México llega al Día Nacional de la Libertad de Expresión con un creciente número de periodistas desaparecidos, un secuestro reciente en Veracruz y un diagnóstico internacional que ubica esos ataques dentro de la crisis nacional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que este delito golpea de forma directa al trabajo informativo, pues castiga investigaciones, borra coberturas locales y reduce el derecho ciudadano a saber qué ocurre en territorios dominados por violencia, corrupción o crimen organizado.
El caso de Roxana Berenice Guzmán Rodríguez actualizó esa alerta. Hombres armados entraron el martes a su casa en Nanchital, Veracruz, y se la llevaron por la fuerza, de acuerdo con reportes de la fiscalía estatal retomados por organismos de defensa de la prensa.
- El Dato: Comunicadores de Los Mochis, Sinaloa, aseguraron que el periodismo requiere una “brújula ética inquebrantable” y un compromiso permanente con la verdad.
La comunicadora fundó y editaba Pulso Informativo del Sureste, una página local de noticias en Facebook. Su secuestro ocurrió frente a familiares y con un video viral que ella misma grabó y que mostró la irrupción del grupo de secuestradores en su hogar a plena luz del día.
De acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), las autoridades mexicanas deben investigar de inmediato el móvil, ubicarla con vida y llevar a los agresores ante la justicia.
La organización subrayó que Guzmán Rodríguez no reportó amenazas recientes ante el órgano estatal veracruzano encargado de apoyar a comunicadores, dato que exhibe una de las zonas más débiles de la protección institucional.
Artículo 19 también pidió considerar su labor periodística como una posible línea de investigación. La exigencia retoma un estándar básico para crímenes contra comunicadores. Antes de descartar la relación con publicaciones, coberturas o denuncias, las fiscalías deben agotar esa hipótesis.
En los hechos, esa falla ha sido una constante en expedientes donde la vida personal de la víctima se usa para desplazar el contexto profesional.
Veracruz aparece en el informe de la CIDH como uno de los estados con antecedentes graves. El organismo cita datos del Registro Nacional 15de Personas Desaparecidas y No Localizadas que, hasta abril de 2025, contaba 15 periodistas desaparecidos o no localizados y 17 más que ya habían aparecido, con o sin vida. Veracruz sumaba tres.
La cifra de Artículo 19 amplía el panorama. De 2003 a la fecha, esa organización registró 32 periodistas desaparecidos en México en posible relación con su trabajo. Veracruz concentra uno de los focos de mayor riesgo, con cuatro casos de desaparición registrados desde 2012 hasta abril del 2025.
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El organismo advirtió que en varios municipios de esta entidad existen contextos de violencia y presencia del crimen organizado, que se relaciona directamente con la labor periodística.
La diferencia en el número de casos que muestran diferentes organismos nacionales e internacionales no reduce la gravedad del problema, sino que muestra una dificultad estructural para contar, clasificar y esclarecer agresiones.
José Alfredo Jiménez Mota, reportero de El Imparcial, aparece como un caso emblemático en el informe interamericano. El comunicador desapareció en abril de 2005 en Hermosillo, Sonora, y el Estado mexicano reconoció su responsabilidad internacional por desaparición forzada dentro de un proceso de solución amistosa. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión mantiene abiertas las líneas vinculadas con su labor, sin ningún alcance real, a más de dos décadas de ese delito, según la información oficial enviada a la CIDH.
Frente a ese antecedente, la comisión advierte que la desaparición de periodistas no sólo daña a la víctima directa. También envía un mensaje al gremio. Cuando un reportero desaparece por cubrir seguridad, corrupción, política local o crimen organizado, otros colegas calculan cada nota, reducen coberturas o abandonan fuentes. Así nacen las zonas de silencio informativo, donde la ausencia de noticias no significa paz, sino miedo.
- El Tip: Artículo 19 reveló que, en América Latina, 23 periodistas fueron asesinados en 2025. Esto equivale a la muerte de un comunicador cada 16 días en la región.
El estudio de Grisel Salazar Rebolledo sobre zonas de silencio en México plantea que la violencia criminal por sí sola no explica toda la autocensura. El escenario más nocivo surge cuando grupos delictivos conviven con patrones autoritarios en el poder local. Esa combinación restringe a la prensa, debilita a redacciones estatales y deja a comunidades sin información básica sobre seguridad pública, abusos oficiales o redes criminales.
Otra investigación, elaborada por Celia del Palacio Montiel, examinó Veracruz entre 2010 y 2014, y describió estrategias de control sobre información relacionada con hechos violentos.
El trabajo documentó agresiones, exilio forzado de periodistas y una presión constante sobre medios impresos y digitales. Ayuda a entender por qué el secuestro de Guzmán no ocurre en el vacío. El cuadro se agravó con otras formas de censura que avanzaron desde 2025.
Artículo 19 documentó 451 agresiones contra la prensa en México durante ese periodo, entre ellas siete asesinatos y una desaparición. También registró un incremento del acoso judicial, con demandas, denuncias y procedimientos que obligan a reporteros y medios a invertir tiempo, dinero y energía en defenderse, aun cuando el objetivo real puede ser inhibir publicaciones incómodas.
Para diversos colectivos, estas cifras enlutan el Día Nacional de la Libertad de Expresión y pierde cualquier tono ceremonial. La fecha, instaurada en 1951 para subrayar la importancia de una prensa libre e independiente, llega ahora marcada por reporteros que no regresan a casa, redacciones que miden riesgos antes de cubrir una nota y familias que buscan justicia durante años.
La CIDH señala que México enfrenta una crisis de desapariciones y una emergencia de identificación humana. Cada expediente sin resolver reduce el espacio de vigilancia social, fortalece pactos de silencio y permite que zonas enteras queden bajo narrativas impuestas por autoridades omisas o grupos criminales.
Hoy, la búsqueda de la periodista Roxana Guzmán en Veracuz concentra la urgencia inmediata. También expone una deuda acumulada con decenas de comunicadores desaparecidos.
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