Más de 350 adolescentes quedaron atrapados en un circuito entre México y Estados Unidos que permite a redes del crimen organizado utilizarlos para guiar cruces fronterizos, según casos expuestos este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La problemática alcanzó a menores detectados en Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Tras su retorno desde territorio estadounidense, parte de ellos fueron enviados hacia tres entidades del sur del país, sin una evaluación suficiente sobre los riesgos que enfrentaban ni seguimiento posterior.
El tema llegó a la CIDH durante la audiencia de oficio “México: Impactos del crimen organizado en los derechos de niñas, niños y adolescentes en movilidad humana”, celebrada el 3 de agosto dentro del 196 periodo de sesiones. En el encuentro participaron representantes del Estado mexicano y 21 organizaciones civiles.
Resultados del Gana Gato 3044 del 4 de agosto del 2026
A través de este esquema, grupos delictivos captan a jóvenes para conducir personas hasta Estados Unidos. Cuando las autoridades migratorias los interceptan, reciben trato como menores no acompañados y regresan a México, donde las mismas estructuras pueden incorporarlos otra vez a las operaciones fronterizas.
Organizaciones civiles señalaron que la repatriación no rompe el vínculo con quienes los reclutaron. La ausencia de diagnósticos individualizados, medidas de protección y vigilancia institucional abre la puerta para que vuelvan a las zonas donde operan traficantes de personas.
Como parte de las fallas expuestas, los participantes mencionaron procesos de reunificación familiar que no siempre consideran posibles amenazas en el lugar de origen. También advirtieron sobre la falta de coordinación entre las autoridades fronterizas, los sistemas de protección infantil y las instituciones responsables de recibir a los adolescentes.
Durante 2025, Estados Unidos repatrió a México a 7 mil 997 personas de entre cero y 17 años. El 80.9 por ciento correspondió a hombres, mientras cuatro de cada cinco tenían entre 12 y 17 años. Además, 68.5 por ciento viajaba sin compañía, de acuerdo con datos recopilados por la Red por los Derechos de la Infancia en México. (REDIM)
Frente a este escenario, las organizaciones pidieron reconocer a los jóvenes vinculados con esas redes como víctimas de explotación criminal, aplicar evaluaciones de riesgo antes de autorizar cualquier traslado y establecer mecanismos de seguimiento después de cada repatriación.
Otro reclamo consistió en crear una respuesta binacional que impida el retorno automático de quienes podrían sufrir represalias o una nueva captación. La audiencia colocó el fenómeno más allá del control migratorio, pues los casos expuestos involucran trata de personas, reclutamiento, violencia y omisiones en la protección de la infancia.
La delegación del Estado mexicano respondió que el país cuenta con un marco de protección para la niñez en movilidad y sostuvo que las autoridades deben determinar el interés superior de cada menor antes de resolver su retorno, traslado o reunificación familiar.
Entre las medidas expuestas mencionó la intervención del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y de las procuradurías de protección, responsables de elaborar planes individuales para restituir derechos.
México también señaló que las niñas, niños y adolescentes migrantes no deben permanecer en estaciones del Instituto Nacional de Migración, sino bajo resguardo de instituciones de asistencia. La representación oficial reconoció los riesgos asociados con el crimen organizado, aunque defendió la existencia de mecanismos de coordinación entre dependencias federales, gobiernos estatales y autoridades estadounidenses para atender las repatriaciones.
Frente a los señalamientos sobre adolescentes utilizados como guías para cruzar personas, funcionarios mexicanos explicaron que los casos requieren valoraciones individuales, pues no todos presentan las mismas condiciones ni enfrentan idénticos peligros. La delegación expuso que las autoridades deben identificar posibles delitos de trata, tráfico de personas, reclutamiento o explotación antes de autorizar el regreso a la comunidad de origen.
Integrantes de la Comisión Interamericana cuestionaron la ausencia de cifras que permitan conocer cuántos menores repatriados habían sufrido reclutamiento, amenazas o reutilización por redes criminales. También preguntaron qué institución verifica su situación después de la entrega a familiares y cómo se evita que regresen a las rutas fronterizas.
La CIDH pidió colocar la condición de víctima por encima de cualquier posible participación de los adolescentes en actividades ilícitas. Este enfoque implica evitar su criminalización, investigar a quienes obtienen beneficios de su explotación y ofrecer atención psicológica, educativa, jurídica y comunitaria.
Otro planteamiento consistió en aplicar evaluaciones de riesgo antes de cada repatriación o reunificación familiar, con especial atención a amenazas del crimen organizado, violencia dentro del hogar y posibles represalias. Los comisionados señalaron además la necesidad de conservar información desagregada por edad, sexo, nacionalidad, lugar de detección y tipo de afectación.
Como parte de sus observaciones finales, el organismo interamericano llamó a fortalecer la coordinación transnacional, dar seguimiento a cada caso y escuchar directamente a niñas, niños y adolescentes antes de adoptar decisiones sobre su destino. También destacó que las políticas no pueden limitarse al control migratorio, pues deben atender las causas que facilitan el reclutamiento, la explotación y la repetición de los cruces.
También te puede interesar:
- Tras disturbios, despliegan plan de seguridad en centro migrante
- Clara Brugada defiende derechos migrantes y fortalece atención en CDMX
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
MSL
