La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que vaya a ceder un espacio de su conferencia matutina para que se ejerza derecho de réplica durante dicho espacio, como el Partido Acción Nacional (PAN) busca que se garantice por medio de una reforma.
La semana pasada, el partido albiazul anunció que sus bancadas en el Congreso promoverán una iniciativa para que haya derecho de réplica en las conferencias presidenciales, al considerar que las mismas se han convertido en un espacio de “propaganda ideológica” en donde se persigue a la oposición.
En respuesta a este planteamiento, la mandataria federal señaló que el PAN puede organizar su propia conferencia y convocar a medios de comunicación, no sólo como partido, sino también desde sus espacios en el propio congreso.
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“Que den su conferencia de prensa. Ahí puede haber una buena réplica… Ellos también tienen acceso a los medios, tienen acceso a las redes. Son funcionarios públicos, porque pertenecen a la Cámara de Diputados, de senadores o ser funcionario público de un partido político, pues utiliza recursos públicos. Al utilizar recursos públicos, pues eres un servidor público, un funcionario público. Entonces ellos tienen acceso, a las redes tiene acceso cualquier ciudadano y a los medios de comunicación pues pueden convocarlos”, dijo.
Comentó que las conferencias que ella encabeza a diario son un “un ejercicio de información y de debate público, de debate y de ideas y de acciones” que realiza su gobierno, las cuales se van a mantener.
“Y vamos a seguir con ‘Las mañaneras’, y vamos a seguir con el debate público, y vamos a seguir con el derecho de réplica, porque sí hay mucha noticia falsa, y todos pueden hacer el mismo ejercicio. Tiene su chiste sostener todos los días una conferencia de prensa”, dijo.
DEFIENDE DERECHO. El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, rechazó la respuesta presidencial y aclaró que su sugerencia no es que se abra un espacio a la oposición, sino a cualquier persona señalada pueda defenderse en esa misma plataforma.
“No proponemos un privilegio para políticos de oposición; proponemos un derecho para cualquier persona, periodista, influencer o medio que sea señalado con calumnias, con mentiras o con verdades a medias. Que pueda cualquiera defenderse en el mismo espacio donde fue difamado”, afirmó.
A juicio del dirigente partidista, el carácter público de las conferencias obliga a garantizar condiciones para responder dentro del propio foro: “La mañanera no es suya ni de Morena; se paga con los impuestos de todos: quienes votaron por usted, también de quienes no”.
En el mismo sentido, el diputado federal y vocero de la bancada panista, Federico Döring, sostuvo que la conferencia presidencial no puede considerarse un ejercicio de información o debate público únicamente por realizarse desde Palacio Nacional, particularmente cuando desde ahí se emiten señalamientos contra partidos políticos, actores públicos, periodistas o sectores de la población.
“No se vale que haya un desequilibrio en el poder. El derecho de información es de la ciudadanía, no existe un derecho de propaganda del gobierno”, refirió.
Döring acusó al Gobierno federal de recurrir a temas distractores para evitar que se discutan asuntos relacionados con seguridad, presuntos actos de corrupción y otros cuestionamientos de la oposición.
La Iglesia advierte riesgos para libertad de expresión
| Por Elizabeth Hernández |
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) advirtió que los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias podrían otorgar a la autoridad facultades para calificar contenidos como “falsos” o “descontextualizados” y aplicar eventuales sanciones, una atribución que, dijo, pondría en riesgo la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
El organismo fijó postura ante la consulta pública que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones mantiene abierta del 27 de julio al 21 de agosto sobre el proyecto de “Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias”. La regulación alcanzará contenidos de radio y televisión, además de establecer mecanismos para que la población haga valer sus garantías frente a los concesionarios.
A juicio de la CEM, uno de los puntos centrales radica en los límites que debe conservar el Estado frente a la información y las opiniones difundidas en medios. “Ninguna autoridad administrativa puede erigirse en calificadora de la verdad”, señaló al advertir que los criterios oficiales no deben sustituir las tareas de contraste, verificación y rectificación propias del trabajo periodístico.
Otro foco de preocupación se encuentra en la independencia editorial. El proyecto permite a la autoridad revisar y validar los Códigos de Ética de los medios, además de analizar en última instancia las decisiones de los defensores de las audiencias y ordenar cambios o rectificaciones de contenidos: “La autorregulación ética es un bien que florece en libertad; sujeta de modo permanente a la validación oficial, deja de ser autorregulación”.
De acuerdo con el documento, someter publicaciones a una calificación administrativa sobre su posible falsedad o falta de contexto, sin una delimitación precisa de esos conceptos, podría sujetar la libertad de expresión a parámetros gubernamentales. Sostuvo que esa posibilidad resulta incompatible con el sistema democrático previsto en la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México.
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