El partido Morena aseguró que la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, deriva de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) relacionada con una presunta red de contrabando de hidrocarburos, y rechazó que se trate de una persecución política, como han señalado dirigentes de oposición.
A través de un posicionamiento, el partido afirmó que la captura del exmandatario panista es resultado de una carpeta de investigación iniciada tras el aseguramiento de millones de litros de combustible y de las indagatorias realizadas por la FGR, por lo que sostuvo que corresponde a la autoridad judicial determinar las responsabilidades conforme al debido proceso.
Morena señaló que quienes presentan el caso como una represalia política buscan desviar la atención de los hechos que son objeto de investigación y defendió que el proceso se desarrolle con apego a la legalidad.
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En el documento, el partido criticó la postura del PRI y del PAN, al considerar que ambos institutos políticos recurren al argumento de la persecución política cuando alguno de sus integrantes enfrenta procesos judiciales. Sostuvo que, sin esperar el desarrollo de las investigaciones ni explicar la presunta participación de Ruffo Appel en la empresa investigada, la oposición ha optado por descalificar a las instituciones.
“En Morena sostenemos un principio muy claro: no hay impunidad para nadie”, señaló el partido.
Asimismo, atribuyó el crecimiento del robo y el contrabando de combustibles, incluido el denominado “huachicol fiscal”, a redes de corrupción y complicidades institucionales que, afirmó, se consolidaron durante los gobiernos del PRI y del PAN. En ese sentido, aseguró que la administración de la Cuarta Transformación emprendió una estrategia para combatir estas estructuras y llevar ante la justicia a los responsables, independientemente de su filiación política.
Morena indicó que, de acuerdo con los resultados presentados por la Fiscalía General de la República, la presunta red encabezada por Ernesto Ruffo Appel constituiría la mayor estructura de contrabando de combustible investigada hasta ahora, con un presunto daño a la Hacienda Pública superior a los 4 mil millones de pesos.
El partido también defendió la reforma al Poder Judicial, al señalar que responde a la demanda ciudadana de combatir la impunidad y eliminar privilegios. Afirmó que el objetivo es garantizar que la justicia se aplique sin distinciones y bajo el principio de que “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.
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