Ernesto Ruffo Appel promovió un nuevo juicio de amparo contra la orden de aprehensión que derivó en su captura por la investigación de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal.
El Juzgado Décimo de Distrito en Baja California admitió la demanda, aunque hasta ahora no ha informado si concedió la suspensión provisional solicitada.
La defensa presentó el recurso el 16 de julio, el mismo día en que agentes federales detuvieron al exgobernador en Ensenada, antes de que fuera trasladado y puesto a disposición de autoridades federales.
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En la demanda, los abogados impugnaron 17 actos atribuidos a autoridades judiciales, ministeriales y policiales.
Además de cuestionar la orden de aprehensión, solicitaron revisar la legalidad de la petición con la que fue obtenida, el operativo de captura, los cambios de custodia, el traslado fuera de Baja California y las decisiones tomadas durante su detención.
El recurso también denuncia presuntas irregularidades relacionadas con la falta de información sobre su paradero, obstáculos para comunicarse con familiares y abogados, impedimentos para ratificar la demanda, la continuidad de su tratamiento médico y posibles inconsistencias en el Registro Nacional de Detenciones.
Con la admisión del amparo, el juzgado iniciará el análisis constitucional del caso y requerirá informes a las autoridades señaladas. Sin embargo, esta decisión no deja sin efectos la orden de aprehensión, no ordena la libertad de Ruffo ni determina si la Fiscalía General de la República acreditó los delitos que le imputa; esos aspectos se resolverán en etapas posteriores.
Tras la captura, la defensa también promovió otro amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Ensenada (expediente 764/2026), en el que denunció presunta privación ilegal de la libertad, incomunicación, tortura y malos tratos.
En ese caso, el juez concedió una suspensión de plano únicamente para proteger la integridad física, la comunicación con su defensa y el acceso a atención médica, sin invalidar la orden de captura ni impedir su traslado.
Así, el nuevo juicio representa la impugnación más amplia presentada por la defensa, al buscar que la justicia federal revise tanto el origen de la orden de aprehensión como la forma en que fue ejecutada.
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