EL NÚMERO oficial de personas migrantes desaparecidas en México queda rebasado por los reportes citados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Mientras el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reconoció 277 víctimas extranjeras en esa condición, estudios retomados por el organismo documentaron 686 casos en los desiertos del norte del país durante 2022. A estos se suman otros 561 reportados en Chiapas durante los tres años anteriores.
La cifra adquiere mayor peso porque los reportes externos no corresponden a una medición nacional, sino a recortes territoriales y temporales específicos. Aún con ese alcance limitado, ambos conteos superan por separado la cifra asentada en el RNPDNO para personas migrantes, lo que expone un posible subregistro en una población que suele desplazarse sin redes de apoyo, documentos o condiciones inmediatas para denunciar.
De acuerdo con la información recibida por la comisión, las ausencias en contexto de movilidad aparecen en zonas fronterizas y rutas de tránsito. El documento relacionó estos hechos con grupos criminales que operarían en ocho estados al norte del país, mientras que en el sur se mencionó con énfasis a Chiapas, Tabasco y Veracruz.
- EL TIP: LA COMISIÓN recordó 3 episodios abiertos: la masacre de 72 personas en San Fernando, el hallazgo de 196 restos en fosas clandestinas en 2011 y los 49 torsos localizados en Cadereyta.
El perfil descrito por la CIDH colocó en el centro a hombres migrantes provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, en edad productiva y sin estancia regular en México. El informe, además los identificó, en general, como personas que cruzaron el país en busca de mejores condiciones económicas.
La Fundación para la Justicia informó que, entre los casos que acompaña, 90 por ciento correspondió a hombres de 20 a 40 años y el resto, a mujeres de 17 a 50.
La composición de las víctimas, sin embargo, se amplió durante las últimas dos décadas. El documento recogió más reportes de mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como de personas procedentes de Colombia, Cuba, Ecuador, Haití, Nicaragua, Perú y Venezuela. A esos países se suman casos de origen extracontinental, incluidos África y Asia.
Con relación a las modalidades, el informe enumeró secuestros masivos en autobuses, retenciones de grupos pequeños o de personas solas, cautiverio en “casas de seguridad” y privación de libertad en estaciones migratorias o cárceles sin aviso a familiares.
Esa falta de notificación llevó a los parientes a iniciar búsquedas como si se tratara de una desaparición.
Para la comisión, esas privaciones de la libertad pueden derivar en desaparición por reclutamiento para trabajo forzado, extorsión familiar o control migratorio. El documento también señaló que, ante contextos de criminalidad organizada, los estados deben investigar posible participación, connivencia o aquiescencia de autoridades.
Dilma Medina Escobar habló ante la CIDH como madre y abuela a cargo de una familia hondureña rota por la desaparición. Ella buscaba desde hacía seis años a su hija, Olga Edelmira Romero Medina, quien dejó seis hijos pequeños. Sin recursos para viajar a México y con su esposo fallecido, pidió apoyo directo para seguir el caso y encontrar respuestas.
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