Nos dicen que después de que la oposición cobró a la jueza Alejandra Ramírez de la Vega una “deuda ética” por dar luz verde para capturar al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo, cuando, antes, otro juez se negó a otorgar órdenes de aprehensión, ahora el oficialismo exigió que el juez de amparo que impidió la aprehensión del exmandatario sea investigado. Así lo solicitó la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, quien incluso apeló al Tribunal de Disciplina Judicial para que actúe contra el juzgador a quien no quiso identificar. “Jueces de amparo que otorgan suspensiones para poder inhibir una orden de aprehensión en delitos de prisión preventiva oficiosa, claro que se trata de responsabilidades graves en donde debería actuar el Tribunal de Disciplina”, dijo la funcionaria federal, nos comentan, en medio de una guerra de acusaciones entre miembros de la 4T que ven justa la detención de Ruffo —acusado por delitos ligados al huachicol fiscal— y opositores que ven en el panista a un preso político. Pendientes.
Morenistas en estados ven injerencia opositora
