Más de 90 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal participan en una licitación consolidada y plurianual para contratar el servicio de arrendamiento vehicular, un esquema con el que el Gobierno federal busca reducir costos, fortalecer su capacidad de negociación y obtener mejores condiciones económicas mediante la concentración de la demanda.
El procedimiento LA-06-400-006400001-N-11-2026 forma parte de la estrategia de contrataciones consolidadas impulsada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo la dirección de Edgar Amador, a través del equipo encabezado por la subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez Castro. El modelo, bajo la supervisión de Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, pretende generar economías de escala y hacer más eficiente el ejercicio del gasto público.
Publicada el 18 de junio de 2026 en la plataforma Compras MX, la convocatoria establece una demanda mínima de 10 mil 422 vehículos y una máxima de 18 mil 217 unidades. La flotilla se distribuye en 30 partidas que abarcan sedanes, camionetas tipo pick up y SUV, vehículos utilitarios, camiones de distintas capacidades, tractocamiones, motocicletas, autobuses, montacargas y unidades especializadas para tareas de seguridad y transporte de carga.
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La contratación tendrá una vigencia de 48 meses a partir de la emisión del fallo y será financiada con recursos correspondientes a los ejercicios fiscales 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030, de acuerdo con las bases del procedimiento.
El concurso se realiza de manera pública y electrónica a través de Compras MX, por lo que sus distintas etapas se desarrollan conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El procedimiento está sujeto a los mecanismos de vigilancia y control previstos en la legislación, en los que participan las autoridades competentes dentro del ámbito de sus atribuciones, entre ellas la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro.
La lista de instituciones participantes incluye a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional del Agua, Banco del Bienestar, Petróleos Mexicanos, IMSS-Bienestar, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Cancerología, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Centro Nacional de Control de Energía y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, además de decenas de organismos públicos.
Concentrar las necesidades vehiculares de estas instituciones en un solo concurso busca generar mejores condiciones económicas a partir de contrataciones de gran volumen y, al mismo tiempo, disminuir los costos administrativos que supondría desarrollar y gestionar procedimientos independientes para cada dependencia o entidad.
El esquema de arrendamiento también permite evitar inversiones directas de las instituciones públicas para la adquisición de vehículos. Además, transfiere a las empresas adjudicadas responsabilidades vinculadas con el mantenimiento y la disponibilidad operativa de las unidades, con el propósito de facilitar una administración más eficiente de la flotilla durante la vigencia de los contratos.
La licitación atrajo la participación de 11 empresas especializadas en arrendamiento vehicular. Durante la presentación y apertura de proposiciones, realizada el 10 de julio, se recibieron ofertas de A2DAHT Health México, Capital Rent, Casanova Vallejo, Grupo Turbofin, Impulsa Tu Ganancia, Integra Arrenda, Jet Van Car Rental, Lumo Financiera del Centro, Metric and Cars y Supervisión Técnica del Norte, así como una propuesta conjunta integrada por Ferbel Norte y Soluciones Integrales e Innovación Tecnológica Sustentable.
La concurrencia de once licitantes amplía la competencia dentro del procedimiento y las posibilidades de que las instituciones participantes accedan a mejores condiciones económicas y de servicio. Uno de los objetivos centrales del modelo consolidado es precisamente aprovechar el volumen de contratación para fortalecer la posición negociadora del sector público frente a los proveedores.
El procedimiento se lleva a cabo bajo un plazo recortado. Después de la junta de aclaraciones del 22 de junio y de la recepción de propuestas del 10 de julio, está previsto que el fallo se emita el próximo 31 de julio. El inicio del contrato se encuentra programado para el 28 de agosto de 2026.
Los resultados de la licitación servirán como referente para la estrategia de contrataciones consolidadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El objetivo es extender este modelo hacia otros rubros de adquisición y servicios gubernamentales, entre ellos equipo de cómputo, servicios de limpieza y fumigación, papelería, medicamentos y equipo médico.
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