Abogado de los padres de Ayotzinapa evita fijar postura sobre captura de Ángel Aguirre

La representación legal de las familias aseguró que aún no ha recibido información oficial de la Fiscalía General de la República sobre la detención del exgobernador de Guerrero.

El abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Isidoro Vicario Aguilar, informó a La Razón, que el equipo jurídico del caso todavía no ha sido notificado oficialmente sobre la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, anunciada por la Fiscalía General de la República (FGR).

El representante legal explicó que, ante la falta de información formal, la defensa decidió no emitir una postura sobre la captura del exmandatario estatal, quien es investigado por su presunta participación en el ocultamiento de pruebas relacionadas con la desaparición de los normalistas.

Vicario Aguilar indicó que los abogados mantendrán comunicación con las autoridades federales y reiteró la disposición del equipo para aportar elementos que contribuyan al esclarecimiento del caso y a la localización de los estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

Sin ofrecer mayores detalles, el litigante insistió en que la prioridad de las familias continúa siendo el acceso a la verdad y la obtención de justicia.

La eventual aprehensión de Aguirre Rivero se sumaría a otras acciones emprendidas contra exfuncionarios del gobierno de Guerrero presuntamente vinculados con el caso Ayotzinapa.

Uno de ellos es el teniente del Ejército Leonardo Octavio Vázquez Pérez, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública estatal durante la administración de Aguirre Rivero y fue detenido en octubre de 2022 por el delito de delincuencia organizada.

También destaca el caso de la exmagistrada Lambertina Galeana Marín, quien en 2014 encabezaba el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y fue arrestada el 14 de mayo de 2025 en Chilpancingo.

A la exfuncionaria se le atribuye la presunta destrucción de las grabaciones obtenidas por las cámaras de vigilancia instaladas en las inmediaciones de Ciudad Judicial, en Iguala, las cuales habrían documentado parte de los acontecimientos ocurridos durante la desaparición de los estudiantes.

Las familias de los normalistas han sostenido que el esclarecimiento del caso dependerá de que las autoridades profundicen las investigaciones sobre la posible responsabilidad de funcionarios estatales y federales, así como de integrantes de las corporaciones de seguridad que operaban en la región durante aquella noche.

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MSL