“Mexicanos al Grito de Paz” la organización que reproduce en México el discurso impulsado por la administración Donald Trump para deslegitimar al Estado mexicano.
Miguel Alfonso Meza y Laura Ballesteros se muestran como los brazos jurídico y legislativo de una arquitectura institucional deliberada y carente de base orgánica.
La organización denominada “Mexicanos al Grito de Paz” ha impulsado en fechas recientes toda una serie de acciones de propaganda y protesta dirigidas contra actores políticos vinculados a Morena. Pese a presentarse como un movimiento ciudadano espontáneo, el análisis de su estructura digital, sus perfiles de respaldo y, sobre todo, el contenido de su narrativa, revela una red de activismo opositor que reproduce de manera funcional el discurso impulsado desde el gobierno de Estados Unidos para presionar y deslegitimar al Estado mexicano.
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El encuadre central que articula las campañas de “Mexicanos al Grito de Paz” —la idea de que México es un Estado cooptado por el crimen organizado, cuyo gobierno pacta con los cárteles en lugar de combatirlos— no es una construcción ciudadana original. En sus términos esenciales, se trata de la misma narrativa que la administración Trump ha instrumentalizado sistemáticamente desde enero de 2025 como herramienta de presión geopolítica.
Desde su llegada al poder, Donald Trump firmó una orden ejecutiva designando a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, argumentando que representaban una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Esta narrativa no es neutral ni espontánea, sino una construcción destinada a erosionar la legitimidad del gobierno mexicano ante su propia ciudadanía y la comunidad internacional, creando condiciones discursivas favorables a la injerencia.
“Mexicanos al Grito de Paz” reproduce en el ámbito nacional los mismos encuadres: el gobierno como cómplice del narco, los políticos morenistas como operadores del “huachicol electoral”, la exigencia de “elecciones sin narco”. Sus consignas —“Nunca más un narco gobernando”, “Rompa el pacto político-criminal”— son el equivalente doméstico de lo que Trump proyecta desde Washington.
La agrupación, surgida en febrero de 2026 en redes sociales, desplegó en horas acciones simultáneas en cinco ciudades del país, lo que demuestra que el impulso de esta narrativa es todo menos orgánico. El simple monitoreo de sus cuentas revela un crecimiento que poco o nada responde a dinámicas orgánicas: en cinco horas del 11 de marzo, su cuenta en X duplicó su base de seguidores, de 659 a 1,329. Entre los perfiles que integran su ecosistema digital destacan militantes juveniles del PAN con actividad parlamentaria, el diputado federal panista César Damián, miembros del partido Somos MX en Veracruz y el activista digital Miguel Alfonso Meza, promotor de la iniciativa @mexicanosvsnarcoestado. Este perfil de seguidores —jóvenes con carrera política en construcción, ligados a partidos de oposición y comunidades de derecha como Nueva Derecha México— apunta a una operación de movilización política articulada, antes que a una expresión espontánea de la ciudadanía.
La dimensión organizativa del colectivo se confirma mediante su articulación con Defensorxs A.C., organización civil encabezada por Miguel Alfonso Meza, la cual opera como estructura jurídica paralela a las movilizaciones. A ello se suma la relación de Meza con Laura Ballesteros, actual diputada de Movimiento Ciudadano y en su momento, suplente de candidata del PAN a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, quien opera como puente institucional del movimiento, trasladando las protestas del colectivo a las tribunas del Poder Legislativo y coordinando conferencias de prensa para promover la narrativa de influencia trumpista.
La existencia de este brazo legal constituido y su paralelo legislativo, ponen de relieve que “Mexicanos al Grito de Paz” cuenta con una arquitectura institucional deliberada, incompatible con el origen espontáneo que sus promotores reivindican y afín a los intereses intervencionistas que a la fecha buscan desestabilizar la política en México.
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FGR
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