El número de armas de fuego aseguradas por la Guardia Nacional (GN) y las corporaciones estatales dio, en 2025, un salto que no había registrado en los cuatro años anteriores. Tras mantenerse por debajo de las 12 mil piezas anuales, el indicador llegó a 21 mil 88 armas decomisadas durante el primer año de la actual administración federal, lo que representa un aumento de 72.4 por ciento y el nivel más alto de la serie del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal (CNSPF-E) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La ruptura de la tendencia tuvo un protagonista claro. De cada 10 armas que se decomisaron durante este año, seis corresponden a acciones de la Guardia Nacional (GN). La institución federal sumó cinco mil 436 piezas adicionales, mientras las policías locales aportaron otras tres mil 420 al incremento nacional, según datos del CNSPF-E.
- El Dato: El gobierno mexicano ha reiterado que 75% de las armas ilegales aseguradas a grupos delictivos en el país provienen de contrabando desde Estados Unidos.
Ese movimiento modificó el peso de cada nivel de gobierno. Un año antes, la GN concentraba poco más de una quinta parte de los aseguramientos y las instituciones estatales reunían casi cuatro quintas partes. Para 2025, la proporción federal se acercó a cuatro de cada 10. Las corporaciones locales conservaron la mayoría, pero dejaron de dominar el indicador con la amplitud previa.
“No habría bienestar sin soberanía”
La comparativa entre ambos periodos permite observar la magnitud del desplazamiento. En 2024, por cada arma reportada por la GN, los cuerpos estatales contabilizaban casi tres y media. Doce meses después, esa relación cayó a sólo 1.6 entre ambas dependencias. La causa fue el avance federal, que pasó de decomisar dos mil 742 a ocho mil 178 piezas en tan sólo doce meses.
Hasta antes de ese salto, la serie mostraba otra dinámica. El total había permanecido durante cuatro años dentro de una banda de entre 10 mil y 12 mil armas aseguradas. A inicios de la década sumó 10 mil 482, dos años después alcanzó 11 mil 656 y en 2024 llegó a 12 mil 232. El registro de 2025 no sólo superó por primera vez las 20 mil unidades, sino que duplicó ligeramente el nivel observado al inicio de ese periodo.
El cambio de volumen estuvo acompañado por un arsenal dividido casi en partes iguales entre armas cortas y largas. El Inegi registró 10 mil 102 armas cortas y nueve mil 587 largas, una diferencia de apenas 515 piezas. Juntas representaron más de nueve de cada diez unidades aseguradas. A ellas se añadieron mil 295 de fabricación artesanal, 84 lanzagranadas y tres lanzacohetes.
Fuera de esa clasificación, aparecieron materiales con capacidad explosiva. Las instituciones reportaron 712 granadas y 443 minas, además de cuatro mil 838 explosivos sin una categoría identificada en el censo. El inventario incluyó también más de 1.7 millones de municiones, desde cartuchos de uso común hasta proyectiles perforantes.
La concentración territorial del armamento decomisadon por cada zona del país ofrece otra lectura del fenómeno entre las policías estatales. Michoacán encabezó ese segmento, con mil 185 armas, seguido por Estado de México, con mil 102, y Nuevo León, con mil 82. Ciudad de México agregó 912 y Sinaloa 858.
Esas cinco entidades de la República reunieron a cerca de dos de cada cinco piezas armas de fuego aseguradas por corporaciones locales, mientras que los estados de Veracruz y Chiapas superaron las 640 piezas de artillería, cada uno.
El CNSPF-E clasifica este armamento como objetos susceptibles de utilizarse para cometer algún delito y que fueron asegurados durante intervenciones de las instituciones de seguridad pública en toda la República mexicana.
A pesar de ello, el documento no informa cuántos operativos dieron origen a las armas contabilizadas y tampoco identifica organizaciones criminales relacionadas con su incautación.
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