Estados Unidos designó al Cártel de Juárez y Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designadas, con consecuencias penales y financieras para ambas estructuras mexicanas.
El Departamento de Estado tomó la decisión bajo la firma de Marco Rubio, mientras la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro modificó este 15 de julio sus registros.
La clasificación entrará en vigor con la publicación de dos avisos en el Registro Federal, programada para el 16 de julio. Los documentos llevan fecha del día 2 y señalan que Rubio consultó al fiscal general y al titular del Tesoro antes de aplicar la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
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Marco Rubio sostuvo que existe “una base fáctica suficiente” para incorporar a los grupos. También determinó que ambas estructuras cometieron, intentaron, entrenaron o representan un riesgo significativo de ejecutar actos de terrorismo que amenazan a ciudadanos, seguridad nacional, política exterior o economía de Estados Unidos. La autoridad omitió el aviso previo porque podía facilitar transferencias inmediatas de fondos.
A la estructura de Juárez, Washington le reconoce también los nombres La Línea, Barrio Azteca, Organización Vicente Carrillo Fuentes y la estructura de tráfico de drogas Carrillo Fuentes. La actualización de su expediente por narcotráfico añadió categorías vinculadas con terrorismo, el tipo “grupo terrorista transnacional” y una advertencia sobre sanciones secundarias.
Según la ficha estadounidense, Los Viagras figura como una agrupación establecida en 2013. El Tesoro agregó el nombre de “Los Blancos de Troya” entre sus alias y mantuvo la etiqueta del programa contra drogas ilícitas. El expediente incorpora ahora las marcas de organización terrorista extranjera y global especialmente designada, además del riesgo previsto por la Orden Ejecutiva 13224. También conserva la referencia 14059, asociada al comercio internacional de narcóticos.
Dentro del régimen financiero, la medida bloquea activos situados en territorio estadounidense o bajo posesión de sus ciudadanos. También prohíbe transacciones sin licencia con las entidades incluidas. La regla alcanza compañías que pertenezcan directa o indirectamente en 50 por ciento o más a uno o varios sancionados, aunque no figuren por separado.
Con la nueva clasificación, la ley permite procesar a quien proporcione de forma consciente apoyo material o recursos, intente hacerlo o participe en una conspiración. Ese concepto abarca dinero, servicios, capacitación, asesoría especializada, personal y transporte. El delito contempla hasta 20 años de prisión y multa. Cuando esa ayuda cause una muerte, la condena puede extenderse por cualquier periodo o llegar a cadena perpetua.
Bajo el Código de Estados Unidos, las instituciones financieras que detecten fondos vinculados con una organización terrorista extranjera deben conservar el control e informar al Tesoro. El incumplimiento consciente puede generar una sanción civil de 50 mil dólares por infracción o el doble del monto que el banco debió retener, según la cantidad mayor.
Washington aplicó dos procedimientos paralelos. El Departamento de Estado impuso las designaciones con base en la legislación migratoria y la Orden Ejecutiva 13224, mientras el Tesoro reflejó el cambio en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas. La actualización no incorporó nuevos individuos ni compañías mexicanas relacionadas con ambos grupos.
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