Reciprocidad en extradiciones, pide CSP a EU: hay pedidos 269 y cero enviados

De 2018 a la fecha, Estados Unidos no ha enviado a ninguna persona en extradición solicitada por México mediante 269 requerimientos, dio a conocer el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, quien además, aseguró que pedir más pruebas para sustentar las peticiones que dicho país hace al Gobierno mexicano, como el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es una práctica “legal y convencional” entre ambas naciones.

“Nuestra postura es legal y es convencional. Es recíproca y es previsible, porque es la forma en que hemos actuado ambos gobiernos. Y es naturalmente garante del debido proceso. Estamos comprometidos con la cooperación internacional en materia de justicia con apego al derecho, con respeto a la soberanía”, sostuvo durante la conferencia presidencial.

El funcionario expuso que el fundamento legal para que México pida elementos y pruebas cuando recibe solicitudes de detención con fines de extradición reside en el propio acuerdo que ambos países sostienen en la materia.

• EL DATO: ESPECIALISTAS del Inacipe en Derecho enfatizaron en un foro la necesidad de fortalecer los mecanismos de tutela judicial en los procedimientos de extradición.

“Ese tratado, obviamente, se tiene que analizar de manera integral. Y va de la mano del artículo 11, que habla de la detención provisional. ¿Cuál es la concreción jurídica? Que el artículo 11 y 12, al ir de la mano, permiten a los gobiernos pedir en cualquier momento del proceso —que tiene varias fases— mayor información sobre las solicitudes de

extradición”, señaló.

El secretario ahondó en que el artículo 9 de tal documento aborda los casos de solicitudes respecto a nacionales, en donde México tiene la obligación de realizar una investigación exhaustiva antes de entregar a la persona.

Comentó que el artículo 17 de la Ley de Extradición igualmente apunta que se deben acreditar la manifestación de existir una orden de aprehensión y la expresión del delito, la cual debe ser lo suficientemente clara y precisa. En caso de que sea vaga, se puede solicitar mayor información.

Velasco Álvarez resaltó que el estándar aplicado en estas situaciones ha sido solicitar información complementaria para proceder con las solicitudes de detención provisional, lo cual también ha hecho Estados Unidos.

“En el caso de Estados Unidos, cuando hay delitos complejos, como es el caso de corrupción, de desaparición forzada, las autoridades estadounidenses nos solicitan sistemáticamente información complementaria, estableciendo un alto estándar de revisión, incluso para proceder sobre la solicitud de detención provisional. Esta es la práctica que hemos seguido ambos países”, dijo.

Bajo esta dinámica es que Estados Unidos no ha atendido con entregas ninguno de los 269 requerimientos hechos por México entre el 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026.

De estos, 36 ya fueron negados por EU y 233 permanecen pendientes, de los cuales 183 corresponden a peticiones formales de extradición y los otros 50 a solicitudes de detención provisional con fines de extradición. En 47 de las últimas 50, Estados Unidos requirió a México presentar información adicional.

Por ello, el funcionario subrayó que el pedir pruebas adicionales que fundamenten las solicitudes es una práctica que se ha aplicado desde años anteriores entre ambos países.

“Es una práctica común entre los dos países que se requieran elementos adicionales, no es algo que nunca haya ocurrido o que esté fuera del Tratado, como han sugerido algunas personas en la prensa mexicana”, dijo.

Entre los casos de las solicitudes varadas en el gobierno estadounidense está el del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien es acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

También Víctor Manuel Álvares, señalado por desfalco en la Secretaría de Gobernación y también se le vincula con el crimen organizado. Otro solicitado es el juez José Ulises “N”, requerido por el caso Ayotzinapa.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó a EU por no haber entregado, hasta ahora, a ninguna persona que se les ha pedido en extradición, a pesar de estar vinculadas a delitos como la delincuencia organizada y casos graves, como lo ocurrido en Iguala con los normalistas, y aunque uno de los acuerdos en la relación bilateral es de reciprocidad.

“Del 1.º de enero del 2018 al 13 de mayo del 2026, 269 requerimientos de extradición. No han enviado ninguno. Porque la relación es recíproca. Hay casos gravísimos para México: factureros, exgobernadores acusados de delincuencia organizada, Ayotzinapa.

“No hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México. Es decir, ¿qué pide siempre México? Por lo menos nosotros: reciprocidad. ¿Por qué no han entregado a ninguno, si son casos relevantes, si hay reciprocidad?”, expresó.

ACUSAN USO POLÍTICO

Por: Elizabeth Hernández

LA DEFENSA de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, negó cualquier vínculo entre el expediente abierto en México en su contra y acusaciones por narcotráfico o protección al crimen organizado. Sus abogados acusaron al Gobierno federal de usar ese caso en su respuesta ante Estados Unidos por señalamientos contra otros actores políticos.

El equipo legal del exmandatario ubicó el origen del expediente judicial en una operación inmobiliaria de hace siete años, relacionada con la compraventa de un departamento y un cajón de estacionamiento. Según el posicionamiento, esa transacción privada derivó en distintas hipótesis penales, incluida delincuencia organizada.

A decir de la defensa, existen documentos, registros financieros y testimonios que acreditan la legalidad del acto. Los abogados buscan separar el caso de acusaciones ligadas al narcotráfico y presentarlo como una operación patrimonial que, dijeron, terminó convertida en causa penal.

Sostuvo que su cliente no se encuentra prófugo ni oculto, sino que vive en EU “libre y abiertamente”. Añadió que el exgobernador ha acudido desde hace más de seis años ante instancias de México y EU para denunciar presuntos actos de corrupción y delincuencia organizada. Entre esos hechos mencionaron el fraude fiscal con combustibles, conocido como “huachicol fiscal”, así como supuestas redes criminales con protección política en territorio mexicano.

Al estilo Trump, Mundial desata redadas contra indocumentados

Por: Claudia Arellano

La puerta se abrió de golpe. Day-ren apenas tuvo tiempo de vestirse antes de que agentes migratorios le ordenaran salir del departamento donde vivía junto con su prima en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. No hubo explicación, tampoco una orden judicial visible. Sólo instrucciones rápidas y la presión de abandonar el lugar de inmediato.

“No pudimos sacar de la casa dinero ni nada, únicamente los pasaportes”, recordó en entrevista la joven cubana de 29 años. Horas después, fue trasladada, primero a Iztapalapa y posteriormente a una estación migratoria en Veracruz. Ahí, relató, les hicieron firmar documentos sin mayores aclaraciones y más tarde las dejaron en libertad en plena madrugada.

“Nos dijeron que pidiéramos un taxi para ir a un hotel y que al día siguiente fuéramos a la Comar (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados). Era la medianoche del martes y nos la tuvimos que arreglar”, narró a La Razón.

• EL DATO: ORGANIZACIONES EXPRESARON preocupación por al menos dos casos de allanamiento en viviendas particulares presuntamente realizados por fuerzas federales.

Su caso forma parte de una serie de denuncias documentadas por organizaciones civiles y colectivos de acompañamiento a personas migrantes que alertan sobre el incremento de operativos migratorios en distintas zonas de la capital del país y el Estado de México.

Las acciones, aseguraron, involucran al Instituto Nacional de Migración (INM), Guardia Nacional (GN), Ejército, la Secretaría de Marina (Semar) y policías capitalinos, pero también se da en otros puntos de la República Mexicana.

La Red Jesuita con Migrantes México acusó que se trata de un esquema de control “profundamente militarizado” que coincide con políticas de “orden y limpieza” impulsadas por autoridades capitalinas rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026.

De acuerdo con los reportes de organizaciones civiles, en la capital —la principal sede en el país del torneo internacional— las revisiones y detenciones se han concentrado en las colonias Guerrero, Doctores, Tepito y La Merced, además de puntos de alta actividad comercial, como Polanco, Patriotismo y las inmediaciones de centros comerciales, como Antara y Miyana.

Uno de los casos más recientes ocurrió el 1 de mayo en la zona de Polanco, donde agentes migratorios realizaron operativos contra repartidores de plataformas digitales. Organizaciones como Apoyo a Migrantes Venezolanos, el Instituto para las Mujeres en la Migración y la Clínica Jurídica Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana documentaron detenciones de personas cubanas, venezolanas, haitianas y hondureñas, algunas de ellas con trámites activos ante la Comar.

Julio —nombre solicitado para proteger su identidad— relató que agentes del INM lo interceptaron mientras trabajaba cerca de la plaza Miyana.

“Me quitaron los teléfonos y me subieron a la camioneta”, narró el hombre. Aunque mostró su constancia de inscripción al Padrón de Huéspedes y Migrantes en Retorno del Gobierno capitalino, fue trasladado a la estación migratoria Las Agujas, en Iztapalapa.

Ahí, aseguró, le tomaron huellas, fotografías y lo obligaron a firmar documentos “que ni siquiera te dejan leer”. Horas más tarde fue enviado junto con otras 20 personas a Villahermosa, Tabasco. “Nos bajaron del autobús y en menos de 10 minutos ya estábamos en la calle”, relató.