El coordinador nacional del partido Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, lanzó críticas contra el gobierno mexicano tras la entrega del exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, a autoridades de Estados Unidos, al asegurar que las investigaciones avanzan del lado norteamericano “frente al silencio cómplice” de México.
A través de una publicación en sus redes sociales, Máynez sostuvo que, si las autoridades mexicanas realmente buscaban pruebas sobre los presuntos vínculos criminales en Sinaloa, debieron recurrir a los exfuncionarios que hoy están bajo investigación o detenidos.
“Si el gobierno mexicano quería pruebas, hubiera sido lógico buscarlas con los funcionarios clave que han sido detenidos: los encargados de las finanzas y la seguridad de Sinaloa”, afirmó Álvarez Máynez.
El excandidato presidencial señaló además que el gobierno de Estados Unidos continúa fortaleciendo expedientes judiciales relacionados con presuntas redes de corrupción y crimen organizado en la entidad, tras la acusación contra 10 funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, por presuntos nexos con “Los Chapitos”, mientras en México prevalece la omisión institucional.
“Estados Unidos sigue armando un caso frente al silencio cómplice de nuestro país”, expresó.
Las declaraciones del dirigente emecista se producen en medio de un contexto de creciente presión internacional sobre diversos actores políticos y de seguridad en Sinaloa, una entidad que en los últimos años ha estado bajo el foco por las disputas internas del crimen organizado y por las investigaciones relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
La entrega de Gerardo Mérida Sánchez a autoridades estadounidenses también ha reavivado el debate sobre el nivel de penetración del crimen organizado en corporaciones de seguridad locales y estatales, particularmente en regiones donde grupos criminales mantienen una fuerte presencia.
En redes sociales, han cuestionado la falta de posicionamientos oficiales en México respecto a las acusaciones que se han dado a conocer desde cortes y agencias de seguridad de Estados Unidos, mientras continúan las indagatorias sobre presuntas estructuras de protección y financiamiento ilícito en Sinaloa.
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