La detención de Ernesto Ruffo, exgobernador panista de Baja California, por su presunta participación en delitos relacionados con el huachicol fiscal, desató un choque entre la 4T y la oposición en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Mientras el PAN acusó que se trata de una “cortina de humo” y de un caso de persecución política, Morena sostuvo que las investigaciones deben alcanzar a todos los responsables y rechazó un uso político de la justicia.
- El Dato: La red importaba combustible a través de le empresa Ingemar desde Texas utilizando ferrotanques y declaraba el 10% de la capacidad real transportada para evadir impuestos.
La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, aseguró que la captura del exmandatario busca desviar la atención de los verdaderos responsables del huachicol fiscal y de otros problemas del país, ya que consideró que su correligionario: “No tiene ni el poder ni los alcances para llevar a cabo todo el entramado que se necesita para que el huachicol fiscal se realice”.
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La panista sostuvo que ese delito requiere la participación de diversas autoridades: “Para que el huachicol fiscal se haga realidad, lamentablemente, requiere de la conjunción de seis o siete autoridades, entre municipales, estatales y nacionales”, por lo que añadió que “ofende a la inteligencia de los mexicanos atribuir toda la responsabilidad a una sola persona” y calificó a Ruffo Appel como “un preso político”.
“Esto no es en contra de un partido político, sino es en contra de la democracia. Y es una cortina de humo que evidentemente está construida para que hablemos de ese tema y no de los temas trascendentes”, sostuvo.
En respuesta, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, pidió que las investigaciones alcancen a todos los involucrados en el presunto esquema de huachicol fiscal y rechazó reducir el caso a una confrontación política.
“Estamos ante un tema que es contrabando de combustibles, falsificación de documentos oficiales en la tramitación de permisos, fraude, además de elusión y evasión fiscal. Son delitos que deben investigarse con todos los que estén involucrados en la cadena, incluido el corporativo, sin importar su función”, declaró.
El senador morenista señaló que se trata de un asunto complejo y llamó a esperar el resultado de las investigaciones: “Puede configurarse un delito que tiene que ver con dinero. Es un tema que no es sencillo. Hay que esperar a que concluya la investigación”.
Ignacio Mier afirmó que las investigaciones hablan de más de 144 millones de litros de combustible involucrados: “Estamos enfrentando una maquinaria de logística de contrabando fiscal grave para el país... Es una cantidad impresionante que se convierte en fraude, afecta a los consumidores y genera discrepancias brutales para la economía del país”.
Cuestionado sobre si también deberían investigarse a las autoridades federales, respondió que las indagatorias deben abarcar a todos los involucrados, aunque pidió actuar con prudencia: “Hay que ser cautelosos. No meterle una vista política”.
El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, rechazó que la detención de Ruffo Appel sea una persecución política y aseguró que se deriva de una investigación de más de un año en la que participaron el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y autoridades estadounidenses; por lo que cuestionó: “¿Cortina de humo?... ¿De qué hablan?”.
El diputado sostuvo que la investigación no se limita a la detención de Ruffo Appel, sino que forma parte de un expediente por presuntos delitos de contrabando de combustibles y delincuencia organizada, presuntamente, a través de la empresa Ingemar S.A. de C.V., de la que el imputado es accionista y agregó que existen siete órdenes de aprehensión y más de una veintena de personas involucradas en el caso.
En contraste, el senador panista por Baja California, José Máximo García López, insistió en que el proceso contra el exgobernador responde a una aplicación selectiva de la justicia y reiteró que, si existen pruebas contra Ruffo Appel, éstas deben presentarse, pero bajo el mismo criterio con el que se investiguen otros casos relacionados con el huachicol fiscal.
“Si hay pruebas suficientes que señalan y que puedan acreditar que hay una violación a la ley por parte de Ernesto Ruffo, pues que se aplique, pero que también se aplique para los demás que están señalados”, sostuvo.
Por su parte, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, evitó pronunciarse sobre el fondo del caso y se limitó a pedir que el proceso se desarrolle con apego al debido proceso.
“Nosotros siempre hemos dicho que se tiene que respetar el debido proceso, que cualquier persona tiene derecho a defenderse y que la autoridad tiene que presentar las pruebas correspondientes”, afirmó.
Moreira también advirtió que el combate a la corrupción no debe convertirse en una condena anticipada y sostuvo que las responsabilidades deben acreditarse conforme a los procedimientos legales: “Si alguien cometió un delito, que se le sancione, pero siempre dentro del marco de la ley”.
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