El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, ingresó este jueves al penal federal del Altiplano, tras quedar sujeto a una orden de aprehensión por delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Casi 12 años después de la noche de Iguala —26 y 27 de septiembre de 2014—, el exmandatario enfrenta una causa penal por el presunto ocultamiento de videograbaciones clave.
La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, sostuvo que el nuevo examen del expediente “acreditó, con plena evidencia y apego al debido proceso, la posible participación de Ángel ‘N’, exgobernador del estado de Guerrero, en la destrucción de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes”.
Esta nueva línea de investigación parte del material desaparecido de las cámaras 12 y 15 instaladas en el exterior del Palacio de Justicia de Guerrero, en Iguala. De acuerdo con la FGR, esos equipos se encontraban en funcionamiento la noche del 26 de septiembre de 2014 y habrían registrado el paso del autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaban 14 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, así como la intervención de policías municipales y estatales al momento de detener la unidad.
Durante los primeros años del expediente, autoridades sostuvieron que las imágenes no existían por supuestas fallas técnicas. Godoy afirmó que las diligencias posteriores desmintieron esa explicación y establecieron que los dispositivos sí registraron el paso del vehículo, con material capaz de aportar información sobre lo ocurrido frente al recinto judicial.
La fiscal calificó la desaparición del material videográfico como el “resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal”. Según Godoy, los elementos reunidos “acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador, con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel”.
Un testimonio incorporado en enero de 2026 abrió esta nueva ruta de investigación. Una persona colaboradora confirmó la existencia de las grabaciones, identificó a quien presuntamente las sustrajo y declaró que el contenido terminó en manos de Aguirre. La fuente denunció, además, amenazas que, de acuerdo con la fiscal, explicaron el silencio que mantuvo durante años.
Otro testigo protegido reforzó la línea cuatro meses después. Según su declaración, el exmandatario ordenó durante una reunión con integrantes de primer nivel de su gobierno “desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Iguala”.
La Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa presentó entonces el expediente ante un juez, quien autorizó la aprehensión por los dos delitos imputados. La resolución abrió un nuevo frente judicial dentro de una investigación que acumula casi 12 años y que ahora dirige una parte de sus pesquisas hacia las decisiones adoptadas desde la estructura del gobierno guerrerense.
Una vez emitida la orden de captura, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) localizaron a Aguirre a las 09:46 horas de este jueves en Tepotzotlán, Estado de México. El Registro Nacional de Detenciones sitúa la captura sobre la autopista México-Querétaro, cerca de la caseta de cobro y con dirección al norte.
Tras su captura, Aguirre Rivero ingresó la tarde de ayer al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) No. 1, Altiplano, penal federal de máxima seguridad ubicado en el Estado de México. Allí quedó a disposición del Ministerio Público federal, que deberá determinar su situación jurídica en las próximas horas.
Fuentes cercanas al caso señalan que una de las posibles colaboradoras de la FGR sería Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero, detenida en mayo de 2025 por su presunta intervención en la desaparición de esas grabaciones.
Según esa versión, habría señalado a Aguirre como la persona que ordenó destruirlas. La institución no confirmó públicamente que corresponda a la testigo mencionada por Godoy, por lo cual esa identidad permanece sin reconocimiento oficial.
Al dirigirse a las madres, padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos, Godoy expresó solidaridad y aseguró que la FGR mantiene como objetivos conocer el paradero de los estudiantes e identificar a todas las personas que participaron en los hechos. “Toda nuestra solidaridad. Sepan que trabajamos incansablemente para llegar a la verdad de estos hechos”, afirmó.
La fiscal general de la República sostuvo que la institución mantendrá informadas a las familias sobre los avances de las investigaciones en la medida en que lo permita el debido proceso. También aseguró que las nuevas diligencias continuarán con “seriedad, profesionalismo y rigor científico”.
Godoy cerró su mensaje con el compromiso de mantener abierta la investigación sobre la desaparición de los normalistas: “No nos detendremos hasta conocer la verdad de los hechos”.
En el autobús Estrella de Oro 1531 viajaban Adán Abraján de la Cruz, Alexander Mora Venancio, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, Israel Jacinto Lugardo, Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Jorge Antonio Tizapa Legideño, José Ángel Navarrete González, José Eduardo Bartolo Tlatempa, Julio César López Patolzín, Luis Ángel Francisco Arzola, Magdaleno Rubén Lauro Villegas y Martín Getsemany Sánchez García.
GIEI ya había advertido sobre la destrucción de evidencias
| Por Claudia Arellano |
La exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Ángela Buitrago, afirmó que la presunta responsabilidad del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, en el ocultamiento de información relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa era una línea de investigación que se encontraba abierta desde hace varios años.
En entrevista con Javier Solórzano para el programa Al Mediodía con Solórzano, de La Razón de México, la especialista expresó su sorpresa por el tiempo que transcurrió antes de que se concretaran las acciones judiciales contra el exmandatario.
“La verdad es que ese es un tema que fue tratado desde el primer informe e incluso desde los productos que se hicieron con el GIEI en 2020 y 2021”, declaró.
Buitrago explicó que las investigaciones revelaron tres elementos fundamentales. El primero, dijo, fue el conocimiento que las autoridades estatales tenían sobre la infiltración del crimen organizado en diversas corporaciones de seguridad de Guerrero.
“Desde marzo de 2014 existían informes que advertían que esas policías estaban infiltradas por el crimen organizado”, señaló.
El segundo aspecto se relaciona con el seguimiento que las autoridades dieron a los movimientos de los estudiantes normalistas antes y durante la noche de los ataques.
“Había conocimiento pleno de los movimientos de los estudiantes, y eso no exime de responsabilidad a otros actores involucrados”, añadió.
La especialista recordó que el GIEI solicitó la comparecencia de distintos funcionarios y servidores públicos para esclarecer su posible participación en los hechos.
Asimismo, destacó la relevancia de las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia instaladas en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala, las cuales, según diversas investigaciones, podrían haber aportado información clave sobre la desaparición de los estudiantes.
“Era una prueba fundamental, porque registraba el paso de personas, vehículos y uno de los autobuses en los que se trasladaban los estudiantes”, sostuvo.
Buitrago subrayó que las acciones encaminadas a ocultar o destruir pruebas constituyen una extensión del propio delito, ya que impiden el acceso a la verdad y obstaculizan el trabajo de las autoridades.
“Las acciones posteriores que buscaban encubrir lo ocurrido eran tan graves como la propia desaparición, porque perpetúan la desaparición forzada mediante el ocultamiento de los elementos probatorios”, afirmó la exintegrante del GIEI.
Aclaró que desconoce los elementos específicos con los que cuenta actualmente la Fiscalía General de la República (FGR), aunque consideró positiva la continuidad de las líneas de investigación planteadas desde años atrás.
Finalmente, señaló que corresponderá a las autoridades ministeriales y judiciales determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados en el caso y establecer las sanciones correspondientes.
Hace una semana la abogada colombiana cuestionó la nueva recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y aseguró que el documento contiene contradicciones, imprecisiones y acusaciones sin sustento.
Señaló que el informe elaborado por la CNDH está integrado por afirmaciones que, a su juicio, distorsionan las investigaciones realizadas durante los últimos años y desacreditan el trabajo de organismos nacionales e internacionales.
Celebran padres de los 43 captura del exgóber
| Por Claudia Arellano |
Madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa reaccionaron a la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel “N”, por su presunta participación en el ocultamiento de evidencias relacionadas con la desaparición de los normalistas ocurrida en septiembre de 2014.
Aunque reconocieron que aún no han recibido información oficial sobre la captura, los familiares afirmaron que, desde hace años, han sostenido que el exmandatario estatal conocía lo ocurrido durante la noche de los ataques en Iguala.
“Nosotros siempre dijimos que tuvo que ver en el asunto de la desaparición de nuestros hijos. Y también el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes empujaba y empujaba para la detención”, afirmó Mario González, padre de César Manuel González Hernández.
El integrante del colectivo de familiares expresó su satisfacción por la captura, pero advirtió que la detención solo será relevante si el exgobernador aporta información que permita avanzar en las investigaciones.
¡Qué bueno que ya lo agarraron! Ahora, el problema es: ¿va a hablar?Mario González
González recordó que, de acuerdo con diversas investigaciones, el sistema de videovigilancia C4 registró en tiempo real el desarrollo de los ataques contra los estudiantes de Ayotzinapa, sin que las autoridades estatales intervinieran para protegerlos.
“En el C4 se veía exactamente el momento en el que fueron atacados nuestros hijos y, desafortunadamente, no mandaron ayuda. Él estaba viendo lo que estaba sucediendo y tenía conocimiento de ello”, aseguró.
El padre del estudiante desaparecido también señaló que, durante el proceso de investigación, se extraviaron diversos elementos de prueba, entre ellos grabaciones de video que podrían haber contribuido al esclarecimiento del caso.
“Se perdieron varias pruebas y es imposible pensar que el exgobernador no estuviera enterado. La pregunta es por qué no enviaron ayuda de inmediato a los muchachos”, sostuvo.
Los familiares también denunciaron que, a pesar de que se había planteado la posibilidad de sostener un encuentro con autoridades federales el pasado 28 de julio, la reunión no se concretó y, desde entonces, no han recibido información sobre los avances en las investigaciones.
El abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Isidoro Vicario Aguilar, informó a La Razón que, hasta el momento, el equipo jurídico del caso todavía no ha sido notificado oficialmente sobre la detención del exmandatario estatal anunciada por la Fiscalía General de la República (FGR).
Además, el representante legal explicó que, ante la falta de información formal por parte de las autoridades, la defensa decidió no emitir una postura sobre la captura del exgobernador guerrerense, quien es investigado por su presunta participación en el ocultamiento de pruebas relacionadas con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Vicario Aguilar indicó que los abogados mantendrán comunicación con las autoridades federales y reiteró la disposición del equipo legal para aportar elementos que contribuyan al esclarecimiento del caso y a la localización de los estudiantes desaparecidos en 2014.
Hace una semana, un grupo de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) disolver la Comisión de Investigación para la Verdad y Justicia del Caso Iguala, al momento de votar sobre su procedencia.
Seis de los padres de las víctimas, encabezados por Felipe de la Cruz Sandoval, presentaron una petición por escrito al máximo tribunal del país para solicitar que revoque la sentencia dictada en 2018 por el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, en la que ordenó la creación de esa comisión.
Morena niega distractor en la detención de Ángel Aguirre
| Por Claudia Arellano y Tania Gómez |
El partido oficialista celebró la detención del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, al considerar que se trata de un paso importante para avanzar en el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La dirigencia nacional de Morena y otras figuras del guinda rechazaron que la captura del exmandatario forme parte de una estrategia para desviar la atención pública y sostuvieron que las investigaciones emprendidas por la Fiscalía General de la República (FGR) responden a la exigencia de verdad y justicia que, desde hace casi 12 años, mantienen las madres y los padres de los normalistas.
- El Dato: El partido pidió que las autoridades conduzcan el proceso con autonomía, profesionalismo y respeto al debido proceso, y reconoció la lucha de los padres de los 43.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, rechazó tajantemente que la detención de Aguirre Rivero responda a una supuesta fabricación de culpables o sea utilizada como distractor del Gobierno federal ante otros problemas en el país.
En conferencia de prensa, la legisladora sostuvo que el proceso contra el exmandatario estatal debe seguir su curso y estar sustentado en la investigación sobre la desaparición de los 43.
- 70 años tiene el exmandatario; gobernó entre 2011 y 2014
“Yo rechazo que se estén fabricando culpables. Quiero decir que Ángel Aguirre era el gobernador y que estamos hablando de una situación de hace 12 años”, afirmó.
Castillo Juárez señaló que, de acuerdo con información de la fiscalía, la investigación estaría relacionada con un presunto ocultamiento de información del caso Ayotzinapa, por lo que corresponderá a las autoridades determinar las responsabilidades que pudieran existir. “Se tendrá que seguir con todo el procedimiento. Eso es lo que yo declararía”, señaló.
Ante la insistencia sobre si Morena estaría fabricando responsables por los hechos ocurridos en Iguala, Guerreo, en septiembre de 2014, la presidenta del Senado reiteró su postura.
“Rechazo tajantemente este tipo de declaraciones. Yo creo que lo importante es que haya justicia en este país”, expresó.
Más tarde, ante señalamientos de la oposición con relación a que la detención podría ser un distractor del Gobierno, la senadora negó esa posibilidad y manifestó su confianza en las investigaciones de la fiscalía. “Yo reiteraría tajantemente: no se trata de fabricación de culpables, sino de investigaciones que están sustentadas seguramente en cuestiones muy importantes que son los hechos”, sostuvo.
Agregó: “Tengo confianza, obviamente, en la fiscal y en la investigación que siempre se ha hecho con mucha profesionalidad. No veo un distractor del Gobierno. De ninguna manera. Se está actuando a favor de la justicia en este país”.
En tanto, la dirigencia de Morena respaldó las acciones emprendidas por las autoridades en torno al caso Ayotzinapa y aseguró que la detención del exgobernador de Guerrero constituye un avance significativo en la búsqueda de justicia para las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014.
A través de un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena sostuvo que la captura del exmandatario representa un nuevo paso en el proceso de esclarecimiento de uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente del país.
“El anuncio de la detención del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero representa un paso clave en la lucha por la verdad y la justicia para las madres y los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos”, señaló.
También afirmó que el caso se convirtió en un símbolo de la impunidad y acusó a los gobiernos anteriores de obstaculizar las investigaciones mediante la denominada “verdad histórica”.
Morena exhortó a las fuerzas de oposición a evitar cualquier intento de desacreditar el trabajo de las autoridades ministeriales. El partido sostuvo que la reapertura de las investigaciones y el seguimiento permanente de las líneas de indagación han permitido avanzar en la identificación de presuntos responsables.
Asimismo, reiteró que uno de los principales compromisos de la Cuarta Transformación es combatir la corrupción y la impunidad, especialmente en los casos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos.
El guinda también reconoció la labor de las madres y los padres de los estudiantes desaparecidos, a quienes calificó como un ejemplo de perseverancia y dignidad por mantener vigente la exigencia de justicia durante más de una década.
La exconsejera jurídica del Ejecutivo federal Esthela Damián Peralta expresó su respaldo a las investigaciones realizadas por la FGR, que derivaron en la detención del exgobernador guerrerense Ángel Aguirre, por su presunta participación en el ocultamiento de evidencias.
La también aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero señaló que la actuación de las autoridades representa un avance en el esclarecimiento del caso y en la exigencia de justicia planteada desde hace casi 12 años por las familias de los estudiantes.
Damián Peralta sostuvo que la investigación impulsada por las autoridades constituye un paso relevante para el movimiento de la Cuarta Transformación y para la sociedad mexicana.
La exfuncionaria federal destacó que tanto el expresidente López Obrador como la actual mandataria han mantenido un seguimiento constante de las investigaciones y de la atención a las madres y padres de los normalistas desaparecidos.
La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, reaccionó la detención del exgobernador Ángel Aguirre con un mensaje en redes sociales en el que criticó a la oposición y respaldó el trabajo de la FGR.
“No tardan el PRI, el PAN, Somos México y sus aliados en firmar un desplegado para sostener que Ángel Aguirre es un perseguido político. ¡Gran trabajo que está realizando Ernestina Godoy en la FGR!”, señaló.
“CRT no definirá qué es falso o verdadero”
