La ausencia del senador morenista Enrique Inzunza volvió a escalar en la Comisión Permanente del Congreso, luego de que acumulara su cuarta inasistencia consecutiva desde su instalación el pasado 30 de abril, por lo que la oposición acusó a Morena de proteger al legislador sinaloense y exigió explicaciones públicas sobre su ausencia.
El vicecoordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, sostuvo que Morena ha actuado con “complacencia” frente a las reiteradas faltas del legislador, y reprochó que el oficialismo no haya aclarado si será llamado a comparecer o a reincorporarse a los trabajos legislativos.
“Corresponde a Morena y a él tomar la decisión de asistir aquí a la Permanente. Parece que a ellos no les urge que venga”, dijo el tricolor.
- El Dato: Ávila anticipó que los coordinadores parlamentarios y el presidente de la Jucopo definirán, en los próximos días, los tiempos para el juicio político contra Maru Campos.
Añorve señaló que el caso, en el que Estados Unidos señaló a 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico, refleja el nivel de control político que, acusó, Morena ejerce sobre las instituciones y ligó la situación con la crisis que vive la entidad.
En su oportunidad, el coordinador de senadores del PAN, Ricardo Anaya, exigió que el próximo periodo extraordinario incluya la desaparición de poderes en Sinaloa por la presunta infiltración del crimen organizado en las instituciones estatales.
“Exigimos que el periodo extraordinario incluya la desaparición de poderes en el estado de Sinaloa, porque no solamente se infiltró el Poder Ejecutivo, sino también el Poder Legislativo y el Poder Judicial”, afirmó el legislador.
Aseguró que el caso de Sinaloa demuestra la gravedad de la infiltración criminal en la política mexicana: “Decían que no había pruebas y resulta que las pruebas ya llegaron por su propio pie a EU”, dijo en referencia a exfuncionarios del gobierno sinaloense que se entregaron a autoridades de ese país.
Durante la sesión, la senadora panista Lilly Téllez preguntó insistentemente frente al escaño de Inzunza sobre el paradero del legislador morenista: “¿Dónde está Inzunza?”, preguntó, y luego soltó: “Qué asco los narcopolíticos”.
Tanto el PAN como el PRI coincidieron en acusar a Morena de utilizar las instituciones para proteger a perfiles afines y cuestionaron que, pese a las ausencias consecutivas de Inzunza en la Comisión Permanente, el grupo mayoritario no haya fijado una postura pública sobre el caso.
DECISIONES. Previamente, Arturo Ávila, vocero de los diputados federales de Morena, consideró que el senador Inzunza debería separarse del cargo para que las autoridades puedan investigar su presunto vínculo con el crimen organizado sin que medie el fuero constitucional, aunque la decisión corresponde exclusivamente al legislador.
En conferencia de prensa, en la que aclaró que era una postura personal y no del partido, dijo: “Yo siempre pensaré que cuando alguien está señalado es deseable pedir licencia para que las autoridades puedan llevar a cabo una investigación sin que exista el fuero constitucional”.
Señaló que, así como el exgobernador Rubén Rocha se separó del cargo para ser investigado, la misma lógica aplicaría para el senador, pero “es una decisión que tiene que tomar él”.
El diputado rechazó que el caso afecte electoralmente a Morena y citó una encuesta reciente que ubica al partido con 44 por ciento de intención de voto en Sinaloa frente a nueve por ciento del PAN.
Sobre la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, Ávila consideró que sus declaraciones del miércoles equivalen a una confesión de delitos graves, luego de que la mandataria reconoció, dijo, que opera con agencias estadounidenses.
“No hay obligación legal para vigilar a señalados”
Por Yulia Bonilla
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que haya algún motivo legal para mantener vigilancia sobre los ocho exservidores públicos sinaloenses señalados por Estados Unidos de presuntos nexos con el narco; sin embargo, precisó que todos cuentan con una ficha roja en su contra que los identificaría en cualquier país si es que llegaran a salir de México.
En conferencia de prensa, recordó que las acusaciones fueron fincadas por la Fiscalía de Estados Unidos, y es ésta la que lleva la indagatoria: “Bueno, la Fiscalía —como saben— abrió una investigación; entonces, pues ellos desarrollarán su investigación. Pero, digamos, no hay nada legal que nos obligue a que nosotros tengamos una vigilancia particular con las otras personas”.
- 2 de los acusados se entregaron a autoridades de EU
La mandataria federal subrayó que derivado de las investigaciones estadounidenses, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió fichas rojas para su localización en cualquier parte de mundo. Refirió que ocho de los 10 señalados por el caso Sinaloa que no se entregaron a EU, permanecen dentro del país.
“Hay una orden de aprehensión, por parte del gobierno de Estados Unidos. Eso hace que se alerten fichas rojas
—llamadas—, por parte de la Interpol. Entonces, eso es del gobierno de Estados Unidos. Si ellos llegaran a salir de México: otros países, a partir de la alerta roja que emitió el gobierno de Estados Unidos, pudiera llegar a detenerlos”, declaró.
Sobre el estatus del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó que permanece dentro de su domicilio en Sinaloa. Aunque el jueves el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que el exmandatari ya no contaba con custodia federal, la Presidenta aseguró que mantiene el blindaje por parte de la Guardia Nacional.
“Entiendo que hay vigilancia, como hay para cualquier persona que la solicita, y a partir de una evaluación de riesgo. Entiendo que sí (la tiene todavía)”, dijo.
• Saúl condiciona
