México cerró 2025 con 27 mil 989 muertes por presunto homicidio, la cifra más baja desde 2016 y una reducción anual de 16.6 por ciento. El descenso equivale a cinco mil 561 víctimas menos, cerca de 15 por día, y devuelve el indicador al nivel previo a la etapa más letal de la última década.
El cambio aparece tanto en el número absoluto como en la tasa. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) calculó 21.4 casos por cada 100 mil habitantes durante el primer año de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, frente a 25.8 durante 2024 (33 mil 500 casos) y lejos del máximo de 29 registrado durante los primeros cuatro años del sexenio del Andrés Manuel López Obrador, cuando el país superó las 36 mil 600 defunciones anuales.
- El Dato: Durante la última semana de julio, México registró 262 homicidios, de acuerdo con cifras de la SSPC. Guanajuato y Estado de México encabezaron la lista con más casos.
La caída tampoco describe una pacificación uniforme. Veintisiete entidades redujeron sus registros, pero Sinaloa, Baja California Sur, Tabasco, Sonora y Nayarit avanzaron en sentido contrario. El mapa resultante muestra menos asesinatos en conjunto, aunque conserva territorios donde las disputas criminales neutralizaron el alivio nacional.
Sinaloa concentró la ruptura más profunda. El estado pasó de mil 32 homicidios en 2024 a mil 805 durante 2025, un aumento de 773 casos que elevó su tasa de 33 a 57 crímenes por cada 100 mil habitantes. Ambos indicadores constituyen los valores más altos de la entidad dentro de la serie 2012-2025.
- 130 millones de habitantes hay en México, estima el Inegi
Detrás de ese repunte aparece la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa, activa desde septiembre de 2024. El Índice de Paz México 2026 atribuyó a esas pugnas un aumento significativo de la violencia y advirtió que la fragmentación de grandes estructuras criminales en células regionales multiplica los actores capaces de disputar territorios, extorsionar y controlar economías locales.
El estudio sostuvo también que la mejoría en el indicador de homicidios a nivel nacional permanece frágil porque las desapariciones y los delitos con armas conservan una trayectoria preocupante. Michael Collins, director ejecutivo del instituto en México, señaló que la permanencia del descenso dependerá de la capacidad institucional para impedir que los avances se reviertan cuando los grupos criminales se dividen o trasladan sus operaciones.
- El Tip: El SESNSP integra la información sobre incidencia delictiva, incluyendo homicidios que reportan las 32 fiscalías estatales y la FGR, derivada de carpetas de investigación abiertas.
A la vez, varias reducciones estatales tuvieron magnitud suficiente para modificar el total nacional. Nuevo León pasó de mil 678 a 732 defunciones, Chiapas bajó de 932 a 427 y Guanajuato recortó su cifra de cuatro mil 35 a tres mil 249.
Esta última entidad mantuvo el primer lugar por volumen, aunque destaca la desescalada que ha experimentado en el último año de la medición, mientras Colima conservó la tasa de homicidios más elevada del país, con 89 casos por cada 100 mil habitantes, pese a quedar por debajo de los 124 del año anterior.
No todas las disminuciones representan el mismo punto de llegada. Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, ha señalado que “México tiene realidades de violencia muy distintas según el territorio” y planteó diagnósticos diferenciados por región y delito.
La organización calculó que, aun después de la reducción de 2025, 19 entidades superaron el umbral de 11 homicidios por cada 100 mil habitantes que utiliza como referencia epidémica.
Ganar distancia frente a los peores años tampoco elimina el peso acumulado de la última década. México Evalúa estimó que el homicidio doloso permaneció 30.7 por ciento por encima de 2015 y que un indicador ampliado, compuesto por asesinatos, feminicidios, desapariciones y otras muertes violentas, creció 68.2 por ciento en ese periodo.
La lectura obliga a separar una caída anual relevante de una transformación estructural todavía no acreditada.
Con 19 mil 812 víctimas, las armas de fuego causaron siete de cada 10 homicidios registrados por el Inegi.
Los objetos cortantes ocuparon el segundo sitio con dos mil 621 casos, mientras que tres mil 59 certificados carecieron de información suficiente para establecer el mecanismo de la agresión. La persistencia de esa proporción mantiene el armamento en el centro de la violencia letal del país.
Por sexo, la reducción alcanzó a hombres y mujeres, aunque la brecha continuó abierta. El instituto contabilizó 24 mil 506 varones y tres mil 154 mujeres, además de 329 registros sin esa información. La tasa masculina cayó de 46.4 a 38.4 por cada 100 mil, mientras la femenina pasó de 5.6 a 4.7, por lo que el nivel entre ellos permaneció más de ocho veces por encima del observado entre ellas.
COMPLEMENTO. Frente a las cifras del Inegi, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) afirmó que el resultado confirma la tendencia descendente reportada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La dependencia vinculó la coincidencia con la estrategia federal, pero reconoció que ambas fuentes no producen cantidades idénticas porque miden unidades distintas y aplican procesos de integración propios.
Esa diferencia metodológica importa. El Secretariado construye su registro mensual con víctimas asentadas en carpetas de investigación de las fiscalías, mientras el Inegi parte de certificados y actas de defunción, servicios forenses y documentos del Ministerio Público.
La categoría de presunto homicidio corresponde a una clasificación estadística de mortalidad, no a una sentencia penal, y tampoco permite separar figuras como el feminicidio.
Reducir el indicador abre una oportunidad, no una explicación completa. Un modelo publicado en la revista Science por Rafael Prieto-Curiel, Gian Maria Campedelli y Alejandro Hope concluyó que frenar el reclutamiento criminal ofrece mayores posibilidades de disminuir la violencia que una política concentrada sólo en capturas y neutralizaciones.
El hallazgo cobra relevancia ante un escenario donde el promedio nacional mejora, pero la fractura de organizaciones criminales traslada el costo hacia territorios específicos.
Los resultados de 2025 tienen carácter preliminar y el Inegi deberá confrontarlos con información de la Secretaría de Salud antes de publicar la serie definitiva. Hasta entonces, la reducción nacional coexistirá en el registro con el máximo de Sinaloa, la tasa extrema de Colima y cinco estados donde el homicidio avanzó contra la corriente.
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