos, a cambio de protección e información sobre operativos. De acreditarse los cargos, el vicefiscal enfrentaría una pena mínima de 40 años de prisión, con posibilidad de cadena perpetua.