La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva contra el exgobernador de Baja California Ernesto Guillermo Ruffo Appel y otras siete personas, por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando, relacionados con una investigación sobre operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de hidrocarburos.
Tras una audiencia inicial que se prolongó por más de un día, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó cerca de un centenar de datos de prueba y formuló imputación contra los ocho detenidos.
- El Dato: La FGR lo acusa de introducir ilegalmente al país más de dos mil 137 millones de litros de hidrocarburo, lo que provocó un daño fiscal estimado en cuatro mil millones de pesos.
Como resultado, un juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva a Ernesto Guillermo Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez, quienes permanecerán en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 de El Altiplano, en el Estado de México.
En tanto, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales permanecerán en prisión domiciliaria debido a su estado de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén fue ingresada al Centro de Reinserción Social (Cefereso) Nezahualcóyotl Sur.
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Durante la diligencia, las defensas de los imputados solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que será en una audiencia posterior cuando el juez determine si los vincula o no a proceso.
De acuerdo con la FGR, las detenciones fueron realizadas en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, como parte de una investigación de alta complejidad sobre un presunto esquema de contrabando de hidrocarburos.
La autoridad federal dijo que “el mecanismo consistía en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas ante las aduanas, al reportar volúmenes menores a los realmente transportados o al clasificar el producto como otra mercancía para evadir el pago de impuestos ante la hacienda pública”.
La FGR sostuvo que este tipo de operaciones genera pérdidas económicas para el Estado mexicano y, al mismo tiempo, representa una fuente de financiamiento para las organizaciones criminales.
La dependencia federal enfatizó que, conforme al principio de presunción de inocencia, las ocho personas imputadas deberán ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad judicial competente, como lo marca la ley.
A las 9:25 de la mañana del domingo, una camioneta de alto blindaje ingresó a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para trasladar al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y a otros siete presuntos colaboradores de una red de operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.
Luego de la revisión médica de ley, en 10 minutos, personal de la FGR subió a la unidad blindada a cinco de los inculpados para ser trasladados al Cefereso No. 1, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Edomex.
Los ocho inculpados llegaron desde la madrugada del viernes para presentarse en la audiencia que se extendió más de 40 horas y concluyó hasta las primeras horas del domingo.
La jueza federal, Alejandra Ramírez de la Vega, les dictó la medida cautelar de prisión preventiva a los inculpados por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
Este domingo se informó que diversas organizaciones civiles, empresariales y ciudadanas convocaron a una protesta pacífica para exigir la liberación del exgobernador de Baja California quien fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada. La manifestación prevé realizarse este lunes 20 de julio, a partir de las 18:00 horas, frente al edificio de la Fiscalía General de la República en la Zona del Río, en Tijuana y Ensenada.
Los organizadores extendieron la invitación a asociaciones civiles, organizaciones sociales, partidos políticos, líderes de opinión y ciudadanos de la entidad para participar en la concentración que se prevé política.
En tanto, la defensa del exgobernador, encabezada por el abogado Fernando Gómez-Mont Urueta, ha tramitado amparos contra la incomunicación y busca desvincular a su cliente de las operaciones, presuntamente ilícitas, de la compañía de su propiedad, Ingemar.
PAN acusa persecución política de la 4T
| Por Claudia Arellano |
Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, aseveró que “es curioso que, en medio de la crisis actual en que políticos morenistas son vinculados con el crimen organizado y hay investigaciones que lo sustentan, el gobierno de Morena inicie una cacería de brujas en contra de políticos de oposición”.
No obstante, el líder blanquiazul señaló que corresponde a Ernesto Ruffo aclarar los señalamientos que existen en su contra conforme a derecho y con pleno respeto al debido proceso, pero advirtió que resulta preocupante que el mismo rigor no se observa en otros casos donde existen graves acusaciones que permanecen sin consecuencias.
Por ello, el líder del blanquiazul demandó al Gobierno federal a que se deje de negociar la ley y el Estado de derecho en México y que, de una vez por todas, la Presidenta muestre disposición y compromiso con la ciudadanía para que las autoridades competentes juzguen a políticos que han propagado muerte y adicciones, tanto en México como en Estados Unidos.
También reiteró que, si la gobernadora Marina del Pilar Ávila no tiene nada que ocultar, solicite licencia a su cargo y sea investigada.
Romero Herrera expresó su preocupación por el funcionamiento del nuevo Poder Judicial derivado de la elección de junio del 2025, cuyos resultados fueron ampliamente cuestionados. Señaló que la sustitución del juez que inicialmente negó las órdenes de aprehensión y la posterior designación de un nuevo juzgador que las concedió, según lo documentó el diario Reforma, alimenta la percepción de que existen “jueces del acordeón” y decisiones judiciales sujetas a intereses políticos, cuando la impartición de justicia debe ser plenamente independiente.
El dirigente nacional advirtió que el PAN no permitirá que la soberanía del país se entregue a cambio de impunidades particulares, por lo que presentará las denuncias correspondientes y exigirá que el Congreso de la Unión llame a comparecer a los funcionarios responsables de este atropello a la soberanía nacional.
“Quien pacta con el crimen y traiciona a la patria, no puede seguir gobernando”, sentenció. Por último, reiteró su llamado a la Presidenta Sheinbaum a que “rompa el narcopacto y extradite a EU al gobernador de Sinaloa con licencia”, ya que, insistió, Rubén Rocha Moya debe ser investigado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
El panista sostuvo que es muy importante que las autoridades de nuestro país demuestren su compromiso con la ciudadanía y encierren tras las rejas a políticos que aprovechan sus cargos para enriquecerse burdamente a cambio de proteger a grupos criminales.
Al concluir, Romero Herrera insistió en que la soberanía nacional no sólo implica la defensa de nuestro país ante las amenazas del exterior, sino también se tiene que defender en lo interno: “No se puede ceder un centímetro al crimen organizado, no se le puede dar complacencia a quienes están tomando el territorio nacional y son enemigos de la nación”.
