La saxofonista y activista María Elena Ríos, sobreviviente de un ataque con ácido ocurrido en 2019 y promotora de la llamada Ley Malena, confirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó su caso y frenó un nuevo intento para liberar a su agresor, el exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal, a quien señaló como responsable intelectual del atentado que casi le cuesta la vida.
Ríos confirmó en entrevista con La Razón que, tras una manifestación que ella convocó en el Monumento a la Revolución, de la Ciudad de México, su defensa le notificó que la audiencia programada a las 10:00 horas, en el estado de Oaxaca, se suspendió.
- El Dato: hace 2 semanas el pleno de la SCJN decidió por mayoría no atraer el caso de Ríos por no considerarlo relevante, y determinó que la justicia de Oaxaca desahogue el proceso.
La activista denunció que en la audiencia de ayer podría haberse concretado la absolución definitiva de Vera Carrizal, motivo que la tenía preocupada.
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“El trámite que hicimos en estos últimos días en la Corte para que reconsideraran atraer los amparos de Juan Antonio Vera Carrizal y dos autores materiales más, pues sí entró en trámite”, expuso.
Por ello, la decisión paraliza provisionalmente el proceso local en Oaxaca y abre la posibilidad de que el alto tribunal determine el destino de las impugnaciones de la defensa.
La suspensión de la audiencia representa un aliento para Ríos, aunque admitió haber sentido temor al inicio de la jornada ante una posible resolución adversa, ya que son muchos tropiezos que ha dado para encontrar justicia.
La activista oaxaqueña dijo que su defensa legal, encabezada por la abogada Cynthia Almazán, refirió que el futuro del caso se divide en dos vías dentro del máximo tribunal del país.
- 5 meses recibió atención la saxofonista por sus heridas
“Uno es el desechamiento de amparos: Si la mayoría de los ministros vota a favor del proyecto, los recursos de revisión promovidos por Vera Carrizal serán desechados de forma definitiva, permitiendo que el proceso penal continúe su curso en el fuero común y el otro sería la devolución a tribunales locales: De no alcanzar los votos necesarios, el expediente regresaría a la jurisdicción de Oaxaca”, dijo. Aunque advirtió que este es un escenario que observa con desconfianza, y es que dice que existe el riesgo de que la defensa intente aproximarse a las personas “llamadas a testificar para ofrecer incentivos económicos a cambio de entorpecer o modificar sus testimonios”.
“Era probable que (ayer) fueran a liberar a esta persona, a pesar de todos los esfuerzos colectivos que hicimos las compañeras. Desde la madrugada del 20 de mayo y en las próximas horas, los magistrados decidirían de manera definitiva si el asesino que me intentó matar con ácido el 9 de septiembre de 2019 saldría definitivamente de prisión”, expresó.
La activista contrastó el poder económico y político de su agresor con la vulnerabilidad en la que ella ha enfrentado el proceso judicial. Señaló que Vera Carrizal posee gasolineras, radiodifusoras y farmacias en Oaxaca, además de enfrentar señalamientos por presunto lavado de dinero y robo de combustible.
Asimismo, denunció una disparidad en el trato institucional recibido durante el proceso. Aseguró que el exdiputado ha permanecido internado más de un año y medio bajo argumentos médicos relacionados con depresión y una hemorroide, mientras que ella, con el 70 por ciento de su cuerpo afectado por el ácido, únicamente recibió atención hospitalaria durante cinco meses.
“Lo único que tengo es mi voz. Las pruebas del delito están en mi cuerpo. Lo único que tengo es mi dolor”, declaró.
Ríos recordó que el pasado 14 de agosto de 2024 un juez, identificado como José Gabriel Ramírez Montaño, presuntamente habría recibido 25 millones de pesos para absolver a Vera Carrizal, situación que derivó en investigaciones y en la cancelación de una boleta de liberación.
Explicó que posteriormente el acusado promovió diversos amparos y recursos de revisión para recuperar su libertad. Aunque la Fiscalía General de la República buscó atraer el caso a la SCJN, la mayoría de los ministros no respaldó dicha solicitud y el expediente regresó a Oaxaca.
Ante este escenario, la saxofonista hizo un llamado desesperado a la sociedad y a la Presidenta Claudia Sheinbaum para evitar que el caso quede impune. “Le quiero pedir como ruego a toda la audiencia que por favor no me deje sola. Por favor Presidenta, usted tocó mis heridas, ayúdeme”.
El caso escaló también hasta el Gobierno federal. La Secretaría de las Mujeres expresó su profunda preocupación ante la posibilidad de que Juan Antonio “N”, señalado como presunto autor intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista, pueda obtener su libertad.
A través de un posicionamiento oficial, hizo un “respetuoso pero enérgico llamado” a las y los magistrados responsables de determinar la situación legal del imputado para que actúen conforme a los principios constitucionales de igualdad sustantiva y al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
“El Estado mexicano tiene deberes reforzados para garantizar los derechos de las mujeres y evitar cualquier resolución que pueda traducirse en impunidad”, señaló la dependencia.
Asimismo, indicó que ha acompañado de cerca el caso y conoce las dificultades y complejidades que María Elena Ríos ha enfrentado en su búsqueda de justicia.
