El Senado de la República aprobó en lo general con 87 votos a favor de Morena, PT y PVEM, 40 en contra del PAN, PRI y MC, y cero abstenciones, la reforma constitucional en materia judicial que posterga la siguiente elección de jueces y magistrados del año 2027 al primer domingo de junio de 2028, simplifica boletas y crea una Comisión Coordinadora de Comités de Evaluación, en medio de un debate cargado donde la oposición acusó al oficialismo de enmendar su propia reforma sin reconocer su fracaso.
Tras la dispensa del requisito reglamentario de publicación del dictamen con 24 horas de anticipación, el senador Óscar Cantón, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, defendió la iniciativa como un acto de madurez.
“Esta reforma no cancela la reforma judicial, la fortalece, la enriquece; no desconoce el avance democrático alcanzado, lo ordena, lo precisa y lo consolida”, afirmó desde tribuna.
- 17 congresos estatales deben aprobar la enmienda
Del lado del PRI, el senador Rolando Zapata Bello advirtió: “Si una reforma presentada como histórica en 2024 necesita ser remendada con tanta rapidez, lo que quedó demostrado es que el modelo original fracasó”.
El senador panista Marko Cortés acusó al oficialismo de buscar “jueces de consigna” para proteger a funcionarios y gobernadores vinculados al crimen organizado, y calificó la reforma original de 2024 de “ilegítima” por lo que describió como presiones y coacciones a senadores para alcanzar la mayoría calificada.
El emecista Clemente Castañeda calificó el dictamen como “un parche” y una “reforma de la hipocresía”, al señalar que el oficialismo intenta contener los efectos internacionales de sus propias decisiones mientras simultáneamente impulsa otra reforma para sancionar supuestas presiones extranjeras en procesos electorales.
Hasta el cierre de esta edición, la sesión en el recinto senatorial continuaba para sacar adelante reservas de 17 senadores, entre ellas lo referente a extender seis años más el cargo de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
También la reforma constitucional que incorpora una nueva causal de nulidad electoral cuando medie intervención extranjera. Asimismo, la creación de una comisión encargada de verificar candidaturas, conformada por cinco consejeros del INE.
