Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, vinculó la acusación contra cuatro personas por presunto tráfico de armas al Cártel de Sinaloa con la estrategia de Donald Trump contra las redes que abastecen a grupos criminales mexicanos.
En un mensaje en redes sociales, el Embajador afirmó que el caso “refuerza el compromiso del presidente Donald Trump de desmantelar las redes de tráfico de armas que alimentan la violencia de los cárteles”. Añadió que rastrear el armamento ilegal resulta esencial para desarmar a esos grupos, responsabilizar a traficantes y proteger comunidades en ambos países.
Johnson centró su pronunciamiento en la cooperación bilateral. “Los cargos relacionados con el supuesto apoyo al Cártel de Sinaloa subrayan la necesidad de que nuestros países mantengan el trabajo conjunto para detener el flujo de armas hacia manos criminales”, escribió.
La declaración surgió después de que un gran jurado federal del Distrito Norte de Texas presentó el 25 de junio una acusación de 12 cargos contra Loyd Walter Hall, de 27 años, residente de Amarillo, y tres personas más. La Fiscalía sostiene que Hall conspiró para entregar armas a la organización sinaloense.
Según el expediente, Hall mantuvo entre 2024 y 2026 contacto con un integrante del grupo criminal en Chihuahua. Durante ese periodo aportó armamento, conocimientos técnicos y orientación para evadir a las autoridades estadounidenses, pese a conocer la designación del cártel como organización terrorista extranjera.
De forma adicional, los fiscales le atribuyen conspiración para distribuir sustancias controladas para su introducción en Estados Unidos, posesión de un arma para facilitar un delito de narcotráfico, declaraciones falsas ante un vendedor autorizado y participación en compras mediante prestanombres. La pena máxima asciende a cadena perpetua.
Otro acusado, Jesús Quezada Meza, mexicano de 30 años que vive en Dumas, Texas, y Omar Velásquez, de 44, residente de Utah, enfrentan señalamientos por acuerdos para adquirir armamento a nombre de terceros y traficarlo.
Cada uno afronta una sanción máxima de 15 años de cárcel. Catlynn Ann Townsend, de 29 y vecina de Amarillo, enfrenta un cargo por proporcionar información falsa en los registros de un distribuidor con licencia.
Para Townsend, la pena máxima asciende a cinco años de prisión. Los cuatro comparecieron ante una corte federal tras conocer los cargos.
Tras la acusación, Ryan Raybould, fiscal del Distrito Norte de Texas, aseguró que cada arma que sale de Estados Unidos hacia un cártel fortalece su capacidad para intimidar comunidades, proteger operaciones de drogas, cometer actos de corrupción y participar en robo internacional de combustible.
Brian Garner, jefe regional encargado del control de armas, indicó que la causa también incluye presuntas instrucciones para eludir las leyes estadounidenses y evitar la detección de las autoridades. Quienes abastecen a grupos violentos, añadió, amenazan la seguridad en ambos lados de la frontera.
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