La trata de personas no solo representa una de las violaciones más graves a los derechos humanos, sino también uno de los negocios ilícitos más lucrativos del mundo. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, este delito genera hasta 236 mil millones de dólares anuales en ganancias ilícitas a nivel global.
En México, la dimensión del problema también mantiene cifras alarmantes. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que entre enero de 2015 y octubre de 2025 se registraron más de 3 mil 45 niñas, niños y adolescentes víctimas de trata, de las cuales 74.8 por ciento corresponden a mujeres. Para diciembre de 2025, la cifra acumulada superó las 3 mil 92 víctimas menores de edad, reflejando una tendencia persistente.
Ante este panorama, la coordinadora de la Bancada Naranja, Ivonne Ortega Pacheco, presentó una iniciativa para incorporar formalmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.
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La propuesta plantea que Hacienda participe de manera expresa en la identificación, análisis y seguimiento de operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculadas con este delito. El objetivo es fortalecer el enfoque financiero en el combate a la trata, mejorar la coordinación interinstitucional y avanzar hacia una política pública más eficaz e integral.
Las cifras territoriales también muestran focos críticos en entidades como Quintana Roo, con 56 casos; Estado de México, con 40; y Chihuahua, con 29, estados que concentran casi la mitad de los casos reportados en el país durante el periodo analizado.
“La trata de personas constituye una de las actividades ilícitas más lucrativas a nivel global, sostenida por redes delictivas complejas que requieren mecanismos financieros para ocultar, transferir y reinvertir los recursos obtenidos de manera ilegal”, advirtió la legisladora. “Su dimensión económica explica tanto su persistencia como su expansión, así como su estrecha relación con la delincuencia organizada transnacional”.
La evidencia, sostuvo, respalda la necesidad de fortalecer las herramientas financieras. En 2021, la Organización de los Estados Americanos informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó 2 mil 84 casos de operaciones financieras de personas y empresas con posible vínculo con la trata, de los cuales 871 correspondían a explotación sexual.
Estas investigaciones derivaron en el bloqueo de mil 410 cuentas bancarias pertenecientes a 116 personas, por un monto superior a 144 millones de pesos.
Entre los patrones detectados por las autoridades financieras destacan cambios frecuentes de razón social, creación de empresas con objetos similares, adquisiciones incongruentes con el perfil económico de los involucrados y transferencias a cuentas sin relación aparente.
La iniciativa subraya que incorporar a Hacienda en los mecanismos de coordinación no solo es pertinente, sino urgente para desarticular las estructuras económicas que sostienen este delito.
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