Rubén Moreira Valdez, coordinador de los diputados del PRI, calificó como una imprudencia la carta que Andrés Manuel López Beltrán dirigió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de la cancelación de su visa.
El legislador sostuvo que llevar una decisión personal al terreno institucional puede deteriorar la relación bilateral y consideró ambos episodios, incluido el de Rubén Rocha Moya, como señales del “principio del fin de Morena”.
El priista afirmó que cada país determina a quién permite ingresar a su territorio, por lo que rechazó vincular el retiro del documento estadounidense con una afectación a la soberanía mexicana. Durante el programa Con Peras, Manzanas y Naranjas, cuestionó que pronunciamientos políticos transformen el caso de López Beltrán en una controversia entre gobiernos.
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Sobre Sinaloa, Moreira señaló una contradicción dentro del oficialismo ante el regreso de Rocha Moya a la gubernatura. Recordó que mandatarios emanados de Morena expresaron meses atrás respaldo público al sinaloense frente a señalamientos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado, mientras ahora, según expuso, surgieron resistencias para que retomara plenamente sus funciones.
Mediante sus redes sociales, el coordinador parlamentario atribuyó esa reacción a la forma en que el partido gobernante enfrenta la situación política de la entidad. “La destrucción de las instituciones le impide al régimen procesar de manera correcta la crisis evidente que padece. El problema comenzó con la política de AMLO de no combatir el crimen y con su herencia transexenal”, declaró.
Al referirse a López Beltrán, Moreira sostuvo que cualquier ciudadano puede expresar opiniones sobre decisiones de otros países, aunque advirtió que una postura individual no debe confundirse con la posición oficial de México. A su juicio, mezclar ese episodio con mensajes partidistas puede proyectar una confrontación institucional con Washington.
Durante la misma emisión, el abogado Miguel Ángel Sulub cuestionó la defensa política desplegada alrededor del hijo del expresidente. Expuso que una visa constituye una autorización otorgada por otra nación y planteó si el Gobierno federal asumirá una posición semejante ante cada mexicano al que Estados Unidos retire ese permiso.
Por su parte, Mario Di Costanzo coincidió en que la cancelación no debe convertirse en un asunto de Estado. Señaló que las actuaciones de autoridades extranjeras respecto de un ciudadano mexicano deben analizarse dentro de sus respectivas facultades y rechazó presentar el episodio como una vulneración automática de la soberanía nacional.
Moreira pidió concentrar recursos públicos en la atención de mexicanos residentes en Estados Unidos y fortalecer el presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores para sostener la operación consular. También planteó aumentar capacidades financieras destinadas al sistema de justicia y a las policías municipales.
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