Sortea presiones de Trump

CSP supera los avances de AMLO en seguridad

Gobierno reporta casi 50 mil detenidos, 25 mil armas aseguradas y más de dos mil narcolaboratorios desmantelados en casi 20 meses; denuncia cooperación asimétrica con EU

DETENCIÓN de Audias “N”, El Jardinero, el pasado 27 de abril. Foto: Cuartoscuro

A casi 20 meses de gestión, el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llegó con un volumen de acciones federales muy por encima del arranque del sexenio de su antecesor.

Entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de marzo de 2026, el Gabinete de Seguridad reportó 49 mil 530 personas detenidas por delitos de alto impacto, 25 mil 700 armas de fuego aseguradas, casi 500 toneladas de droga decomisadas y dos mil 330 narcolaboratorios para la producción de droga sintética desmantelados.

La cifra forma parte de una estrategia que Palacio Nacional ha colocado como respuesta directa a la presión de Estados Unidos por más capturas, extradiciones y golpes contra el fentanilo.

  • El Dato: El Jardinero obtuvo una suspensión provisional que frena una entrega inmediata a EU, mientras avanza el procedimiento de extradición solicitado por ese país.

La diferencia frente al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador resulta amplia. En los primeros 100 días de la administración pasada hubo 31 detenciones, 26 armas decomisadas y 33 kilos de droga incautada. En el mismo periodo de Sheinbaum, las autoridades alcanzaron siete mil 720 capturas, tres mil armas y 665 mil kilos de narcóticos. El contraste marca un cambio operativo, no sólo de discurso, dentro de la política federal contra organizaciones criminales.

Además del ritmo inicial, el decomiso de armamento también muestra una aceleración. Durante su primer año, la actual administración aseguró 17 mil 283 armas, equivalentes al 33 por ciento de todas las incautadas en el sexenio de López Obrador. Ese gobierno cerró con 51 mil 384 armas decomisadas, un promedio anual de ocho mil 564. Bajo ese parámetro, Sheinbaum Pardo duplicó el ritmo anual heredado.

Las capturas y abatimientos de perfiles de alto impacto marcan uno de los principales cambios operativos del sexenio. En menos de dos años, las fuerzas federales ubicaron a mandos ligados a los cárteles de Sinaloa (CDS), Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Golfo y a células regionales con capacidad logística, financiera o armada.

El golpe de mayor peso fue la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder y fundador del CJNG, considerado uno de los capos más relevantes del país. A ese caso se sumaron detenciones de alto perfil como El Jardinero, mando clave del mismo grupo; El Chavo Félix, ligado al círculo de El Mayo Zambada; El Max, operador de Los Mayos, y El Flaco, cabecilla de Los Salazar.

Detrás de estos números aparece una relación bilateral marcada por exigencias desiguales. La Casa Blanca presentó su Estrategia Nacional Antidrogas 2026 con una condición explícita para la cooperación con México.

NUEVA GESTIÓN ı Foto: Especial

El apoyo estadounidense quedará atado a “resultados tangibles”, entre ellos más detenciones, juicios, extradiciones de líderes criminales y cierre de laboratorios de drogas sintéticas.

Por otra parte, las entregas masivas a Estados Unidos abrieron un frente político y jurídico por su carácter acelerado. En tres movimientos realizados entre febrero de 2025 y enero de 2026, México trasladó a 92 personas requeridas por autoridades estadounidenses, entre ellas perfiles vinculados a narcotráfico, crimen organizado y delitos violentos.

El Gobierno mexicano presentó esas acciones como parte de la cooperación bilateral contra los cárteles, aunque la propia Fiscalía General de la República (FGR) precisó que algunas entregas no siguieron el cauce ordinario de extradición judicial, sino mecanismos excepcionales bajo criterios de seguridad nacional. Ese punto refuerza el argumento de una cooperación asimétrica, pues México ha enviado perfiles de alto valor a cortes estadounidenses mientras reclama que Washington no responde con la misma velocidad a solicitudes mexicanas sobre huachicol, armas y casos pendientes como el de Ayotzinapa.

El reclamo se amplía al tráfico de armas. Datos difundidos por la Defensa ubicaron en Estados Unidos el origen de cerca del 78 por ciento de las 18 mil armas aseguradas durante la actual administración, entre ellas 215 fusiles Barrett calibre .50. Ese flujo sostiene la capacidad de fuego de los grupos criminales en México, mientras Washington centra su demanda en frenar drogas, precursores y operadores del narco.

Otro dato refuerza el carácter asimétrico de la cooperación. De acuerdo con cifras oficiales citadas por medios nacionales, 70 por ciento de las armas decomisadas entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025 procedía de Estados Unidos. La Presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado que cada país debe cumplir su parte dentro de su territorio: México contra el tráfico de drogas y Estados Unidos contra el lavado de dinero y el comercio ilegal de armamento.

Con el fentanilo, el gobierno mexicano también presume resultados medibles. Entre octubre de 2024 y enero de 2026, las agencias de seguridad incautaron 1.8 toneladas de esa droga, destruyeron casi mil 900 laboratorios y capturaron a casi 41 mil personas presuntamente ligadas al crimen organizado. En 2025, los decomisos de fentanilo del Ejército crecieron 65 por ciento frente a 2024, último año del sexenio anterior.


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