La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y de otras siete personas por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos derivó de una investigación de varios meses que incluyó análisis financieros, fiscales, aduaneros y ferroviarios, según fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR).
Entre los nuevos elementos incorporados al expediente aparece el seguimiento de recursos enviados desde México hacia Belar Fuels Company LLC y UNICO Commodities LLC, dos comercializadoras de hidrocarburos con sede en Houston, Texas.
Las autoridades detectaron transferencias internacionales con indicios de triangulación, como parte del esquema atribuido a las empresas bajo investigación.
Así operaba la empresa Ingemar
De acuerdo con las pesquisas, Ingemar S.A. de C.V. operaba con dinero procedente de Crismón Hidrocarburos y Derivados. Esos fondos alimentaban después movimientos hacia compañías extranjeras vinculadas con el flujo financiero documentado por el Ministerio Público Federal.
Además, la FGR identificó operaciones que no correspondían con el perfil fiscal de Ingemar. Una cuenta abierta en Grupo Financiero Intercam acumuló movimientos superiores a 3 mil 075 millones de pesos entre junio de 2024 y julio de 2025.
Peritos, policías y agentes ministeriales revisaron dictámenes, registros tributarios, información bancaria y documentos relacionados con el traslado ferroviario de combustibles. Las diligencias permitieron ubicar la probable intervención de los imputados en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburo.
Según las fuentes consultadas, los jueces autorizaron cada orden de aprehensión con base en los indicios reunidos. La institución sostuvo que las acciones tienen carácter “apegado a derecho y estrictamente jurídico sin ningún sesgo de otra índole”.
Con esos elementos, la FGR busca acreditar la participación de decenas de personas y distintas compañías dentro del entramado. El expediente también documenta posibles ganancias obtenidas mediante evasión fiscal y mecanismos usados para ocultar recursos de origen ilícito.
Fuentes de la FGR señalaron que el proceso mantiene el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos de las personas imputadas. El daño atribuido a las operaciones investigadas asciende a 4 mil 456 millones 577 mil 425 pesos.
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