Y pues resulta que, en contra de lo que establece la propia Constitución de Sonora a partir de la reforma judicial que impulsó el oficialismo, Morena acaba de dar un cargo operativo-partidista a una jueza recientemente electa. Se trata de Blanca Diva Ponce Caro, juzgadora penal del circuito 2, quien fue nombrada secretaria ejecutiva de un comité seccional guinda, cuya función es organizar a las bases, promover las acciones y actividades de su partido y llamar al voto. Tras la enmienda de 2024, la Constitución del estado, se ha informado, se prohíbe a los jueces aceptar cargos en el gobierno, en municipios o en instancias particulares. “Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los magistrados regionales de circuito, los jueces de primera instancia, los jueces laborales y los jueces locales que estén en funciones, no pueden ser abogados en causa ajena, apoderados, asesores o árbitros de derecho, ni desempeñar ningún empleo, cargo o comisión de la Federación, del gobierno del estado, de otras entidades, de los municipios, o de particulares”, señala. Nos hacen ver que ni en la tierra del gobernador Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, se respetan las reglas que su mismo partido impuso. Uf.
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