La empresa ferroviaria Canadian Pacific Kansas City (CPKC), sociedad holding ferroviaria canadiense, emitió una demanda al Estado Mexicano derivado de presuntos tratos discriminatorios hacia sus inversores, además, por una disputa relacionada con una concesión en el sector transporte.
En el arbitraje, presentado el pasado lunes 27 de abril en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una de las cinco organizaciones del Grupo del Banco Mundial, la compañía ferroviaria manifestó violaciones al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, acuerdo del que tanto Canadá como México son participantes.
- El Dato: La firma extranjera contabiliza tres años en la construcción del libramiento de Celaya, con inversión de 84 millones de dólares canadienses.
Estas transgresiones son resultado de la disputa ante la concesiones al transporte que se mantiene con al actual administración federal.
Ahora las partes, de acuerdo con el expediente, tendrán que designar a los tres árbitros para la resolución del caso, ante un proceso que por lo habitual demora varios años, al comprender las etapas de la integración del tribunal hasta la presentación de memoriales e, igualmente, la presentación ante audiencia que se encauzan en un laudo arbitral (decisión final emitida por el tribunal arbitral para resolver un conflicto entre dos o más partes), en las cuales pueden estar implicadas compensaciones económicas o medidas correctivas.
En este contexto, resalta que tanto el reclamo específico como el monto de la indemnización exigidos por CPKC no han hecho públicos, pero la empresa tenía que haber advertido por lo menos desde hace seis meses a la Secretaría de Economía (SE) su intención de iniciar el arbitraje, a menos que se llegara a un acuerdo.
Desde 2022. La sociedad ferroviaria canadiense CPKC tiene una disputa desde el 2022 con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con motivo de un crédito fiscal de seis mil millones de pesos, litigio que es llevado a cabo ante tribunales nacionales.
Además, esta empresa ha mantenido litigios abiertos contra el Estado mexicano y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ante lo que estima como trato preferencial hacia su principal competidora, el operador de carga Ferromex, propiedad de Germán Larrea, en factores como derechos de paso, tarifas y la asignación directa de una concesión.
CPKC habría considerado que desde 2023, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador decretó priorizar los trenes de pasajeros, no se afectarían sus operaciones de carga, añadiendo presentación de propuestas al Gobierno para participar en proyectos y lograr la coordinación y convivencia entre las obras y el servicio de carga, especialmente en zonas con derecho de vía insuficiente en el Estado de México, Hidalgo y Querétaro.
En adhesión, fue aprobada una reforma constitucional en 2024, que aborda el uso de las vías ferroviarias; este dictamen, aprobado por la Cámara de Diputados, resaltó que ambos transportes ferroviarios, tanto el de pasajeros como el de carga, con sectores prioritarios para el desarrollo nacional, “se considera conveniente que las vías ferroviarias tengan un uso más eficiente, que no se concentre en el relevante transporte de carga, sino se amplíe al transporte de pasajeros”, de acuerdo con el dictamen.
En el informe de resultados del primer trimestre de este año de la CPKC, la empresa especifica que los ingresos disminuyeron 2.0 por ciento y se ubicaron en tres mil 700 millones de dólares, además que los volúmenes, medidos en toneladas-milla de ingresos, aumentaron un 2.0 por ciento.