La extorsión aparece como uno de los delitos con mayor cercanía para la población consultada en el informe mensual de la organización México Elige. Seis de cada 10 personas respondieron que ellas o alguien de su entorno han sido víctimas, mientras una mayoría casi idéntica considera que las autoridades combaten ese ilícito poco o nada en México. El dato coloca el problema en una zona donde la percepción de inseguridad se cruza con daño directo, presión económica y baja expectativa de castigo.
El reporte de México Elige también coloca en el mismo campo el cobro de piso, práctica que golpea actividades económicas, comercios, negocios y personas. Dos de cada tres consultados consideran que las autoridades persiguen y castigan poco o nada ese delito en México. La brecha frente a quienes sí perciben sanción supera los 30 puntos.
- EL DATO: UNA NUEVA modalidad de extorsión contra comerciantes consiste en que presuntos gestores de supuestos despachos ofrecen servicios de “protección” para evitar sanciones.
Junto con la extorsión, el cobro de piso precisa el tipo de inseguridad que más pesa en el informe. No habla únicamente de temor general, sino de delitos que presionan ingresos, alteran rutinas y afectan actividades productivas. En ambos casos, la encuesta muestra una preocupación relacionada con daño cercano y duda sobre la capacidad institucional para castigar.
Ante esa problemática, el Gobierno federal construyó una respuesta específica que combina estrategia operativa, línea de denuncia, reforma legal, coordinación con estados, unidades especializadas y reportes periódicos de detenciones. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) presentó el año pasado la Estrategia Nacional contra la Extorsión, con cinco ejes de trabajo para atender un delito que no opera de una sola forma ni afecta a un solo sector.
Como punto de arranque, la autoridad federal definió una concentración territorial. Ocho entidades acumulaban 66 por ciento de las extorsiones a nivel nacional, de acuerdo con la información oficial expuesta al lanzar el plan. Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán quedaron dentro del bloque prioritario para investigación, atención a víctimas y coordinación local.
COMBATIR este delito ha sido prioridad para la Presidenta de México y para las instituciones del Gabinete de Seguridad, en coordinación con las entidades de la República. Agradecemos las denun cias ciudadanas realizadas al Gabinete de SeguridadOMAR GARCÍA HARFUCH Titular de la SSPC
El diseño del plan incluyó detenciones por investigación e inteligencia, unidades locales antiextorsión, un protocolo de atención a víctimas, capacitación de operadores del 089 y una campaña nacional de prevención. La estructura federal no se limitó al despliegue de fuerza, sino que colocó la denuncia anónima como una puerta de entrada para contener amenazas, orientar a víctimas y abrir carpetas ante fiscalías.
Para sostener ese trabajo, el país estrenó en noviembre del año pasado la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. El nuevo marco legal fijó reglas de coordinación entre autoridades, tipo penal, sanciones, agravantes, investigación, persecución y acciones transversales. También incorporó medidas para denuncia, intercambio de información y atención institucional.
La ley atiende uno de los rasgos más complejos del delito. La extorsión puede iniciar con una llamada, un mensaje, una amenaza directa o contacto físico; además, puede cruzar entidades y operar desde centros penitenciarios. Por eso, el marco legal incluyó acciones relacionadas con prisiones y mecanismos de coordinación entre distintos órdenes de gobierno.
Después de la normatividad, el Gobierno federal y los estados aprobaron en diciembre del año pasado el Acuerdo Nacional contra la Extorsión. La información oficial señala que el pacto plantea armonización legislativa en entidades, áreas especializadas en fiscalías, fortalecimiento del 089 y un manual nacional para unificar recepción de denuncias, investigación y persecución.
Rumbo a los resultados, el 089 se convirtió en una de las herramientas centrales de la estrategia federal. La SSPC reportó que, desde el inicio del plan y hasta el 1 de marzo de este año, recibió 161 mil 112 llamadas. De ese total, 142 mil 973 correspondieron a intentos no consumados por el acompañamiento en tiempo real de operadores.
Hasta ese mismo corte, sólo una de cada 10 llamadas de extorsión se consumó y orilló a la apertura de cinco mil 888 carpetas de investigación ante fiscalías por este delito. La cifra, según las autoridades, muestra el paso entre la atención inicial, la contención de intentos y los casos que llegaron a investigación formal dentro del esquema federal.
La Secretaría de Seguridad informó que hasta el 1 de marzo de este año se registraron 907 personas detenidas por extorsión en 24 estados. Luego, la Presidencia reportó que entre el 6 de julio y el 29 de marzo la cifra subió a mil 106 capturas. Para el 30 de abril, el balance oficial llegó a mil 310 personas detenidas dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, y de acuerdo con el registro del 31 de mayo ya son mil 468.
Bajo esa ruta, la respuesta federal pasó por tres niveles. Primero, la identificación de territorios con mayor concentración. Segundo, la construcción de una base legal y acuerdos con entidades. Tercero, la operación mediante atención telefónica, investigación y detenciones. Sin embargo, el reporte de México Elige coloca esta estrategia como insuficiente frente a la percepción ciudadana.
Mientras el Gobierno federal reporta estrategias y capturas, la encuesta muestra que la población consultada todavía percibe bajo combate a la extorsión y aún más el castigo al cobro de piso. El contraste queda en el centro de la estrategia federal porque el problema no sólo consiste en la existencia del delito, sino en la confianza pública sobre denuncia, protección a víctimas e investigación.
Pero esta percepción no se limita
a esos dos delitos. México Elige coloca a la inseguridad como el mayor problema que enfrenta la población, e incluso
la escala a crisis nacional. En la lectura general, este rubro supera a la corrupción, los problemas económicos y los temas sociales.
Ya en los hogares, la inseguridad aparece también como primera afectación y rebasa al alto costo de vida, a la salud y a los bajos salarios. En la pregunta sobre tipos de crisis, la de seguridad duplica con amplitud a la financiera, aun cuando el costo de vida figura entre los principales problemas familiares.
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