Alberto José Mayrein Contreras pensó que su viaje había terminado cuando encontró un espacio dónde colocar una lona, un colchón y algunas pertenencias junto a otros migrantes que, como él, llevaban meses esperando una oportunidad para rehacer su vida. Pero ahora enfrentan un nuevo desplazamiento, ahora provocado por la fiesta mundialista en México.
“Salí de mi país porque ya no podía vivir allá. Caminé miles de kilómetros, crucé fronteras, pasé hambre y dormí en la calle. Cuando por fin encontré un lugar donde mis hijos podían dormir sin mojarse con la lluvia, nos dijeron que teníamos que irnos otra vez. Siento que seguimos huyendo, aunque ya no sabemos de qué”, relató, ahora desde el estado de Puebla, tras dejar el asentamiento donde se encontraba desde hace año y medio en la Ciudad de México.
La historia refleja una preocupación creciente entre defensores de derechos humanos: que la preparación de las ciudades mexicanas para la Copa Mundial de Futbol 2026 esté provocando el desplazamiento de personas migrantes, población en situación de calle y otros grupos vulnerables de los espacios públicos que ocupan actualmente.
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La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT) anunció recientemente la creación del Observatorio Mundialista de Derechos Humanos, con el objetivo de documentar posibles violaciones a derechos fundamentales en el contexto del torneo internacional que organizarán México, Estados Unidos y Canadá, pero para Alberto José “el tiempo les ganó”.
Al menos en el lugar donde yo estaba, en una zona de Iztapalapa, habíamos 170 personas y tan sólo quedaron en las casitas unos 20, los demás nos movimos”.
La organización ha documentado operativos, desalojos, detenciones arbitrarias, destrucción de pertenencias e institucionalizaciones forzadas en distintas regiones del país.
“La pobreza no debe ser tratada como una amenaza y la protesta tampoco”, advirtió la Red TDT al alertar sobre el riesgo de que las ciudades sede recurran a políticas de invisibilización y desplazamiento para mejorar su imagen ante millones de visitantes extranjeros. Uno de los casos que encendió las alertas ocurrió en la Ciudad de México, donde organizaciones de derechos humanos denunciaron un presunto ultimátum para desalojar un campamento de migrantes ubicado en la colonia Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero.
La llegada de autobuses y vehículos oficiales para realizar traslados provocó la movilización de activistas que promovieron recursos legales para frenar el desalojo. En ese asentamiento viven alrededor de 260 personas, entre ellas 170 solicitantes de refugio y cerca de 100 menores de edad.
Músicos urbanos, limpiaparabrisas, personas en situación de calle y migrantes reportan presiones para abandonar espacios del Centro Histórico de la capital, una de las zonas que será mostrada a visitantes nacionales y extranjeros durante la justa deportiva.
Otilia Arellano, representante de la asociación Amigos Trabajando en los Cruceros, sostiene que las autoridades buscan retirar del primer cuadro de la ciudad todo aquello que pueda afectar la imagen turística.
“Esto nosotros le llamamos esconder la pobreza”, afirma. Según la activista, muchas de las personas retiradas simplemente se desplazan hacia colonias cercanas, donde vuelven a enfrentar reportes vecinales y nuevos operativos, generando un ciclo permanente de
movilidad forzada.
Mientras México se prepara para recibir a millones de aficionados y proyectar una imagen de modernidad ante el mundo, organizaciones civiles advierten que el éxito del evento no debería medirse únicamente por la ocupación hotelera, las obras urbanas o los ingresos económicos.
El verdadero desafío, sostienen los activistas, será garantizar que la celebración deportiva no implique sacrificar derechos fundamentales.
Para quienes han pasado años migrando entre países, ciudades o calles, la posibilidad de ser desplazados nuevamente representa una dolorosa paradoja: mientras el mundo celebra la unión a través del futbol, algunos siguen buscando un lugar donde simplemente puedan permanecer.
- El Dato: organizaciones sociales denunciaron la subcontratación de migrantes en las obras de remodelación del Estadio CDMX y otras relacionadas con el Mundial de futbol.
También La Red Jesuita con Migrantes México documentó detenciones arbitrarias en vía pública y domicilios privados en las ciudades mundialistas como CDMX, Monterrey y Guadalajara; traslados forzados a estaciones migratorias en el sur del país sin informar el destino —principalmente Las Agujas en Iztapalapa y Siglo XXI en Tapachula—; casos de incomunicación; y la participación de fuerzas armadas en tareas que, por ley, deben tener un carácter estrictamente civil.
En Monterrey, sede mundialista y capital de Nuevo León, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana intensificó desde marzo pasado el “Operativo Rastrillo”, una estrategia para retirar a personas en situación de calle y migrantes, identificarlas mediante registro biométrico y trasladarlas a celdas municipales.
Organizaciones de derechos humanos alertan que identificar públicamente la nacionalidad de personas detenidas —sin que ese dato sea relevante para la investigación— contribuye a instalar en el imaginario colectivo una asociación entre migración y delincuencia, estigmatiza a comunidades enteras y alimenta un clima de xenofobia.
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