La Fiscalía General de la República (FGR) desarticuló lo que llamó una “colosal red de contrabando de combustible” y vinculó con su operación a Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición en el país. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron este jueves al exmandatario de Baja California en Ensenada, por su posible responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
Ernestina Godoy, titular de la FGR, presentó la investigación como un golpe contra una estructura que controlaba la importación, traslado ferroviario, descarga y comercialización de combustible procedente de Estados Unidos. La operación incluye órdenes de aprehensión contra 25 objetivos, entre socios de empresas, operadores logísticos, agentes aduanales, personal autorizado y servidores públicos.
- El Dato: Morena aseguró que, sin esperar el desarrollo del proceso, la oposición optó por descalificar a las instituciones y convertir una investigación penal en una bandera partidista.
Las autoridades también detuvieron este jueves en Ensenada a Ricardo Thompson Navarro, fundador y socio de una de las empresas vinculadas a Ruffo Appel. El Registro Nacional de Detenciones ubicó su captura poco después de las dos de la tarde en la colonia Zona Playitas.
Cae líder huachicolero en el Edomex
Godoy Ramos informó que, como parte de un operativo de amplio alcance, las autoridades detuvieron durante la jornada a otras tres personas vinculadas con el caso, aunque no se revelaron sus identidades. La operación completa incluyó acciones en Baja California, Nuevo León, Hidalgo, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y Tabasco.
De acuerdo con la fiscal general, el entramado comenzó a operar mediante una compañía de servicios portuarios, dragados y manejo de puertos fundada por el exmandatario. Desde esa base empresarial, la organización enlazó importadoras, agencias aduanales, transportistas y distribuidoras para sostener todas las etapas del negocio ilegal.
“Es la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento”, afirmó Godoy. La dimensión del caso respondió al volumen de hidrocarburos ocultado, las miles de operaciones aduaneras bajo investigación, el perjuicio multimillonario para la Hacienda pública y el circuito financiero utilizado para mover las ganancias.
De acuerdo con la indagatoria, los cargamentos salían de refinerías ubicadas en Texas y cruzaban por aduanas de Tamaulipas. Las compañías declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos distintos a los transportados para reducir el pago de impuestos.
Posteriormente, el combustible avanzaba por ferrocarril hacia Coahuila, Durango y Zacatecas. En puntos conocidos como espuelas ferroviarias, la carga pasaba a pipas y tractocamiones sin las revisiones correspondientes ni los permisos requeridos por la autoridad reguladora del sector energético.
Cada carrotanque podía transportar hasta 110 mil litros, pero los documentos consignaban cerca de 10 mil. Con esa maniobra, las empresas reportaban apenas una fracción mínima de la capacidad efectiva, con lo que ocultaron aproximadamente 15 millones 299 mil 830 litros mediante 162 ferrotanques.
A partir de los cargamentos examinados, la FGR calculó una evasión de 88 millones 511 mil 516 pesos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). A esa cantidad se suman 18 millones 289 mil 304 correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA).
La suma de ambas contribuciones representa un posible daño de 106 millones 800 mil 821 pesos. Los peritajes también detectaron importaciones de diésel superiores a 10 veces el volumen autorizado y entradas de gasolina regular que rebasaron tres veces y media el límite permitido.
- El Tip: Ruffo Appel fue electo alcalde de Ensenada en 1986 y en 1989 ganó la gubernatura de Baja California.
Pero el tamaño del fraude aumentó cuando la FGR amplió el rastreo junto con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Entre enero y julio de 2025, la organización efectuó cuatro mil 238 operaciones a través de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa.
Con ese bloque, las autoridades estimaron un perjuicio superior a cuatro mil millones de pesos para la Hacienda pública. La cifra deriva de la introducción irregular de combustibles y la omisión del pago de contribuciones en las aduanas revisadas.
Rastrear la mercancía llevó a los investigadores hasta el dinero. Ernestina Godoy informó que el grupo movió más de tres mil 75 millones de pesos mediante cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, además de realizar operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares.
Los recursos entraban y salían casi de inmediato, mientras los saldos permanecían en niveles mínimos. La Fiscalía identificó ese comportamiento como propio de cuentas puente, empleadas para dificultar el rastreo del origen de los fondos y de sus beneficiarios finales. Además, una empresa recibía capital y después lo canalizaba hacia compañías extranjeras mediante transferencias internacionales. Especialistas encontraron indicios de triangulación y relacionaron ese circuito con la administración y dispersión de las utilidades por los hidrocarburos robados.
Según los datos oficiales, el inicio formal de este expediente arrancó en julio del año pasado tras el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo en la localidad de Ramos Arizpe, Coahuila. Este decomiso permitió seguir el origen, traslado y destino de la carga, así como identificar a personas y sociedades relacionadas.
Aquél operativo causó una afectación estimada de 32 millones 808 mil pesos y desmontó uno de los principales centros de actividad de este grupo delictivo. En el despliegue participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la SSPC, la FGR, Protección Civil, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la ANAM. Frente a los señalamientos que surgieron en septiembre de 2025, Ruffo Appel rechazó que existiera una orden de captura en su contra. “Trataron de aventar lodo a otros lados porque el lodo que tienen en casa ya es insoportable”, declaró en una entrevista.
Durante esa conversación, el exgobernador reconoció que era socio de Ingemar, firma señalada por sus presuntos vínculos con operaciones de huachicol fiscal. No obstante, sostuvo que la compañía solo realizaba trámites ante aduanas y no verificaba las cargas. “Nosotros no inspeccionamos el vehículo”, afirmó.
Tras la captura, el caso alcanzó a una figura central de la transición política mexicana. Ruffo ganó en 1989 la gubernatura de Baja California bajo las siglas del Partido Acción Nacional y se convirtió en el primer mandatario estatal de oposición electo en México. Más tarde ocupó un escaño en el Senado. Su detención lo coloca ahora entre los principales objetivos de una causa penal respaldada, según la FGR, por dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información aduanera, fiscal, financiera, ferroviaria, corporativa y de comercio exterior.
Godoy aseguró que las investigaciones continuarán y que la dependencia mantendrá el respeto a la presunción de inocencia. “La información relacionada con la situación jurídica de las personas involucradas será comunicada conforme nos lo permitan las etapas procesales”.
También precisó que entre el primero de diciembre de 2025 y el 15 de julio de 2026 la FGR llevó ante jueces a 407 personas relacionadas con redes de contrabando de combustible en todo el país.
Oposición cierra filas con el exmandatario
| Por Elizabeth Hernández y Yulia Bonilla |
El PAN y Somos México respaldaron a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, tras su detención por una investigación federal sobre presunto contrabando de combustible. Mientras el primero exigió respeto al debido proceso, el segundo reclamó su liberación inmediata y calificó el arresto como un “inaudito atropello”.
En un pronunciamiento, el blaquiazul sostuvo que la ley debe aplicarse sin cancelar las garantías constitucionales y se dijo confiado de que el exmandatario aclarará los cargos. “Ninguna persona debe estar por encima de la ley, pero tampoco por debajo de las garantías que la Constitución reconoce para cualquier ciudadano”.
- El dato: la excandidata presidencial del PT e integrante de Somos MX, Cecilia Soto, dijo que la intención de la captura es “poner la cuenta pareja” con los gobernadores de Morena.
Añadió que las instituciones de procuración de justicia deben conducir el procedimiento con imparcialidad, transparencia y sin motivaciones partidistas, y que la legalidad exige el mismo trato, sin importar nombres, cargos públicos o afiliaciones. Sin embargo, contrastó la actuación contra el exmandatario con los señalamientos a Rubén Rocha y Marina del Pilar Ávila. Según el PAN, las autoridades respondieron de forma inmediata en el expediente de Ruffo, pero no han procedido de igual manera frente a esos casos.
“No nos crean tan tontos. Sabemos perfectamente que esto es algo orquestado por el Gobierno de la 4T como distractor para que dejemos de hablar de las acusaciones delicadísimas que están sucediendo justamente en el estado de Baja California”, añadió el líder del partido, Jorge Romero, en un videomensaje.
Por su parte, Somos México acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de ejecutar una detención “arbitraria e ilegal” contra un “prestigiado exgobernador, empresario y ciudadano”, quien actualmente integra el Consejo Consultivo del nuevo partido político.
Afirmó que el exmandatario ya había explicado su relación con la empresa señalada. Según su versión, la firma cuenta con el aval del Servicio de Administración Tributaria y de la Secretaría de Energía.
De acuerdo con Somos México, la operación depende de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), responsable de certificar el producto que ingresa al país: “Ruffo Appel lo ha dicho públicamente, la ANAM es la gran responsable de evitar o permitir el tráfico de huachicol”.
Somos México también vinculó la captura de Ruffo con las denuncias contra el gobernador con licencia de Sinaloa y la describió como una “cortina de humo”.
“La detención de Ernesto Ruffo es una infamia absoluta. Es evidentemente un acto que pretende desviar la atención de la opinión pública y ocultar el escándalo de la gobernadora Marina del Pilar y del de Sinaloa Rubén Rocha Moya. Exigimos su inmediata liberación. Es sin duda un un preso político. ¡Qué terrible retroceso democrático vive nuestro país!”, expresó en redes sociales el dirigente nacional de Somos, Guadalupe Acosta Naranjo.
Por su parte, el senador morenista y exgobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, se dijo sorprendido por la captura y confió en que se aplique la justicia.
“Me sorprende enormemente la detención de @RuffoAppel, de quien —discrepancias aparte—, siempre he tenido la concepción de una persona honesta, íntegra, un hombre de bien. No conozco la causa que lo imputa, ni siquiera sabía de una investigación en su contra. No podría pronunciarme sobre su culpabilidad o inocencia”, refirió.
