La violencia dentro de los hogares rebasó en 2025 al robo y al asalto en la medición nacional de delitos violentos. El Índice de Paz México (IPM), del Instituto para la Economía y la Paz (IEP), ubicó este tipo de agresiones como la conducta más frecuente dentro de esa categoría, con alrededor de 720 reportes por cada 100 mil habitantes, una cifra 60 puntos por encima de la registrada en los otros dos delitos.
Aunque el país tuvo su mayor avance desde que existe la medición del IPM, el cambio en los delitos con violencia revela una transformación de fondo en el mapa de la inseguridad. La reducción en la cifra de homicidios marcó el resultado general del año pasado, pero las agresiones dentro del hogar y los ataques sexuales mantienen una tendencia al alza de largo plazo.
LA VISIBILIDAD que tenemos de estos problemas apenas es mínima. La violencia intrafamiliar y la violencia sexual podrían ser la antesala del feminicidioLUCÍA CARMINA JASSO Investigadora del IIS de la UNAM
De acuerdo con el reporte, la tasa nacional de delitos con violencia aumentó 12.4 por ciento en la última década. Ese deterioro no tuvo como principal motor el robo, que bajó de forma sostenida en los últimos años, sino dos conductas de alto impacto social. La violencia sexual, que creció 176 puntos porcentuales, y la familiar, que se duplicó en el mismo periodo.
Lucía Carmina Jasso, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, pidió no atribuir ese crecimiento únicamente a un mayor número de denuncias, porque la dimensión real del problema sigue oculta: “La visibilidad que tenemos de estos problemas apenas es mínima”.
Este giro modifica la lectura tradicional de la seguridad pública, centrada durante años en homicidios, asaltos, robos y disputas entre grupos criminales. El IPM coloca ahora a la violencia familiar como el delito que más pesa dentro de esta categoría, lo que traslada una parte del diagnóstico hacia espacios privados, relaciones cercanas y dinámicas domésticas que no siempre aparecen en el debate público con la misma fuerza que los asesinatos o los enfrentamientos armados.
Para Jasso, ambos fenómenos tienen un fuerte componente de género y recaen principalmente sobre mujeres. Señaló que estos delitos pueden operar como señales previas de agresiones más graves.
“La violencia intrafamiliar y la violencia sexual podrían ser la antesala del feminicidio”, advirtió la especialista al referirse a los riesgos que persisten dentro de espacios privados.
La investigadora también apuntó al subregistro. Señaló que casi nueve de cada 10 casos de violencia sexual no se denuncian, ya sea porque ocurren en entornos íntimos o porque las víctimas no confían en las instituciones. Ese vacío, planteó, vuelve más difícil medir el alcance de la crisis y diseñar respuestas públicas efectivas.
Según el IEP, el indicador de delitos con violencia incluye cuatro subindicadores específicos: robo, asalto, violencia familiar y violencia sexual. La medición toma como base casos por cada 100 mil habitantes y ajusta ciertos registros por subreporte, debido a que en México sólo cerca de 10 por ciento de los delitos llega a conocimiento de las autoridades.
Otro dato central aparece en la comparación histórica. El robo solía ser, por amplio margen, el delito violento más frecuente. Esa posición cambió por la reducción acumulada los últimos siete años y por la duplicación de la tasa de violencia familiar desde 2015.
En cuanto al costo económico, los delitos con violencia representan también una de las mayores cargas del país. En 2025 concentraron 35.5 por ciento del impacto económico total de la violencia, con un costo superior a 1.4 billones de pesos, equivalente a 4.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Para los especialistas el dato abre un frente social. Si la violencia familiar ya supera al robo y al asalto, la discusión pública no puede limitarse a la presencia policial, los operativos contra grupos criminales o la reducción de homicidios.
El informe del Instituto para la Economía y la Paz muestra que una parte relevante de la inseguridad ocurre en entornos donde la víctima convive con su agresor o depende de redes cercanas para buscar ayuda.
La inseguridad cuesta al país 11% del PIB: estudio
Por: Elizabeth Hernández
La reducción de homicidios dio a México su mayor avance desde que existe el Índice de Paz México (IPM), pero la mejora no alcanzó para borrar el costo de la violencia. El año pasado, la factura económica ligada al crimen llegó a los cuatro billones de pesos, una cifra equivalente a 11 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).
- EL DATO: EL INFORME destacó el aumento en el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado, así como la extorsión y el tráfico minorista de drogas en el país.
Aunque la medición nacional mejoró cinco puntos porcentuales frente a 2024 y acumuló seis años consecutivos de recuperación, el impacto económico representó 30 mil 36 pesos por persona, casi el doble del salario mensual promedio.
El contraste marca el centro del informe en el que México logró bajar los asesinatos, pero todavía arrastra un daño económico, social e institucional que acota el alcance de esa mejora.
El descenso más relevante apareció en la tasa de homicidios, con una reducción de 22.7 por ciento, equivalente a casi siete mil asesinatos menos que el año anterior. Aun así, el país cerró el año con más de 24 mil víctimas de ese delito, 35 mil personas desaparecidas y 12 mil sin localizar.
La presión sobre el presupuesto mostró otra dimensión del reto. El gasto federal para contener y responder a la violencia llegó a 728 mil millones de pesos, cantidad que representa 18.2 por ciento del impacto económico total.
Sin embargo, México destinó apenas 0.5 por ciento del PIB al sistema de justicia y seguridad pública, menos de una tercera parte del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), situado en 1.7 por ciento.
Michael Collins, director para las Américas del IEP, planteó que el resultado debe leerse como una recuperación, no como una salida al problema: “Ha mejorado la paz. Para consolidarla hará falta muchísima más inversión en materia de seguridad comunitaria y también de justicia”.
Para los especialistas que presentaron el informe, ese rezago presupuestal deja una advertencia directa sobre la estrategia nacional. La baja en los asesinatos abre una señal positiva, pero no garantiza una mejora sostenida si las instituciones encargadas de investigar, procesar y resolver delitos carecen de capacidad para responder a la magnitud de la violencia.
Ana Laura Magaloni, directora del Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia, colocó el foco en la fragilidad de las instituciones que deben sostener los avances. Advirtió que la reducción de homicidios no basta si las autoridades judiciales no dan certeza a las víctimas. Bajo su lectura, las fiscalías aparecen hoy como el eslabón más débil para convertir la baja delictiva en paz efectiva.
HA MEJORADO la paz. Para consolidarla, hará falta muchísima más inversión en materia de seguridad comunitaria y también de justiciaMICHAEL COLLINS Director para las Américas del IEP
NO ES FÁCIL, después de episodios de violencia, poder salir de esto. Se requiere muchísimo trabajo (para avanzar)LUCÍA CARMINA JASSO Investigadora del IIS de la UNAM
En el balance nacional, la mejora de 2025 tampoco devuelve al país al nivel registrado hace una década. La calificación del índice permanece 9.9 puntos porcentuales por debajo de 2015. En ese mismo periodo, los delitos cometidos con armas de fuego acumulan un crecimiento de 41.2 por ciento, mientras que los crímenes por delincuencia organizada duplicaron su nivel.
Para los especialistas, el cambio de tendencia en los homicidios convive con nuevas formas de presión criminal. Aunque los delitos de alto impacto ligados a grupos organizados tuvieron una baja, el narcomenudeo creció 10 puntos en el último informe y se triplicó frente a los registros de hace diez años. La extorsión también mantuvo una ruta ascendente.
El miedo social también resistió a la mejora estadística. Lucía Carmina Jasso, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, destacó que 75.6 por ciento de la población todavía considera inseguro el estado donde vive.
Jasso señaló que el miedo modifica rutinas básicas, como permitir que niñas y niños salgan a la calle, asistir a la escuela o destinar dinero a protecciones para la vivienda. La reducción de homicidios, explicó, no elimina de inmediato el impacto que dejan los episodios de violencia en la población.
“El miedo a la violencia no solamente es a nivel personal, también se da en las empresas o en las ciudades. Hay literatura que habla de las ciudades asustadas, donde se invierte más en proteger que en otras cuestiones que podrían ser más importantes”, dijo.
En materia penitenciaria, el informe también registró una presión creciente. Durante 2025, la población carcelaria aumentó en más de 20 mil personas, un alza de 8.9 por ciento, hasta superar los 256 mil internos al cierre del año. Para Magaloni, ese dato responde a una estrategia federal que cambió frente a gobiernos anteriores.
Los datos del sistema judicial muestran, sin embargo, un cuello de botella. El IEP advierte que México cuenta con alrededor de dos jueces y magistrados por cada 100 mil habitantes, una séptima parte del promedio mundial. La brecha ayuda a explicar por qué el crecimiento de detenciones no necesariamente se traduce en verdad, sanción o reparación para las víctimas.
Con ese telón institucional, la mejora territorial también resultó desigual: 22 entidades avanzaron en sus niveles de paz y 10 retrocedieron. La diferencia entre estados volvió a mostrar que la baja nacional no borra los focos rojos ni las brechas entre regiones.
Jasso pidió leer ese avance con cautela, porque la delincuencia deja marcas que no desaparecen al mismo ritmo que las cifras: “No es fácil, después de episodios de violencia, poder salir de esto. Se requiere muchísimo trabajo”.
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