Durante el evento Pensión Mujeres Bienestar, celebrado ayer en el puerto de Acapulco, Guerrero, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico de La Parota, previsto sobre el río Papagayo, debido a las afectaciones que causaría entre las comunidades rurales de Guerrero.
Asimismo, informó que construirán pozos radiales cerca del río Papagayo, una de las principales fuentes de abastecimiento de Acapulco. El proyecto incluirá torres y tanques elevados para conducir el agua por gravedad hacia distintas colonias, además de equipos de bombeo capaces de llevarla a las zonas altas del puerto.
- El Tip: El proyecto contempla la construcción de tres pozos principales en la toma Papagayo II, diseñados para beneficiar a más de 450 mil habitantes del puerto de Acapulco.
La nueva infraestructura también busca evitar los daños que sufrieron las instalaciones anteriores durante los huracanes Otis y John. El aumento del nivel del río alcanzó las bombas utilizadas para enviar el recurso a la ciudad, por lo que ahora la maquinaria quedará colocada a mayor altura ante futuras crecidas del cauce.
La administración federal renovará las tuberías de las colonias ubicadas en la parte superior de Acapulco, con Renacimiento como primer punto de intervención. Sheinbaum agregó que continúan el saneamiento de ríos y el desazolve de cauces para aumentar su capacidad frente a precipitaciones extraordinarias.
La historia de La Parota se remonta a 1976, cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició los primeros estudios sobre el aprovechamiento del río Papagayo. Nueve años después, la empresa confirmó el potencial hidroeléctrico de la zona y avanzó hacia una evaluación socioambiental.
El proyecto hidroeléctrico contemplaba una cortina de agua de 164 metros de altura y un embalse de 14 mil 213 hectáreas, dimensiones que lo mantuvieron durante décadas entre los principales planes de generación eléctrica para el estado de Guerrero.
Mediante un informe entregado a la Cámara de Diputados en 2011, la CFE reconoció que el vaso inundaría 15 comunidades, diez de forma total y cinco parcial, además de alcanzar 797 viviendas habitadas por tres mil 27 personas. El área comprendía 19 núcleos agrarios de Acapulco, Juan R. Escudero, San Marcos, Tecoanapa y Chilpancingo.
Tras el ingreso de personal de la compañía eléctrica a los bienes comunales, pobladores formaron en 2003 el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop). Investigaciones académicas identificaron la defensa de la tierra, el agua y la memoria colectiva como los ejes que dieron cohesión a la resistencia.
Frente a la estimación oficial, un estudio sobre evaluaciones sociales de proyectos eléctricos calculó que la construcción podría provocar el desalojo de alrededor de 25 mil habitantes y afectar a 75 mil campesinos de los cinco municipios involucrados.
La oposición también avanzó por la vía legal. Integrantes del movimiento impugnaron las asambleas utilizadas para autorizar trámites de expropiación y cambios de uso de suelo, mientras los tribunales anularon las celebradas en Dos Arroyos, Los Huajes, La Palma y los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Ese conflicto territorial quedó en el centro del anuncio de la Presidenta: “Eso ya no lo vamos a hacer porque afectaba mucho a las comunidades”.
Al confirmar que el Gobierno federal optará por infraestructura de captación y distribución, en lugar de represar el río Papagayo, la mandataria también abordó la recuperación de Acapulco tras el paso de Otis y John al señalar que continúan las acciones para mejorar la infraestructura turística, aunque no precisó obras, montos ni plazos, y situó la ocupación hotelera en 78 por ciento.
Además, previó un aumento durante el verano y aseguró que el puerto recuperó prácticamente todos los empleos y edificios afectados por ambos huracanes.
CETEG exige retomar diálogo
Por Elizabeth Hernández
La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) irrumpió este domingo en la gira de la Presidenta Claudia Sheinbaum por Acapulco para exigir la reapertura del diálogo entre el Gobierno federal y el magisterio disidente, suspendido desde el 12 de junio.
Entre los reclamos, los docentes colocaron la abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007, el regreso a un sistema solidario de pensiones y el respeto a la jubilación por años de servicio.
Integrantes de la organización se concentraron desde las siete de la mañana frente al Polideportivo CICI, en la colonia Ciudad Renacimiento, con el propósito de anticiparse a los controles de acceso instalados antes del acto presidencial. El grupo permaneció cerca del recinto, donde las autoridades desplegaron el operativo de seguridad y vigilancia.
Una convocatoria, difundida por la CETEG, llamó a sus bases a acudir “para recibir a la Presidenta” y respaldar la reanudación de la mesa entre el Gobierno de México y la Comisión Nacional Única de Negociación.
La secretaria general de CETEG, Elvira Veleces, sostuvo que la reforma pensionaria afecta a empleados públicos de distintos sectores y acusó a simpatizantes de Morena de confrontar a los manifestantes durante la movilización.
